Si un soldado norteamericano es capturado traficando con drogas, si viola a una mujer colombiana, si asesina a un soldado colombiano, si roba al gobierno colombiano, existe un acuerdo bilateral que no permite juzgar al soldado gringo. El gobierno de Álvaro Uribe ha permitido este acuerdo y lo ha radicalizado, pero los medios no debaten del peligro que representa para lo sociedad colombiana el que soldados de Estados Unidos pueda delinquir libremente. Un ejemplo de ello es el caso del sargento estadounidense Johanatan Marshall, a quien María del Carmen Vargas, una mujer colombiana lo acusa de conducir en estado de embriaguez y a alta velocidad cuando impactó la motocicleta en que viajaban su hijo y un compañero hacia la base militar de Apiay, en el sureste departamento de Meta.
Ahora bien, si existe un conflicto armado en Colombia que implica guerrilla, actos de terrorismo, narcotráfico, paramilitarismo, ¿cómo puede entenderse que una fuerza militar de otra nación, operando en territorio colombiano goce de inmunidad?. Ya el gobierno colombiano ha tenido concesiones escandalosas, cuando en una política de “reconciliación” pretendía reducción de penas a paramilitares que entregaran sus armas y confesaran sus crímenes. Sin embargo, durante la confesión de los crímenes, muchos paramilitares informaron a la Fiscalía colombiana donde se encontraban miles de personas asesinadas y sepultadas en fosas comunes. Cuando aparecieron los cadáveres la Fiscalía colapsó y la sociedad indignada aglomeraba las audiencias para saber el paradero de miles de desaparecidos. Pero ese gobierno condescendiente con paramilitares asesinos, se niega a un acuerdo humanitario con la guerrilla, se niega a la participación de otros países latinoamericanos en procesos de negociación política para acuerdos de paz. El trago amargo con los paramilitares no fue por la dificultad de perdonar masacres en las que miles de colombianos eran descuartizados con motosierras, por el contrario, el trago amargo, era porque previamente habían negociado las victorias electorales en las regiones dominadas por las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa negociación comenzó a gestarse con los líderes como Mancusso, los hermanos Castaños, entre otros, pero los mandos medios fueron traicionados, lo que destapó las negociaciones entre paras y políticos.
Muchos secretos del pasado de Uribe en el que se le relaciona con el narcotráfico, comenzaron a debatirse en el Congreso norteamericano y algunos medios de comunicación. De manera que Uribe quedó entre la espada y la pared, como lo está la familia Santos, como lo está toda la elite colombiana que ha negociado con el narcotráfico la permanencia en el poder. Una realidad que no se atreven a debatir en los medios y por eso la periodista de RCN Viky Davila, se molestó cuando el presidente Chávez le contestó por la calle del medio que Colombia era un Narcoestado. Ese Narcoestado está obligado a conceder la inmunidad a los soldados norteamericanos, a pesar de que algunos de ellos están implicados en tráfico de armas y drogas. Prueba de ello fue la captura en Estados Unidos de cinco militares norteamericanos -uno de ellos exonerado de responsabilidad- por traficar 16 kilogramos de cocaína desde Colombia. Y para colmo esos soldados trabajaban en el adiestramiento de los colombianos en la lucha antinarcóticos.
Algunas personas en Venezuela se niegan a debatir el tema, una minoría más idiota comparte y justifica esas políticas vende patria. Ninguno de ellos debe volver al poder, porque traicionaran al pueblo por defender los intereses económicos de una élite.
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