Defensores internacionales de derechos humanos, expertos legales y reformadores de políticas de drogas están alertando tras el ataque militar estadounidense que destruyó una pequeña embarcación frente a la costa venezolana la semana pasada, causando la muerte de sus ocupantes. El gobierno de Trump defendió la acción como parte de su ampliada guerra contra las drogas, pero sus críticos la describen como una ejecución extrajudicial sin precedentes, llevada a cabo sin justificación legal.

Sarah Yager, directora de Human Rights Watch en Washington, calificó el ataque como una peligrosa escalada. "Abordo esto con una profunda preocupación por el Estado de derecho", declaró el viernes en una videoconferencia con periodistas. "Hemos tenido presidentes que han socavado o ignorado el Estado de derecho, autorizado ejecuciones extrajudiciales y quitado vidas cuando no debían, pero siempre han ofrecido algún tipo de justificación legal. Con la administración Trump, estamos atacando nubes. Ha tomado esta medida sin ofrecer justificación legal alguna".

Según Yager, las administraciones anteriores al menos enmarcaron las acciones militares en términos de autorizaciones del Congreso o del derecho internacional humanitario, lo que proporcionó un argumento concreto para que los críticos cuestionaran. "Podríamos estar en desacuerdo, pero había algo que argumentar en contra", dijo. "Lo que esto me dice es que este presidente cree que puede matar a cualquiera, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, sin tener que justificarlo. Y que estará exento de responsabilidades". "Asesinato premeditado". Sarah Harrison, analista principal del Programa de Estados Unidos para el International Crisis Group, fue aún más contundente.

"Asesinato premeditado"

Sarah Harrison, analista principal del Programa de Estados Unidos del International Crisis Group, fue aún más contundente.

"La única conclusión posible es que, según todas las leyes pertinentes, se trató de una ejecución extrajudicial", declaró. "Fue un asesinato". Funcionarios de la administración Trump afirmaron que la embarcación, con 11 personas a bordo, transportaba drogas y que sus ocupantes eran miembros de la red criminal venezolana Tren de Aragua. Sin embargo, Harrison argumentó que, incluso si esas afirmaciones fueran ciertas, la acción violaba tanto el derecho nacional como el internacional.

"No hubo ningún ataque armado contra Estados Unidos que justificara el uso de la fuerza en defensa propia. Incluso [el secretario de Estado Marco] Rubio afirmó que la embarcación podría haber sido interceptada y los individuos arrestados. La Guardia Costera ha hecho esto durante décadas, pero no lo hizo", declaró.

Harrison advirtió que el ataque sienta un precedente para el poder militar sin control.

"Este fue un asesinato premeditado de presuntos delincuentes, basado en los hechos proporcionados por el propio gobierno", declaró. "La ley prohíbe al ejército estadounidense ejecutar civiles... Según el derecho internacional de los derechos humanos, existe una prohibición absoluta de la privación arbitraria de la vida, y eso fue precisamente lo que ocurrió".

Harrison instó al Congreso a actuar con rapidez

"Los operadores del Departamento de Defensa deben saber que esta fue una orden ilegal, y que las consecuencias de ejecutar una orden manifiestamente ilegal incluyen investigaciones y procesos penales", declaró.

Al anunciar el ataque, Trump afirmó que el buque transportaba a presuntos narcotraficantes del Tren de Aragua y un gran cargamento de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos, antes de compartir un video del ataque en redes sociales.

En febrero, el gobierno designó al Tren de Aragua, al Cártel de Sinaloa, a la MS-13 y a otras organizaciones del narcotráfico como grupos terroristas extranjeros.

Lecciones de tragedias pasadas

Sanho Tree, investigador del Instituto de Estudios Políticos, afirmó que el uso del ejército estadounidense para combatir el narcotráfico es una medida peligrosa, especialmente considerando las tragedias pasadas en las que civiles murieron durante misiones antinarcóticos.

"Hay muchas razones por las que no permitimos que los guerreros antidrogas actúen como jueces, jurados y verdugos. Y una de las principales es que siguen matando a civiles, civiles inocentes", dijo.

Citó el derribo en 2001 de un avión misionero en Perú, que un contratista de la CIA identificó erróneamente como un vuelo con drogas. "Terminaron asesinando a una misionera estadounidense, Verónica Bowers, y a su pequeña hija, Chastity", dijo Tree.