"La actividad energética no puede ser refugio de intereses particulares; es el patrimonio común de la nación y su gestión debe estar sujeta a los más altos estándares de rendición de cuentas."
La reciente convocatoria al proceso de consulta pública para la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, no es un trámite legislativo más. Representa, desde la perspectiva del Derecho Público y la praxis energética, un punto de inflexión necesario para armonizar la urgencia de elevar la producción nacional con la imperativa transparencia administrativa.
Históricamente, el sector energético venezolano ha navegado entre la potencialidad de sus reservas y los cuellos de botella institucionales. Esta reforma se erige sobre tres pilares fundamentales que merecen un análisis técnico detallado.
Dinamización del Modelo Operativo
El objetivo primordial declarado es el incremento acelerado de la producción. En términos jurídicos, esto implica una revisión de las estructuras de las Empresas Mixtas y los términos y condiciones que rigen las actividades primarias. La reforma busca reducir la burocracia técnica, permitiendo que la industria responda con mayor agilidad a un mercado internacional volátil, pero sin ceder el control estratégico que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reserva al Estado.
El Blindaje contra la Corrupción: Un Imperativo de Estado
El mensaje emitido desde la Refinería de Puerto La Cruz fue meridiano: tolerancia cero a la irregularidad. Como docentes del derecho, entendemos que una ley es tan fuerte como sus mecanismos de control. La advertencia a los "factores corruptos" sugiere que la reforma incluirá dispositivos de fiscalización más rigurosos.
La Inalienabilidad de los Recursos: Soberanía Técnica
Un aspecto jurídico crucial mencionado por el diputado Rodríguez es la ratificación del carácter inalienable e imprescriptible de los yacimientos. Es fundamental aclarar que la apertura a capitales privados (necesaria para la inversión tecnológica) no debe confundirse con la transferencia de la propiedad del subsuelo.
La reforma busca un equilibrio sofisticado:
Atracción de inversión: Brindar seguridad jurídica a los socios.
Protección soberana: Mantener la titularidad estatal sobre el recurso.
Justicia laboral: Integrar las demandas de la fuerza trabajadora que ha sostenido la industria bajo condiciones de sanciones económicas.
La reforma de la LOH debe ser interpretada como una herramienta de resiliencia económica. Al actualizar el marco legal, Venezuela no solo busca extraer más barriles, sino sanear los procesos internos para que cada divisa generada se transforme en desarrollo social. La participación de los trabajadores en esta consulta es el sello de legitimidad que requiere una industria que es, y seguirá siendo, el corazón de nuestra economía.
La "preparación" ante las consecuencias de actos ilícitos, mencionada por la dirección parlamentaria, debe traducirse en un articulado penal y administrativo robusto que proteja el flujo de caja destinado a la producción nacional.
