25-02-26.-A diez años de la promulgación del decreto que dio vida al Arco Minero del Orinoco (AMO), el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó un balance sobre la devastación en el sur de Venezuela. El documento denuncia la persistencia de un modelo extractivista que ignora la ley, destruye ecosistemas y somete a las poblaciones indígenas a condiciones de esclavitud y enfermedad.
Provea difundió este informe con motivo del décimo aniversario de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. La organización señala que el Estado venezolano impuso este proyecto sin los estudios de impacto ambiental que exige la ley. Durante esta década, el plan transformó el estado Bolívar y zonas adyacentes en territorios de violencia y degradación ambiental sistemática.
Provea afirmó que el Arco Minero se lanzó omitiéndose estudios de impacto ambiental y sociocultural. Señaló que el decreto 2.248 se ejecutó sin los diagnósticos técnicos previstos en el artículo 129 de la Constitución.
Para Provea, la decisión estatal «incumple las obligaciones de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en actividades que generan daños a los ecosistemas».
Advirtió que las 16 etnias indígenas que habitan el territorio no recibieron consulta alguna, lo que quebranta el artículo 120 de la Constitución y convenios internacionales. Aseveró que los pueblos originarios sufren el desplazamiento forzado de sus tierras ancestrales debido a la incursión minera.
Añadió que la creación de una «Zona Económica Militar» no garantizó el orden. Al contrario -añadió- se produjo la «militarización del territorio» y la cesión de facto de la soberanía a grupos armados y «sindicatos».
Enfatizó que estas estructuras criminales controlan los yacimientos ante la mirada de las autoridades, lo que genera un clima de violencia constante.
Provea indicó que la minería descontrolada reactivó focos de enfermedades que el país ya había erradicado. El reporte subraya un «resurgimiento de enfermedades y proliferación de epidemias», con cifras críticas de malaria en los estados Bolívar y Amazonas.
Mencionó que la falta de servicios de salud en las zonas de extracción agrava la mortalidad en mineros y comunidades locales.
Apuntó que en los yacimientos impera la precariedad absoluta. Según la documentación de la organización, el proyecto facilitó «prácticas de explotación, trata de personas, prostitución y explotación infantil».
Sostuvo que el Estado delegó la supervisión del trabajo en figuras opacas, lo que deriva en formas de esclavitud moderna bajo el amparo de la necesidad económica.
La organización señaló que pese a las prohibiciones nominales, el uso de mercurio en el proceso de obtención de oro continúa.
Afirmó que este metal tóxico envenena las cuencas de los ríos Caroní y Caura, fuentes vitales para el consumo humano y la generación hidroeléctrica del país. Definió este proceso como una «devastación ambiental de la Amazonía venezolana» con daños irreparables para el futuro nacional.
Finalmente denunció que el Estado responde con represión a las críticas contra el modelo minero. En el informe reportó la «criminalización de quienes exponen públicamente su oposición al decreto», lo que reduce el espacio cívico y silencia las advertencias sobre el ecocidio en marcha
Para Provea, estos diez años de Arco Minero no representan desarrollo, sino una «problemática socio-ambiental de enormes proporciones que pone en riesgo la integridad del país».