El caso de Lilian Tintori en la Corte Penal Internacional. Implicaciones que hay que tomar en cuenta

Ha culminado la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, y hoy inicia la 71 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con las intervenciones de los Primeros Mandatarios, Jefes de Estado y jefes de delegaciones, por lo que la batalla internacional continúa, y no podemos perder esto de vista.

Pero hace varios artículos atrás, habíamos señalado que queríamos desarrollar algunos comentarios, respecto al caso de denuncia por parte de Lilian Tintori ante la Corte Penal Internacional, al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,Nicolás Maduro, por violaciones a Derechos Humanos, y "crímenes de odio".

Esta denuncia, la interpuso Tintori acompañada por el abogado Juan Carlos Gutiérrez, abogado de su esposo, el dirigente de la ultraderecha Leopoldo López, en fecha 6 de septiembre de 2016, es decir, hace dos semanas apenas. Los supuestos crímenes por los que fue denunciado el Primer Mandatario Nacional son de lesa humanidad, hostigamiento y persecución contra los partidos opositores.

Tintori y Gutiérrez, supuestamente presentaron un informe, donde explicaron lo que ellos consideran violaciones de Derechos Humanos, como "torturas a los presos políticos, la masacre de Tumeremo, la situación de la frontera, así como acoso y hostigamiento a partidos políticos de oposición".

Tintori expresó a su llegada al país que en Venezuela "no hay comida ni medicinas, el gobierno no ha querido abrir el canal humanitario para salvar vidas, hay violencia, hay impunidad", y por ende, continuará denunciando la situación hasta lograr encontrar una solución.

A través de un comunicado, se destacó que el jurista Juan Carlos Gutiérrez afirmó que el fin de esta denuncia es prevenir las represalias del Gobierno nacional. "Pedimos que esta investigación se inicie con carácter fundamentalmente preventivo, estos delitos que siguen ocurriendo en el país, tienen que cesar, y ese es el rol fundamental de la Corte Penal Internacional", sentenció.

Pues bien, más allá del boom publicitario que esta "activista de Derechos Humanos" pretendió generar en la opinión pública nacional e internacional, vamos a permitirnos realizar algunas consideraciones a este respecto.

En primer lugar, esta acción desesperada de Tintori constituye una respuesta a la propuesta del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a la conformación de una Comisión Presidencial conformada por abogados y abogadas, psicólogos y psicólogas, psiquiatras, internacionalistas, donde procedería a denunciar al actual presidente del parlamento adeco burgués, Henry Ramos Allup, por crímenes de odio en la sociedad venezolana. Extraoficialmente conocimos que dicha comisión ya tiene tres miembros a saber: Jorge Rodríguez, alcalde del municipio bolivariano Libertador del Distrito Capital, nuestra canciller Delcy Rodríguez y el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Hector Rodríguez.

Esta acción de Tintori es muy similar a la que intentó el señor Diego Arria ante la misma instancia, pero en contra de nuestro Comandante Eterno y Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, por "delitos" similares a los que hoy pretenden imputarle al Presidente Nicolás Maduro Moros.

Pero, y esto son lecciones elementales para estudiantes de primer año de la carrera de Derecho, en el sentido que acudir a la Corte Penal Internacional, de acuerdo al Estatuto de Roma, que fue aprobado en el año 2002 no es soplar y hacer botellas. Para acudir a esta jurisdicción internacional, hay que cumplir toda una serie de procedimientos, para poder señalar, ahí sí, que el Presidente Nicolás Maduro ha sido denunciado ante estas instancias internacionales.

No podemos olvidar que esta Corte Penal Internacional depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y no es casual que abordemos este tema en el marco de la 71 Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esto entra dentro del punto número 10 de los 21 que fueron acordados en la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados que se celebró en Margarita hace apenas algunas horas, referido al tema de la reforma de las Naciones Unidas.

Pero, volviendo al caso objeto de este artículo, es importante acotar que, a través de esta "denuncia" del Presidente Nicolás Maduro por "delitos de lesa humanidad", en estos momentos, dicha Corte Penal Internacional es presidida por una jueza de nacionalidad argentina, Silvia Fernández de Gurmendi, una mujer evidentemente de derecha. No hay que perder la vista en este detalle.

Y no podemos olvidar que esto tiene algunas semejanzas como por ejemplo el caso de aquel super juez Baltazar Garzón, de la Audiencia española, que pretendió investigar a Augusto Pinochet por las muertes y torturas que éste habría ocasionado durante su gobierno a ciudadanos españoles y por crímenes de lesa humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la Verdad (1990-1991) y en el caso de la caravana de la muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzman Tapia. También Garzón fue asistente jurídico de Julian Assange por el caso de Wikileaks, y el asilo que este último solicitó a Ecuador, desde la embajada de este país suramericano en Londres.

Pero, cuando Garzón decidió investigar los delitos del franquismo, inmediatamente y por unanimidad del Consejo General del Poder Judicial, el 14 de mayo de 2010, lo suspendieron de su magistratura. ¿Será que con esto tocaba muchos intereses?

Sin embargo, tocamos este punto, porque de acuerdo a las investigaciones realizadas, Garzón actualmente se desempeña como asesor de la Fiscalía de esta Corte Penal Internacional. ¿Que les parece?

Pero también es importante acotar en estas líneas, que de acuerdo al Estatuto de Roma, en sus considerandos y articulado, destacan que esta instancia internacional fue establecida como complementaria de las jurisdicciones penales nacionales. Es decir, como Tintori no agotó las instancias jurisdiccionales venezolanas, su "denuncia" no puede ser tramitada ante esta instancia.

Pero también debemos destacar en este reporte, que haciendo mención a un impecable trabajo del periodista Victor Hugo Majano, los jefes de la fundación que le entregó un jugoso premio a Lilian Tintori en La Haya, son funcionarios de la Corte Penal Internacional.

Señala Majano en su trabajo periodístico que, Florence Olara, quien es presidenta de Peace, Security and Foundation, y su secretario, Mark Patrick Dillon, la primera, es oficial de información pública del Fiscal de la Corte Penal Internacional, mientras que Dillon es el jefe de información y evidencias de la misma Corte, según lo precisan sus perfiles publicados en la red social-profesional Linkedin.

Tal duplicidad de funciones, con posiciones de decisión en la Corte y en la Fundación, llama la atención en virtud de que sus posturas y actuaciones pudieran ser determinantes en cuanto a la respuesta del organo judicial internacional a la "denuncia" que contra el presidente Nicolás Maduro dice haber presentado Lilian Tintori el 6 de septiembre pasado en La Haya.

Es decir, estos funcionarios de la instancia judicial ya expresaron su posición favorable a los planteamientos de la venezolana, lo que sería equivalente a la existencia de una causal de inhibición, conforme a normas procesales universalmente aceptadas.

También es importante acotar, que ninguno de los supuestos que señala Tintori y Gutiérrez configuran delitos de los establecidos en el Estatuto de Roma, para imputar al Presidente Maduro delitos de lesa humanidad. Y en el caso del delito de exterminio, que Tintori pretende atribuirle al Jefe de Estado venezolano, perfectamente se le puede imputar a Lorenzo Mendoza y a una serie de empresarios venezolanos, que están convictos y confesos en la denominada "Guerra Ecnómica".

Lo señalamos, porque tal como lo define el estatuto de Roma, el delito de exterminio consiste en la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de una población.

Y volviendo a mencionar y a citar a Majano, señala en su trabajo periodístico que, ante esta Corte Penal Internacional, solamente podrán remitir casos ante la Corte los Estado parte, el Consejo de Seguridad y la Fiscalía de la Corte.

"Ni las organizaciones internacionales ni las organizaciones no gubernamentales tienen esa facultad, tal como quedó establecido en el Estatuto de Roma que regula el proceso jurisdicional de la CPI", señala Majano.

"Y tampoco lo pueden hacer los particulares como es el caso de Gutierrez, Vecchio o Tintori", manifestó Majano.

Estos últimos tiene únicamente la posibilidad de remitirle información al Fiscal, para que (de oficio) lo someta a la jurisdicción de la Corte, lo cual evidentemente no ha hecho.

Pero, adicionalmente, y es importante que resaltemos, que en fecha 14 de septiembre de 2016, la misma Corte Penal Internacional, a través de su Fiscalía, desmintió que Tintori haya interpuesto denuncia ante ese Tribunal en contra del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hasta el punto que la misma Tintori tuvo que reconocerlo y recular públicamente en carta publicada en el portal de derecha, Caraota Digital.

Pero es importante que tengamos en cuenta, que en estos momentos de construcción de nuevos escenarios, es importante retomar conceptos como la irenología y la podemología. La primera, tiene que ver con los estudios de la paz o para la paz, y uno de sus principales promotores es nada más y nada menos que Gene Sharpp, quien es más conocido en nuestro país por ser el promotor del denominado "Golpe Suave", que de esta ciencia. La podemología tiene que ver con el estudio de los conflictos armados, así como de los fenómenos o situaciones conflictivas.

Tanto la irenología como la polemología comparten como objeto de estudio los "polemógeneos" (fenómenos o situaciones conflictuales). La irenología tiene como base que las guerras son un instrumento violento para resolver conflictos que pueden ser resueltos de un modo diferentes, y que evitarlas es un imperativo ético. Ambas disciplinas, irenología y polemología, formarían parte de los estudios de seguridad, que a su vez forman parte de los estudios estratégicos, y éstos del campo de estudio genérico de las relaciones internacionales.

Y de ahí la importancia y los 21 puntos que se plantearon en la Declaración de Margarita, suscrita en la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados.

Sin embargo han tenido éxito al posicionar en la agenda pública que las actuaciones del Estado venezolano en defensa de la institucionalidad y la paz tienen carácter criminal.

Tampoco podemos perder de vista que, se busca crear y propiciar que la Corte Penal Internacional se regionalice en nuestra América Latinocaribeña, a través del caso Venezuela, y una de las maneras de hacerlo, según lo ven ellos, es a través de la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur. De ahí el efecto publicitario que tienen los ataques de los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, más la posición ambigua del gobierno de Uruguay.

Y de ahí la importancia de la Cumbre de Países No Alineados celebrada en Margarita, y de la propuesta de Comisión Presidencial propuesta por Nicolás Maduro para investigar los delitos de odio en nuestro país. Esto para evitar llegar a otra Ruanda, pero en este caso, en Venezuela.

Para culminar este largo, pero necesario artículo, nos parece importante advertir a nuestro Jefe de Estado y Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que se apoye y active a especialistas internacionales respecto a esta jurisdicción penal internacional, para terminar de neutralizar jurídica y comunicacionalmente estas matrices: Además de Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Hector Rodríguez, en dicha comisión deberían de estar expertos tales como Erick Rodriguez Mieres, María Alejandra Díaz Marín y la diputada e internacionalista, Secretaria de Organización del Partido Patria Para Todos (PPT), Ilenia Medina, por solamente proponer algunos nombres.

Algunas otras consideraciones que pudieron haber quedado por fuera en estas líneas, podemos retomarlas en próximos artículos.

¡Bolívar y Chávez viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Hasta la Victoria Siempre!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!



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Juan Martorano

Abogado, Activista por los Derechos Humanos, Militante Revolucionario y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialistas (RENTSOC).

 jmartoranoster@gmail.com      @juanmartorano

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