Quiero reiterar de nuevo en lo ocurrido el 13 de agosto, pero contextualizando un aspecto social que había olvidado.

Grupos radicales de la oposición intentaron sabotear una marcha revolucionaria que apoyaba la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), y crearon focos de disturbios en al menos 4 lugares del centro de Caracas.

Simultáneamente, un grupo de 12 personas de clase media, que hoy son profesionales universitarios, que se graduaron en universidades privadas y públicas, con un trabajo estable en la Cadena Capriles, con un sueldo decente y muchos beneficios laborales  decidieron ejercer su "derecho legítimo a la protesta" entregando panfletos en contra de la LOE, una ley que supuestamente les quita derechos a su  privilegiada vida (si la comparamos con la de muchas otras venezolanas y venezolanos que no han tenido tantas oportunidades como ellos).

Estas 12 personas, supuestos periodistas, podían ejercer su rol de activistas políticos en cualquier parte de nuestra  gigantesca ciudad, que mide 15 kilómetros de extremo a extremo. Pero no bastaba con expresar su opinión, protestar y causar caos en cualquier parte; tenían que hacerlo en todo el frente del canal  Ávila TV.

A diferencia de los periodistas de la Cadena Capriles, son  muchos los trabajadores de Ávila TV y estudiantes de la EMPA que proceden de sectores populares. Algunos han tenido que pasar circunstancias muy difíciles durante su infancia y adolescencia, viviendo en lugares hostiles, con muchas carencias y teniendo que enfrentarse a circunstancias terribles para poder echar pa'lante. Ávila TV ha dado oportunidades a personas sin formación universitaria -algunos ni siquiera bachilleres-, a extranjeros, a ex presidiarios, a personas que justamente apoyan a este proceso de cambio porque les da posibilidades que nadie les dio en el pasado. Y se mantuvieron leales a su canal a pesar de pasar por circunstancias difíciles, como cuando estuvieron meses sin cobrar por culpa de la burocracia del Estado venezolano.

Es por ello que algunos de quienes trabajaban en el edificio Phelps ese día reaccionaron con indignación y "violencia" al ver a niños sifrinos frente a su lugar de trabajo, causando caos y tratando de evitar la aprobación de una ley que no le quita nada a los sifrinitos, pero en cambio le dará muchos beneficios al chamo del barrio, al que vive en el campo, al que se crió en las calles, al que no tiene todo lo que sí tiene el sifrino de El Cafetal o Manzanares.

No pretendo con esto justificar la violencia ni la golpiza dada a los activistas políticos de la Cadena Capriles, que sin duda fue un error. Tampoco estoy llamando a odiar o atacar a los "sifrinitos", porque yo también procedo del este de Caracas. Lo que sí quiero es llamar a los revolucionarios a comprender las causas de lo ocurrido este 13 de agosto, y entender que lo que ocurrió ese día no fue un ataque de unos "malandros chavistas", y que lo último que deberíamos hacer es justificar su encarcelamiento y detención.

En lo particular, no me interesa defender los derechos humanos de aquellos que nunca los han perdido, de quienes los tienen en abundancia, de aquellos que son de clase media-alta, que estudiaron una carrera universitaria, que ya se graduaron, que viven bien, que tienen trabajos estables, que pueden protestar en cualquier parte de la ciudad, pero que escogieron hacerlo enfrente de Ávila TV sólo porque querían provocar a chamos mucho más pobres, que tuvieron que vivir en un ambiente hostil, que no tuvieron oportunidad de ir a la universidad, que muy pocas personas en esta vida les dio una oportunidad. Y que ahora defienden una Ley que les da más derechos, pero que cierta gente que los ha tenido todo en la vida les quiere arrebatar sin justificación alguna.

Realmente me hierve la sangre al ver la eficiencia de la Fiscalía y el CICPC al identificar y ordenar detener a cinco jóvenes acusados presuntamente de causar lesiones menores, al mismo tiempo que el paramilitarismo y el sicariato azotan al país. Ni hablar de otros males no menos graves, como la corrupción, la usura y el acaparamiento.

Y no hablemos de las decenas de casos de violencia opositora, incluso contra Ávila TV y otros medios del Estado: casos documentados incluso en video de cómo varios periodistas fueron agredidos por Oscar Pérez, Yon Goicoechea y otros miembros de la oposición radical, pero jamás hubo imputaciones ni órdenes de perseguirlos como a perros.  Ni hablar de casos como la quema del Guaraira Repano en enero de este año, de la oposición quemando palmeras y causando daños en la avenida Bolívar en noviembre de 2007 o de los estudiantes opositores quemando la escuela de Trabajo Social de la UCV pocos días después. Todos esos casos fueron ampliamente reseñados en los medios, con los culpables claramente fotografiados o grabados y fáciles de identificar, pero ni uno sólo de ellos fue detenido. Tasmpoco hubo detenciones en las decenas de casos de ataques y desalojos de misiones sociales y de médicos cubanos realizados en estados donde ganó la oposición en noviembre y diciembre de 2008.

La Fiscalía tiene en su haber casos realmente patéticos y avergonzantes de gente que se dio a la fuga y no pagó por sus fechorías, como el de Manuel Rosales (a quien se le avisó casi un mes antes de que iba a ser detenido), Nixon Moreno, Carlos Ortega, Alfredo Peña, Henry López Sisco, Eduardo Lapi y tantos otros que huyeron de la justicia venezolana, que se nos escaparon en nuestras narices. 

Es por ello que veo absurdo, injusto y denigrante que se haya detenido a Gabriel Uzcátegui y se le haya enviado al retén de La Planta, además de que se esté amenazando con detener al menos a cuatro personas más. ¿Es esa nuestra forma de hacer justicia? Ni mencionar que no hay fotos, hasta el  momento, que muestren a Uzcátegui agrediendo a nadie. Todo lo contrario, él fue arrestado cuando acudió al CICPC a denunciar que él había sido agredido ese día por gente de la Cadena Capriles. Nadie en la Cadena Capriles ha sido detenido por la denuncia de Uzcátegui.

Hay otra causa más que tenemos que recordar en todo este conflicto: el creciente desprecio y odio de parte de muchos periodistas de carrera (léase "licenciados en Comunicación Social") en contra de los comunicadores alternativos y comunitarios. Lo podemos leer en cualquier artículo de opinión opositor, cuando se refieren a los periodistas de Ávila TV y de otros medios como "esos malandros" o "esa gente que usurpa nuestra profesión". Es un odio que en ocasiones se manifiesta entre algunos que dicen ser revolucionarios, pero se escandalizan al tener que compartir espacios con un "patas en el suelo" que no pasó por la Escuela de Comunicación Social.

De allí que muchos percibimos la cayapa que los medios privados iniciaron contra Ávila TV como un ataque hacia todos nosotros, y es por eso que nos resteamos con nuestros camaradas.