La Masacre de Yumare fue un acontecimiento trágico, ocurrido el 8 de mayo de 1986 en el caserío de Yumare, Estado Yaracuy, Venezuela. En este suceso criminal, nueve personas fueron asesinadas por una unidad combinada de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención) en complicidad con efectivos militares, secuestraron, torturaron y asesinaron a nueve venezolanos por razones políticas. Las víctimas fueron: Dilia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Ronald José Morao Salgado, Simón José Romero Madrid, Pedro Pablo Jiménez García, Rafael Ramón Quevedo Infante, Nelson Martín Castellano Díaz, Alfredo Caicedo Castillo, todos eran luchadores sociales vinculados a movimientos de tendencia izquierdista. El hecho ocurrió en el Estado Yaracuy bajo el gobierno de Jaime Lusinchi, en un contexto de persecución política contra quienes se oponían al régimen del Pacto de Punto Fijo. Las víctimas fueron presentadas inicialmente por las autoridades como guerrilleros abatidos en un enfrentamiento, pero investigaciones posteriores revelaron que se trató de una ejecución extrajudicial.
Entre las víctimas se encontraban estudiantes, campesinos y obreros. La versión oficial del gobierno de Jaime Lusinchi fue que se había producido un enfrentamiento armado con un grupo subversivo. Sin embargo, familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos denunciaron que los jóvenes fueron detenidos, torturados y luego asesinados. Las investigaciones posteriores, y los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirmaron contundentemente que la Masacre de Yumare fue una violación grave de los derechos humanos. Se determinó que las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente y que hubo un intento de encubrimiento por parte de las autoridades. Varios funcionarios de la DISIP y militares han sido procesados y condenados por su participación en los hechos.
La Masacre de Yumare se convirtió en un funesto símbolo de la represión y de la impunidad, en Venezuela durante la década de 1980. Durante el desgobierno de la Cuarta República, El caso generó un gran debate sobre el papel de los cuerpos de seguridad del Estado y la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos. A pesar de las condenas y las investigaciones, muchos aspectos del caso, esperan por esclarecerse completamente, y las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia. La Masacre de Yumare es un recordatorio doloroso de los abusos cometidos en el pasado, y la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho para evitar que tales hechos se repitan.
