El Plan Cóndor representa uno de los capítulos más oscuros y sistemáticos de la historia latinoamericana reciente. Fue una red de coordinación represiva que trascendió fronteras, uniendo a las dictaduras militares del Cono Sur, en un objetivo común: la aniquilación de la disidencia política bajo la bandera de la "Seguridad Nacional", formalizándose oficialmente en noviembre de 1975 durante una reunión en Santiago de Chile, convocada por Manuel Contreras, jefe de la policía secreta del dictador Augusto Pinochet (DINA). Sin embargo, la cooperación informal entre servicios de inteligencia ya existía desde años anteriores; participaron inicialmente Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, sumándose más tarde Brasil y, de forma más periférica, Perú y Ecuador.
El Plan Cóndor fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado, llevada a cabo a partir de 1975, por varias dictaduras latinoamericanas con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, que incluía operaciones de inteligencia y el asesinato de opositores en el continente; siendo implementado de manera oficial, el 25 de noviembre de 1975 por los jefes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay e implementada luego ,por las cúpulas de los regímenes dictatoriales de América del Sur; Brasil se unió a la operación en 1976, seguido por Ecuador y Perú en 1978.
El Plan Cóndor se gestó en el marco de la Guerra Fría, con un fuerte respaldo táctico y financiero de los Estados Unidos, particularmente bajo la doctrina de Henry Kissinger, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América (1973–1977), quien veía en las dictaduras un muro de contención, contra el comunismo en la región, priorizando el equilibrio de poder y la estabilidad global sobre la ideología basada en la praxis, que buscó la distensión con la Unión Soviética y la apertura a China, para gestionar la Guerra Fría, priorizando los intereses estratégicos estadounidenses, mediante intervenciones secretas, constituyéndose así, en una organización clandestina internacional, amparada por el gobierno de los Estados Unidos, imponiendo y apoyando la estrategia del terrorismo de Estado, que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las dictaduras, del momento, en el Cono Sur; la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos y partidos de izquierda, militantes peronistas, dirigentes sindicales, líderes estudiantiles, docentes, periodistas, de igual manera persiguieron, atacaron, reprimieron y persiguieron a personas ligadas al campo artístico, a promotores de la Teología de la Liberación y al movimiento de derechos humanos. Los llamados “Archivos del Terror” hallados en Paraguay en 1992, dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas.
Según la profesora y escritora estadounidense Joan Patrice MacSherry, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Long Island, especialista en el estudio de la política latinoamericana, escribió el libro “Estados Depredadores”, donde detalla la participación de Estados Unidos en la Operación Cóndor, y apunta que la doctrina que se fundamenta en la Operación Cóndor, surge en la década de 1960, en la Escuela de la Américas y las Conferencias de Ejércitos Americanos, en las cuales Estados Unidos, instruye a los oficiales latinoamericanos en acciones “preventivas” donde se les enseña horribles técnicas de torturas, que fueron aplicadas sin contemplación a las personas secuestradas.
El motor ideológico del Plan Cóndor fue la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN); concepción militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la “ocupación” de las instituciones estatales de países latinos, por parte de los militares. Esto sirvió para legitimar el nuevo militarismo, surgido en los años sesenta en América Latina; bajo esta visión no se combatía a un ejército extranjero, sino a ciudadanos connacionales; sindicalistas, estudiantes, intelectuales y militantes de izquierda, considerados "subversivos". Para este plan criminal, “el enemigo no tenía nacionalidad”; por lo tanto, la represión tampoco debía detenerse en las fronteras. Las dictaduras justificaban la violencia extrema, como una extirpación necesaria, para salvar al organismo social, y librarlo del “fantasma del comunismo”, que describían como el “cáncer marxista”.
El Sistema Cóndor, se construyó sobre tres pilares operativos principales. Primero, toda la información de inteligencia sobre presuntas actividades subversivas en la región se centralizaba en una base de datos en Santiago. Segundo, un canal de comunicaciones encriptado permitía a los agentes estatales comunicarse de forma secreta y eficiente. Y tercero, la denominada Oficina de Coordinación y Comando Avanzado, supervisaba las actividades operativas conjuntas. Argentina, Chile y Uruguay también establecieron la “unidad Teseo”, contra los exiliados de esos tres países que vivían en Europa; los equipos de inteligencia podían cruzar fronteras, para secuestrar o asesinar a ciudadanos, en países vecinos, u otros, por encima de las bases legales.
La fase más secreta, dedicada a la localización y asesinato de figuras políticas clave en cualquier parte del mundo (como el asesinato de Orlando Letelier en Washington D.C. en 1976). El uso de un sistema de comunicaciones llamado Condortel que permitía a los regímenes coordinar detenciones ilegales y traslados clandestinos de prisioneros, muchos de los cuales terminaron en los "vuelos de la muerte" o en centros de detención secretos. Las consecuencias del Plan Cóndor fueron devastadoras y sus heridas permanecen abiertas en la sociedad civil.
El descubrimiento de la verdad, en 1992, con el hallazgo de los "Archivos del Terror" en Paraguay proporcionó la evidencia documental definitiva, sobre la escala y los métodos de esta red criminal.
A pesar de las leyes de amnistía, en el siglo XXI, se han logrado condenas históricas contra los responsables en países como Argentina y Chile, estableciendo que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
El Plan Cóndor no fue un exceso aislado de las dictaduras, sino una política de Estado transnacional, diseñada para anular la democracia y la libertad de pensamiento. Recordarlo es fundamental para fortalecer las instituciones democráticas y asegurar que el "Nunca Más" sea una realidad permanente, y ahora más que nunca, cuando la amenaza de los Estados Unidos, esta tan latente como siempre, con la mirada puesta a los países latinoamericanos y caribeños, como lo sucedido en Venezuela el 3 de enero de 2026.