El 22 de enero, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre las puertas a una transformación profunda del régimen de propiedad y control de la riqueza petrolera del país, acelerando un curso privatizador y entreguista del principal recurso estratégico nacional. Esta reforma surge de un gobierno nacional tutelado y sometido a las pretensiones geopolíticas derivadas de la ofensiva imperialista tras el ataque militar del 3 de enero por parte de Estados Unidos y a los dictados del capital internacional.

La reforma de la Ley de Hidrocarburos de Delcy Rodríguez, bajo el pretexto de "modernizar" la industria petrolera y atraer inversiones, efectúa un giro histórico hacia la privatización del petróleo, entregando espacios de decisión al capital extranjero de transnacionales imperialistas y subordinando la política energética a las exigencias del mercado internacional y de Estados Unidos. Una reforma a la Ley de Hidrocarburos que hay que situarla en el nuevo escenario geopolítico abierto tras el repudiable ataque militar imperialista del 3 de enero, inscribiéndose en un contexto de las pretensiones imperiales del gobierno de Trump sobre Venezuela.

Hasta ahora, la legislación del sector hidrocarburos garantizaba el control estatal directo de la exploración, explotación, comercialización y venta del petróleo, ya sea a través de la propia estatal PDVSA o de las empresas mixtas donde por ley PDVSA debía tener más del 50% de las acciones (en general eran más del 60%), aunque en el esquema de estas empresas mixtas las transnacionales asociadas lucraban grandemente. Aunque esta legislación había sido modificada o violentada, sin declararlo públicamente, por el gobierno de Maduro desde aproximadamente 2015, y más aceleradamente en un curso aperturista con la llamada "Ley Antibloqueo", que operó con total opacidad y secretismos.

Estamos ante una reconfiguración estructural del régimen de propiedad y control del principal recurso estratégico del país, en función de los intereses del capital transnacional y del imperialismo estadounidense. Un curso privatizador y entreguista que se viene desarrollando desde hace años y que hoy se profundiza y legaliza abiertamente. Es la consolidación de un rumbo que liquida la soberanía sobre el recurso más estratégico del país y entrega las palancas de la producción y comercialización a intereses internacionales de las grandes corporaciones.

El cambio estructural en el sector petrolero: los puntos clave de la reforma de la Ley de Hidrocarburos

La reforma aprobada en primera discusión modifica o cambia abiertamente, y bajo proceso legislativo, la Ley de Hidrocarburos de 2006: establece modelos contractuales en los que empresas privadas —tanto nacionales como extranjeras— pueden operar campos petroleros, asumir los costos y comercializar directamente la producción que extraen.

Las empresas privadas podrán operar directamente en el sector primario petrolero, es decir, en la exploración y producción, y además comercializar de forma directa lo que producen. Quien controla la producción y la venta controla el negocio petrolero y la apropiación de la renta. Esto constituye una puerta abierta de par en par a la privatización de la exploración y producción del principal recurso energético del país.

Bajo el nuevo esquema, incluso aunque el Estado mantenga una participación mayoritaria "sobre el papel" en las empresas mixtas, el socio privado puede manejar la ejecución operativa, tomar decisiones técnicas y manejar la comercialización de hidrocarburos directamente, lo que implica entregar de facto el control estratégico a inversionistas privados de las transnacionales. Esto es lo que ya venía operando con la transnacional Chevron en el país, autorizado por el gobierno de Maduro, lo que se ha llegado a conocer como el "modelo Chevron".

Además, la reforma incorpora contratos de participación productiva (CPP) previstos en la opaca "Ley Antibloqueo", donde la empresa operadora asume todos los riesgos y costos y recibe una porción de la producción como retribución. Estos modelos contractuales concebidos bajo el hermetismo de la Ley Antibloqueo bajo el gobierno de Maduro otorgaron al sector privado ventajas económicas y operativas (gozando de ventajas fiscales, como la reducción en el pago de regalías y del Impuesto de Extracción) que revirtieron de forma clandestina las políticas de estricto control estatal sobre la industria petrolera, ya que de acuerdo a la Ley del 2006 la participación privada en la industria petrolera solo podía realizarse a través de empresas mixtas.

Aunque la propuesta mantiene las regalías base del 30% como en la Ley anterior, con la reforma se autoriza al Ejecutivo a reducirlas hasta un 20% o incluso un 15% si "se demuestra" que la explotación no sería viable con el nivel tradicional de regalías. El discurso de la "falta de rentabilidad" ("no viabilidad") oculta que el objetivo real es garantizar tasas de ganancia extraordinarias para las empresas a costa de profundizar la dependencia y el empobrecimiento social.

Asimismo, se flexibilizan impuestos y cargas fiscales para hacer "atractivos" los proyectos a los inversionistas privados. Esta política de rebajas fiscales es esencialmente un subsidio al capital transnacional, que exige condiciones favorables como precio, comercialización directa y menos cargas al Estado. Este cambio no es menor: constituye una transferencia directa de renta petrolera del Estado hacia operadores privados. En un país donde la industria petrolera ha sido históricamente la base del presupuesto nacional, reducir la participación estatal es sinónimo de desposesión de recursos públicos.

Otro elemento central de la reforma es la incorporación de mecanismos de arbitraje internacional para resolver disputas entre el Estado y las transnacionales petroleras. Esto abre la puerta a que empresas transnacionales demanden al Estado ante tribunales extranjeros y obliguen a Venezuela a pagar sumas multimillonarias si consideran que sus "derechos" han sido lesionados por decisiones del Estado venezolano. Este punto, exigido por los grandes grupos transnacionales como condición previa para "invertir", implica la aceptación de jurisdicción internacional sobre recursos estratégicos, debilitando la soberanía jurídica del país y sometiendo los intereses nacionales al arbitrio de tribunales radicados en las principales potencias capitalistas de Occidente, y por lo general bajo las influencias de sus grandes corporaciones.

Con la reforma de la Ley de Hidrocarburos se elimina la obligación de que la Asamblea Nacional apruebe la constitución de cada empresa que opere en producción primaria. El poder se concentra aún más en el Ejecutivo, facilitando la firma rápida y discrecional de acuerdos con el sector privado transnacional o nacional. Los nuevos artículos que regulan los CPP no incorporan ninguna referencia al control parlamentario en la adjudicación, con lo cual, todo lo relativo a la asignación de estos contratos también quedaría en manos del Ejecutivo.

De la "Ley Antibloqueo" a la reforma de la Ley de Hidrocarburos

Uno de los argumentos oficiales para impulsar esta reforma es su conexión con la Ley Antibloqueo, aprobada en 2020 y diseñada supuestamente para hacer frente al impacto de las sanciones estadounidenses mediante mecanismos excepcionales de contratación e inversión. Bajo el pretexto de eludir sanciones, se otorgaron poderes excepcionales al ejecutivo para firmar acuerdos secretos con capitales transnacionales, alterar la composición de empresas mixtas y otorgar beneficios fiscales y operativos sin ningún tipo de control. Cualquiera que denunciara algún acuerdo secreto era castigado con cárcel.

Bajo su amparo, PDVSA ya había otorgado contratos de participación y acuerdos de inversión con operadores privados como Chevron y otros socios internacionales sin ningún tipo de supervisión. Estos acuerdos se han venido ejecutando en la sombra, siendo presentados como "aliados estratégicos", pero en la práctica configurando esquemas de apropiación privada de la producción y de la renta petrolera. La reforma a la Ley de Hidrocarburos no hace más que institucionalizar y legalizar estas prácticas de privatización discrecional, convirtiendo en norma lo que antes se hacía bajo el paraguas de la Ley Antibloqueo de forma opaca.

Por eso, es importante subrayar que este curso privatizador no nace con Delcy Rodríguez, sino que ha sido acumulativo durante los últimos años del gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de las retóricas nacionalistas, el gobierno de Maduro incrementó la dependencia de PDVSA respecto a socios privados y transnacionales y aprobó marcos legales —como la misma Ley Antibloqueo— que allanaron el camino para la apertura de facto al capital privado.

El papel de Chevron, por ejemplo, ilustra esa dinámica. La empresa estadounidense gozó de licencias especiales para operar en Venezuela, gestionar producción y comercializar en el mercado internacional antes incluso de esta reforma de la Ley de Hidrocarburos, actuando bajo estructuras contractuales que desplazaban el control estatal real sobre la producción.

Imperialismo: Trump, EE. UU. y el petróleo venezolano

No se puede entender esta reforma a la Ley de Hidrocarburos sin situarla en el nuevo escenario geopolítico abierto tras el ataque imperialista del 3 de enero y el secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas armadas de Estados Unidos, así como el acercamiento entre la administración de Trump y el gobierno interino de Delcy Rodríguez. La respuesta del gobierno de Delcy no fue la movilización popular en defensa de la soberanía, ni una ruptura de negociaciones. Por el contrario, se ha acelerado una ofensiva de acuerdos tácitos y explícitos con la administración Trump.

Estados Unidos ha expresado abiertamente su intención de controlar el petróleo venezolano y atraer a sus empresas al país, ofreciendo "garantías y seguridad". Los recientes acuerdos petroleros —incluyendo el anuncio de la extracción y venta de millones de barriles con participación de intereses estadounidenses— muestran que esta reforma tiene el aval implícito de Washington.

En este marco, la reforma se inscribe en un contexto de presión directa de Estados Unidos sobre Venezuela. Diversas declaraciones de Donald Trump han señalado el interés del imperialismo estadounidense en recuperar influencia directa sobre el petróleo venezolano. La reforma aparece como una política de colaboración abierta con los intereses de Washington y de las grandes petroleras, buscando garantizarles control, "seguridad jurídica" y condiciones favorables de explotación. En este sentido, el gobierno de Delcy Rodríguez actúa como un gobierno tutelado, que negocia la entrega de recursos estratégicos.

El enfoque en reducir barreras para la participación abierta del capital privado y las transnacionales petroleras, flexibilizar regalías, permitir arbitrajes internacionales y abrir la comercialización directa está alineado con los intereses de las grandes petroleras estadounidenses y sus demandas, expresadas incluso por ejecutivos petroleros que presionan por cambios legales que les permitan controlar sus exportaciones desde Venezuela.

En este contexto, la reforma no es una simple reconfiguración técnica de la industria petrolera, sino una pieza clave del cambio geopolítico que coloca al petróleo venezolano bajo influencia directa del capital estadounidense y de sus grandes corporaciones energéticas. Esto se inserta en una política más amplia de Estados Unidos para reestructurar la economía y el Estado venezolano tras la ofensiva imperialista y el ataque militar del 3 de enero.

La privatización petrolera y la lucha antiimperialista

La privatización del petróleo tiene impactos concretos sobre la vida de millones de venezolanos. La entrega de la industria petrolera significa expoliación y saqueo de nuestros recursos y bienes comunes, una apertura permanente hacia la extracción orientada al beneficio del capital extranjero y no a las necesidades del pueblo trabajador. La lucha contra la entrega del petróleo es parte de la lucha más amplia contra la agresión imperialista, que busca imponer sus intereses económicos y políticos sobre la soberanía venezolana y de su pueblo.

Frente a esto, la clase trabajadora, las mayorías populares y los sectores antiimperialistas debemos organizar una resistencia firme. Los sectores de la oposición patronal de la derecha, además de sus sectores más recalcitrantes como María Corina Machado, cómplices del bloqueo criminal y aliados en el fondo con la agenda de privatización, no ofrecen ninguna salida. La alternativa tampoco es volver a un estatismo burocrático, sino luchar por una industria petrolera totalmente nacionalizada, sin transnacionales, bajo control de los trabajadores y técnicos, al servicio de las necesidades del pueblo y no de las ganancias capitalistas, como parte de una estrategia de ruptura con la dependencia y el capitalismo, y en función de los intereses de las grandes mayorías obreras y populares.

Hacemos un llamado a la solidaridad internacionalista, a los trabajadores de Estados Unidos, Europa y el mundo, a luchar contra sus propios gobiernos y corporaciones que saquean a Venezuela. Por eso saludamos las movilizaciones en diversos países de América Latina y el mundo, en particular de Estados Unidos y Europa, que denuncian a sus imperialismos y transnacionales que saquean y expolian nuestro país.