22 de diciembre de 2025.- La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) encabezó este lunes una masiva movilización nacional en rechazo al Decreto Supremo 5503, norma que dispone la eliminación de la subvención a los hidrocarburos.
Desde tempranas horas, miles de trabajadores provenientes de departamentos como Potosí se concentraron en la Ceja de El Alto para descender hacia la sede de Gobierno en La Paz. La protesta denuncia que esta medida constituye un golpe severo a la estructura productiva del país, elevando los costos de operación de manera insostenible para el sector cooperativista y la pequeña minería.
Los dirigentes mineros, representados por Alfredo Uño Villca, exigieron la anulación inmediata de la normativa y la apertura de canales de diálogo genuinos con el Ejecutivo central.
Por su parte, desde la Cooperativa Veneros Porco se advirtió que el incremento en el precio del diésel afecta directamente el funcionamiento de maquinaria pesada, compresoras y volquetas esenciales para el traslado de mineral hacia los ingenios. Para los trabajadores del subsuelo, la vigencia de este decreto pone en riesgo la estabilidad de miles de hogares que dependen exclusivamente de la actividad extractiva para subsistir.
De manera simultánea, la Organización de Fabriles activó bloqueos en puntos estratégicos de Cochabamba, particularmente en la carretera Blanco Galindo que conecta con Oruro y La Paz. Siguiendo el mandato de un ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana (COB), este sector denunció que el Decreto 5503 fue promulgado sin una socialización previa con las organizaciones sindicales. Los trabajadores fabriles señalaron que la imposición de estas medidas, sin consultar a las bases, evidencia un distanciamiento entre las autoridades y las necesidades reales del sector obrero organizado.
La preocupación de los movimientos sociales trasciende el costo directo del carburante, enfocándose en el efecto inflacionario que ya golpea la canasta básica y los servicios básicos. Los manifestantes advirtieron sobre un «efecto en cadena» que encarece los alimentos y precariza la economía de las capas más humildes de la población boliviana. Aunque sectores fabriles no se oponen a una revisión progresiva de las subvenciones, exigen que exista una regulación estricta para evitar que el ajuste se traduzca en una crisis de costo de vida incontrolable.
En Cochabamba, el gremio del transporte libre también se sumó a las medidas de presión, paralizando las principales avenidas del norte de la capital departamental con vigilias y barricadas. Sus representantes aclararon que no participaron en las reuniones del fin de semana con el Gobierno, desmarcándose de otros transportistas que acordaron mesas de trabajo. Para este sector, la medida oficial es un «gasolinazo» que atenta contra su única fuente de ingresos, por lo que aseguraron que mantendrán los cortes de ruta hasta que la ley sea anulada definitivamente.
La jornada de este 22 de diciembre marca un momento de alta tensión social en Bolivia, con calles bloqueadas y movilizaciones que exigen una rectificación en la política energética nacional. Las delegaciones regionales advierten que las protestas se intensificarán en los próximos días si no se recibe una respuesta satisfactoria a sus demandas de soberanía económica. El clamor popular en las calles de La Paz y Cochabamba resalta la necesidad de proteger la estabilidad de la clase trabajadora frente a medidas que consideran de corte neoliberal y excluyente.
