El informe parcial de Bachelet

El adjetivo parcial cumple aquí la triple función de especificar, en primer lugar, que el informe oral presentado el miércoles 20 del corriente mes de marzo por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, es solo una parte del informe completo que presentaría en junio de este año ante el Consejo de Derechos Humanos, de acuerdo al protocolo vigente de la ONU, así como de la Actualización Oral Anual sobre la situación de los DDHH en el mundo, que debe presentar en septiembre; en segundo lugar, que el referido informe solo recoge parte de los acontecimientos mientras que omite, intencionadamente otras partes de los mismos, lo que ofrece apenas una visión parcial de la realidad venezolana en cuanto a la situación de los DDHH; y en tercer lugar, que la propia Bachelet toma parte, es decir toma partido o se parcializa por uno de los bandos que protagonizan el conflicto venezolano tanto en su dimensión internacional como en su dimensión nacional. Con base, pues, en esas tres esferas de parcialidad expondré las siguientes consideraciones, destinadas a visibilizar otras partes que puedan ayudar a completar el panorama parcialmente mostrado por la Alta Comisionada Bachelet.

1. La Parcialidad de Bachelet en cuanto a su carácter preliminar

Como quedó apuntado más arriba, de acuerdo con los protocolos vigentes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en junio de 2019 la Alta Comisionada deberá presentar el informe completo sobre la situación venezolana y en septiembre de este mismo año, el informe de Actualización Oral sobre la Situación planetaria de los Derechos Humanos. En este sentido, el informe que acaba de presentar sobre Venezuela el miércoles 20 del corriente mes de marzo es parcial, o preliminar, con respecto a aquellos dos. En relación al informe parcial sobre Venezuela llama la atención que la tarea parece haber comenzado tempranamente por parte de Bachelet ya que desde su Twitter, semanas antes se emitían como opiniones lo que luego fueron "conclusiones" de su informe.

Por ejemplo, el 24 de febrero, a propósito de la situación del día previo en la frontera entre Venezuela y Colombia, mediante redes sociales declaraba: "El Gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y ciudadanos comunes" lo cual coincide con el criterio sobre "criminalización de la protesta" contenido en su informe, aunque en esta particular caso centenares de videos y hasta un trabajo especial de The New York Times demuestran que no se trataba de manifestantes desarmados sino de manifestantes violentos que portaban artefactos explosivos e incendiarios, que desde territorio extranjero, pues debe recordarse que dicha manifestación se hizo del lado colombiano, intentaban ingresar (invadir) a suelo venezolano y al no lograrlo quemaron ellos mismos el contenido de los camiones que intentaban introducir a territorio nacional, así como que no se trataba de ciudadanos comunes, al menos no en su totalidad, ya que buena parte eran ciudadanos colombianos, incluso delincuentes, tal como lo reconocieran algunos de los entrevistados. No olvido la frase de uno de ellos cuando aclaró que venía desde Medellín, que era una rata sin futuro pero acompañaba la protesta para que los venezolanos si tuvieran futuro, y cerró diciendo "¡claro!, soy 100 % colombiano y 1000 % venezolano".

Por cierto que, trabajos periodísticos de corte antichavista, como uno de El Nuevo Diario, reseñan como balance la cantidad de veinte (20) heridos, durante esa jornada de protestas en Ureña, de los cuales, solo tres son por perdigones, uno en el ojo y dos en la espalda, mientras que los demás son por piedras, valga decir que algunos de ellos estaban respaldando al gobierno y fueron heridos por parte de los manifestantes; no se reseñan muertos.

Ahora bien, según la mayoría de los testimonios accesibles la Guardia Nacional Venezolana usó gas lacrimógeno, proyectiles de caucho y perdigones, todos lo cual es de uso legal no solo en Venezuela sino en todo el mundo para el control del orden público, de manera proporcional a la escala del desorden que se presente. El asunto estriba entonces en estimar la proporción adecuada para el uso de la fuerza. Para Michelle Bachelet, con la sola información que le ofrecían los medios de comunicación para el 24 de febrero, le resultó suficiente para sentenciar que los cuerpos de seguridad venezolana estaban haciendo "uso excesivo", de donde se entiende que según ella no se estaba haciendo el uso balanceado (apropiado, legítimo) con respecto al desorden que se presentó.

Cabe la pregunta ¿cuál es el uso proporcional de la fuerza que corresponde a un intento de introducir material desconocido en un país, sin la autorización del gobierno del mismo, por parte de un grupo de personas encapuchadas, armadas de piedras, artefactos explosivos e incendiarios? Estimo que la aspiración de la Alta Comisionada era que el Gobierno Venezolano permitiera la vulneración del territorio nacional por parte de los manifestantes, por eso su rechazo a priori de cualquier acción defensiva del gobierno, del mismo modo que estimo que el uso de la fuerza por parte del Estado venezolano fue proporcional, tal como lo demuestra el propio balance, por lo que el adelanto por casi un mes del informe por parte de la funcionaria de la ONU califica apenas como una opinión personal tan válida, o quizás menos por su distancia respecto a los acontecimientos, como la de quienes afirmamos que las acciones del gobierno se manejaron dentro de los parámetros legales nacionales e internacionales.

La coincidencia, casi textual, entre la opinión apresurada y basada apenas en las reseñas de la prensa antichavista del 24 de febrero, y las "conclusiones" de su informe parcial señalan que muy probablemente las partes fundamentales del mismo hayan estado pre-elaboradas. Y la coincidencia sustancial entre los "hallazgos" del "equipo" de Bachelet y las posiciones políticas que han venido asumiendo un conjunto de ONGs financiadas por los EEUU, presididas por connotados dirigentes de la oposición venezolana como Liliana Ortega (COFAVIC), Rafael Uscátegui (PROVEA), entre otros, señalan la alta probabilidad de que las partes del pre-informe de Bachelet hayan sido elaboradas por un "equipo" distinto al "equipo de su oficina" del Alto Comisionado de los DDHH de la ONU.

En tal sentido, aunque la promesa de Bachelet de entregar el informe completo en junio de este año ha sido vista con esperanzas por algunas organizaciones y personalidades vinculadas a la defensa de los DDHH el ámbito internacional, de que se trate de un informe real e imparcial creo que es ingenuo aguardar, dadas las presiones evidentes y el apuro de ciertos sectores internacionales de acelerar lo que califican como el "cese de la usurpación", que el todo no se parezca a la parte, es decir, que el informe definitivo no tenga las mismas características tendenciosas del parcial informe en cuestión. Como primera conclusión general del presente trabajo puedo adelantar que no tengo dudas de que el informe final será aún más políticamente parcializado que el preliminar, sobre todo si éste no cumple su objeto de servir de base suficiente para provocar las acciones multilaterales que aspira el gobierno norteamericano para derrocar al presidente Maduro.

De lo que sí tengo dudas es de que el resto del Informe de Actualización Oral sobre la Situación de Derechos Humanos en el Mundo, a ser presentado en septiembre, pre-ocupe (es decir se ocupe adelantadamente) de la misma forma a la Alta Comisionada, puesto que buscando en su twitter evidencias de la misma vehemencia respecto de casos evidentes de violación de Derechos Humanos como, por ejemplo, el caso de los 13.000 niños migrantes latinoamericanos detenidos y separados de sus familias (Artículos 3, 5 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), cosa por cierto admitida por el gobierno norteamericano, y por la cual nadie le pide a Bachelet que visite para constatar por sí misma, ni ella ordena investigación especial.

Sobre el mismo tema de las migraciones, no se percibe la misma pre-ocpuación en relación a los 2.242 migrantes que murieron en el mediterráneo en 2018, los 1.386 que murieron en África y los 512 que murieron cruzando la frontera de México con Estados unidos, éste caso el más grave de todos porque una parte sustancial de las muertes las produce sistemáticamente la policía fronteriza norteamericana u ocurren bajo la custodia de las autoridades fronterizas (niños y niñas incluidas). Es importante mencionar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) establece en sus Artículos 13 y 14 los derechos de toda persona a salir de cualquier país, así como buscar asilo y disfrutarlo en cualquier país, por lo que el hecho de que se pongan trabas en Europa y Norteamérica al ejercicio de dichos derechos, a raíz de las cuales mueren anualmente mas de 4.000 personas es violatorio de los DDHH por parte de los países que imponen esas trabas.

En 2018, el ejército israelí disparó contra 9.200 palestinos, desarmados la mayoría y algunos armados con piedras, de lo cual han resultado 183 asesinatos, 35 de ellos niños (Artículos 2 y 3 de la DUDH) y Bachelet le pide moderación a todas las partes, incluida la parte palestina masacrada e indefensa. El twitter de Bachelet no se activa ante cada asesinato de un niño palestino, y no considera enviar "un equipo de su oficina" a realizar investigación alguna. Esa es una situación de décadas y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, si bien ha enviado comisiones de investigación, hasta ahora no se ha llevado a la Corte Penal Internacional a ninguna autoridad Israelí por estos sistemáticos crímenes de guerra, que pocos se atreven a negar.

Recientemente Mike Ponpeo, alto representante del Gobierno Norteamericano anunció que EEUU sancionará a jueces y a cualquier empleado de la Corte Penal Internacional que se involucre en cualquier investigación a personal norteamericano por casos de tortura (Artículo 3 de la DUDH) en Afganistán o en cualquier otro lugar del mundo, ampliamente difundidos y documentados; pero no vimos en el Twitter ni el "equipo de la oficina" de Bachelet un pronunciamiento sobre esta acción norteamericana que atenta claramente contra los DDHH. Cabe mencionar que producto de tal medida ya renunció un Juez de CPI que había participado en una investigación sobre torturas en Afganistán.

En Francia la represión violenta contra el movimiento de los chalecos amarillos ha dejado mas de 20 fallecidos, y mas de 2.000 heridos entre los manifestantes, así como 8.000 detenciones con 1.800 sentencias. El mero hecho de llevar gafas de seguridad o de poseer solución salina (que se puede utilizar para tratar los efectos de los gases lacrimógenos) es suficiente para poner a alguien bajo custodia. El Sindicato de Abogados de Francia (SAF) ha denunciado la ausencia sistemática de informes policiales adecuados. Algunas de las razones de las condenas son "por participar en un grupo de preparación para la violencia y la destrucción", todo por reclamar que no suban los combustibles, recuperar el poder adquisitivo perdido, recuperar los servicios públicos perdidos en la Francia periférica que no tiene las ventajas de París y las grandes ciudades, según reseña la agencia ABC de España. En este caso la Alta comisionada, muy respetuosamente le solicitó al propio gobierno Francés "que abra una investigación sobre las denuncias de supuesto uso excesivo de la fuerza" al tiempo que lo animó "a continuar el diálogo, incluyendo un seguimiento al gran debate nacional que actualmente está teniendo lugar".

No se si salte a la vista la diferencia entre lo que dice de Venezuela ante un evento de un día, en el que no hubo 20 muertos ni 2.000 heridos ni 8.000 detenciones ni 1.800 sentencias "por participar en un grupo de preparación para la violencia y la destrucción" y lo que dice de Francia a propósito de una situación que viene ocurriendo semana tras semana, pero lo reitero ¿Qué dice de Venezuela?: sentencia que "El Gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y ciudadanos comunes", o sea que da por hecho, sin esperar las denuncias, que hubo uso excesivo de la fuerza por lo que ordena al gobierno venezolano que obligue a los cuerpos de seguridad a no hacerlo más. ¿Qué dice de Francia, donde si hay denuncias formales?: urgió al gobierno de Francia "a llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre las denuncias de excesivo uso de la fuerza en las protestas de los chalecos amarillos", o sea que no da por sentado el uso excesivo de la fuerza sino que invita a investigar (no ordena al gobierno de Francia) si los 20 muertos y 2000 heridos ocurrieron por causas naturales o de verdad son ciertas las denuncias, y guarda mucha compostura al decir que el supuesto uso excesivo de la fuerza habría sido "en las protestas de los chalecos amarillos" en lugar de contra los chalecos amarillos, y mucha más prudencia al no asumir que los chalecos amarillos son "manifestantes desarmados y ciudadanos comunes", como lo dijo en referencia a Venezuela.

Ni qué decir de las innumerables denuncias sobre violación de Derechos Humanos en Colombia, incluidos los desplazamientos de campesinos, ejecuciones extrajudiciales, el asesinato sistemático de líderes sociales colombianos a manos de paramilitares amparados por el Estado, las violaciones por soldados norteamericanos a nacionales colombianas, nada de eso inquieta el usuario de twitter de Bachelet ni del "equipo de su oficina". ¿Qué vimos de Bachelet sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa? Nada o casi nada; sólo cuando el nuevo presidente mexicano creó una comisión para realizar una verdadera investigación, se declaró a favor. No considera la Alta Comisionada ni consideró nunca emitir un Twitter o enviar un "equipo de su oficina", a pesar de que los padres de las víctimas hicieron la denuncia formal ante la Comisión de los DDHH de la ONU en Ginebra.

El propio Chile fue denunciado por el Comité de Derechos del Niños de la ONU en julio de 2018 por "la escandalosa situación en la que viven cerca de 150.000 niños que se encuentran en centros del Sename, residencias de acogida secundarias o programas de protección", destacando "graves negligencias (…), abuso sexual, torturas y tratos crueles e inhumanos", así como que entre 2005 y 2016, 210 menores murieron en residencias del Sename, tiempo durante el cual la propia Bachelet y el paladín de los DDHH Sebastián Piñera se han alternado en la presidencia de aquel país. No veremos desde el Twitter de la Alta Comisionada ni de sus equipos una pre-ocupación tan vehemente como la observada ante el caso venezolano.

En el mismo Chile desde el primer mandato de Sebastián Piñera (2010-2014), pasando por el segundo mandato de Bachelet hasta la fecha (transcurre el segundo mandato de Piñera) se vienen dando protestas estudiantiles en reclamo de educación gratuita, de calidad y no sexista, y en los tres periodos de gobierno referidos las protestas estudiantiles han sido violentamente reprimidas tanto por Piñera como por Bachelet, causando muertes entre los estudiantes protestantes, tales los casos de Miguel Gutiérrez (2011), Ángelo Estrada (2012), así como Diego Guzmán y Exequiel Borbarán (2015). La más reciente represión violenta contra protestas estudiantiles en reclamo del derecho a la educación se reportan de mayo de 2018, cuando una marcha pacífica autorizada por las avenidas Cardenal Caro y Ricoleta, se desvió tomando la Avenida Alameda, razón suficiente para que los carabineros la dispersaran violentamente, usando gases lacrimógenos, proyectiles de caucho y bastones, nada muy diferente del equipamiento usado por la GNB, pero para la Alta Comisionada en casos así el uso de la fuerza nos es excesivo.

En ese mismo Chile de Bachelet y de Piñera hay un pueblo indígena originario de la Araucanía que defiende su derecho ancestral a ocupar la tierra legada por sus ancestros como asiento de su cultura y, en consecuencia, realiza protestas cada vez que el Estado Chileno toma decisiones que vulneran su presencia en dicho territorio y atentan contra su cultura autóctona, las cuales han sido reprimidas, judicializadas y más recientemente perseguidas con políticas calificables de genocidas. Tal es el caso que desde el propios 2006 durante el primer mandato de Bachelet hasta ahora, hay todo un historial de violaciones a los DDHH de los Mapuches, similares a las que ahora Bachelet le endilga al gobierno del Presidente Maduro. La más reciente innovación dentro de esa política represiva fue la creación, ordenada por Bachelet durante su segundo mandato pero inaugurad por Piñera en su actual periodo, del Comando Jungla de la Policía Militarizada, por cierto entrenado en Colombia, a través del cual se aplica actualmente una política terrorista y genocida contra los Mapuches, según denuncian los investigadores Reinaldo Mariqueo, Flor Calfunao Paillalef y Pedro Arenas Rincón, a través del portal POLITIKA.

Basten estos ejemplos para sustentar la segunda conclusión de este ensayo, a saber, que la Actualización Oral del informe sobre la situación mundial de los Derechos Humanos tendrá mucho sobre Venezuela y poco sobre otros países donde se viola sistemática e impunemente los DDHH, porque así está dictaminado por quienes marcan la pauta mundial sobre el funcionamiento de esos organismos multilaterales, y porque quienes tienen la responsabilidad de investigar sobre el tema, según se demuestra, tienen más compromisos con esos poderes fácticos que con los DDHH.

2. La parcialidad de Bachelet al recoger parcialmente los acontecimientos

Remitiéndome al Informe Oral de Bachelet, cuya versión escrita disponible en la página oficial de su Oficina, se trata de 14 párrafos en los que se alternan 51 declaraciones específicas sobre Venezuela con expresiones de preocupación por parte de la funcionaria, cada uno de los cuales paso a analizar. En el primer párrafo indica que la crisis actual viene teniendo graves repercusiones sobre los derechos humanos, en general, cosa en la que no es difícil estar de acuerdo, sobre todo en los términos en que se expresa puesto que sólo se hace un diagnóstico general sin apuntar causas ni la naturaleza de las señaladas repercusiones.

Pero al final de ese primer párrafo declara que la situación en Venezuela "constituye además un inquietante factor de desestabilización regional"; lo dice en presente como si estuviera reportando alguna verdadera y específica situación de desestabilización de algún país de la región, lo cual no fue ni señalado ni sustentado en su declaración. Me explico, una afirmación como esa debería ser sustentada con casos específicos de al menos un país que este en proceso de desestabilización política, económica, social o cultural, causada por la situación venezolana, y que sepamos no hay hasta ahora pérdida de estabilidad nacional en Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, Trinidad, Guyana, o cualquier otro país de la región, a no ser algún que otro evento aislado más bien propiciado por campañas xenofóbicas y por incitaciones gubernamentales en algunos países, que no son propiamente atribuibles a la situación venezolana ni surgen desde nuestro país.

En el segundo párrafo informa un acontecimiento real como lo es que un equipo técnico de su oficina está en Venezuela, lo cual considera positivo y le da la confianza de que en el futuro tendrá "acceso constante". Omitió otro hecho importante y es que fue el propio presidente Maduro quien la invitó, tal como quedó reseñado por la propia Bachelet a través de entrevista concedida a CNN en Español el 26 de noviembre de 2018. He ahí una afirmación fundada y la manifestación sobre una expectativa optimista basada en ese hecho real, pero en ese segundo párrafo luego introduce una consideración de orden metodológica que parece sugerir que su equipo podría no tener acceso total a las fuentes de información y que podrían darse represalias contra quienes le aporten testimonios.

En efecto, reza la declaración: "Es esencial que el equipo tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos", afirmación que si bien es correcta y aplica como premisa metodológica para cualquier investigación en cualquier país, no debería aparecer como parte de un informe sobre hallazgos a menos que se estuviera efectivamente reportando que el equipo técnico hubiera tenido trabas por parte de alguna de las partes para realizar su trabajo o que alguna de ellas sufrió represalias por entrevistarse con el equipo investigador. Me explico; Bachelet no necesitaba insinuar que podría no haber acceso irrestricto o que pudieran darse represalias ya que de ser ese el caso en lugar de insinuarlo lo habría afirmado. Es claro que no tiene razones para afirmarlo pero necesitaba insinuarlo, lo que a mi parecer reputa de tendencioso el comentario.

En el tercer párrafo emite una afirmación evidentemente cierta en relación al avance del deterioro del acceso a los bienes y servicios consagrados como derechos humanos, especialmente en los sectores más vulnerables de la población, pero se decide omitir toda la acción del Estado Venezolano mediante el diseño y puesta en servicio de todo un conjunto de políticas públicas dirigidas específicamente a la atención de esos sectores de la población. Se omite también, por cierto, saboteos recurrentes y graves sobre los servicios como, por ejemplo, incendiar galpones del Seguro Social donde se almacenan medicamentos para la atención de enfermedades crónicas.

Se menciona en el comentado tercer párrafo como especiales víctimas de la agravación de la crisis a "los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas" pero se omite, entre otras cosas, la creación del programa de Hogares de la Patria, evolución del anterior programa Madres del Barrio, que ve a la familia como un todo, cuantitativamente compuesta por todo el núcleo familiar y cualitativamente incorporando criterios deferenciadores como la presencia de niñ@s con necesidades especiales, adult@s con discapacidades, adult@s mayores (referidos en el informe Bachelet como ancianos), los cuales agregan a la atención que brinda el Gobierno asignaciones dinerarias adicionales por cada miembro y por cada condición. Omite Bachelet el hecho, único en Amércia Latina, por cierto una de las metas del milenio, de que todos los "ancianos" cuentan con pensión del Seguro Social o de la Misión en Amor Mayor. Omite la existencia de casas de abrigo para l@s niños y las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad social. Es decir, que omite una parte importante de los acontecimientos sin la cual es imposible comprender fortalezas que presenta en Estado y Gobierno Venezolano, que contribuyen a la estabilidad social y política nacional a pesar de la grave situación en la que efectivamente estamos.

Al final del tercer párrafo afirma Bachelet que "las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos". Al respecto la única referencia documentada que encontré a la hora de redactar estas líneas en un artículo de El País Internacional, según la cual un número de entre 177 y 300 venezolanos, de ellos 30 del pueblo indígena warao, viven en situación de indigencia en Pacaraima, un municipio de Roraima. En referencia al Artículo periodístico es importante señalar que de ser correcta la información, la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos impone obligaciones al Estado en cual se asila o al cual emigran ciudadanos de este mundo. En Venezuela del 2004 en adelante nos ocupamos de dar identidad a decenas de miles de brasileños que emigraron hacia nuestro país a finales del siglo XX e integrarlos a la sociedad venezolana, sin hacer de ello un tema político nacional ni internacional contra el Brasil.

Respecto a los waraos dos cosas deben decirse; una es que un artículo periodístico sí bien es un indicio valido para iniciar una investigación no puede sustituir el papel de la investigación, sirviendo de única base para la emisión de una conclusión tan ligera que compromete el futuro inmediato de todo un país. Los Waraos son un numeroso y extendido pueblo indígena con presencia en el Sureste del estado Sucre, en la franja Este del estado Monagas desde el norte hasta el sur, en todo el estado Delta Amacuro y en el Noreste del estado Bolívar.

La mayoría de la población Warao vive en sus comunidades ancestrales, muchas de ellas móviles estacionalmente de acuerdo con el comportamiento de las aguas de los caños, en condiciones de armonía con sus respectivos hábitats, si bien en las comunidades más próximas a la llamada población criolla (jotarao, no indígenas) han cambiado mucho los patrones de vida producto de dicha cercanía. Al menos desde la ultima década del siglo pasado y primera del presente algunas comunidades Warao han sido objeto de abusos por parte de personas inescrupulosas que los sacan de sus hábitats en camiones, llevándolos a ciudades para explotarles económicamente dedicándolos a la mendicidad a cambio de una dotación mínima de alimentos que ellos procesan a la intemperie para todo el grupo, aspectos estos que investigué personalmente en el año 2002 a propósito de migraciones Waraos de las comunidades Mariusa y Winiquina de Delta Amacuro hasta Maturín en el estado Monagas y hasta Puerto Ordáz en el estado Bolívar bajo el mismo patrón, el cual no descartaría en este caso específico.

En todo caso, de ser de interés de la Alta Comisionada su equipo técnico debería realizar la investigación o al menos indicar la fuente de los datos, la cual no debe ser muy confiable toda vez que señalan que "un número considerable", es decir que ni siquiera tienen el aproximado, lo cual reputa de carente de rigor al informe en cuestión.

El cuarto párrafo contiene una premisa evidentemente falsa, la cual forma parte central del discurso de la oposición venezolana para no evidenciar la principal fuente de causas de la crisis, con la que por cierto se alinea perfectamente la declaración de Bachelet, como veremos más adelante, así como una conclusión sólo a medias verdadera. En efecto, se enuncia en el informe: "Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes". En este caso la premisa es "las autoridades no reconocen las dimensiones y gravedad de l crisis" y debido a ese no reconocimiento, la conclusión es "las medidas no han sido suficientes. Según esa lógica, al reconocer las dimensiones y gravedad, las medidas que se adopten en consecuencias sí serán automáticamente suficientes.

Pero ¿a qué se refieren con dimensiones y gravedad de la crisis? Todo el que viva en Venezuela y escuche de vez en cuando las declaraciones de sus autoridades, sin la barrera emocional del odio antichavista, puede dar fe de que desde el años 2010 el presidente Chávez empezó a hablar de las consecuencias evidentes de la Guerra económica sobre la vida cotidiana del país. Los que tengan un poquito de memoria o ganas de investigar un poco verificarán que desde el año 2013 y más enfáticamente del 2014 en adelante el presidente Maduro ha identificado los graves daños que nos viene causando la guerra económica que se dirige desde los EEUU contra Venezuela, lo cual se agudizó desde 2015 con la infame declaratoria por parte de Obama, de Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para USA, acompañada de las consabidas sanciones financieras y comerciales que tanto daño hacen. Pero lo que reprocha Bachelet es que no admitamos la calificación de la situación venezolana como una "Crisis Humanitaria", lo cual no es una frase inocente y carente de consecuencias sino una categoría jurídica internacional en la que pretenden ampararse para intervenir el país precisamente quienes encabezan la guerra.

Decía más arriba que la conclusión es solo parcialmente cierta dado que efectivamente las medidas del gobierno no han sido suficientes para impedir que las agresiones norteamericanas afecten la vida diaria de la población dificultando el pleno acceso a los bienes y servicios que satisfacen las necesidades consagradas como Derechos, mas sí han contribuido de manera sistemática y recurrente a ofrecer mecanismos y opciones para cubrir hasta cierto punto dichas necesidades, es decir que las medidas del gobierno sí han evitado que se materialice la intención de los agresores de desestabilizar social y políticamente la nación a niveles que no puedan ser manejados por las capacidades del Estado, conduciendo al derrocamiento del mismo, no del Gobierno sino del Estado establecido en la Constitución de 1999. Si Bachelet reconociera la causa principal de la crisis entendería que ninguna medida unilateral de las autoridades venezolanas resultará suficiente para impedir que el imperio norteamericano nos agreda como unilateralmente sí lo hace.

En tal sentido Omite la Alta comisionada que el Gobierno Venezolano mantiene un programa de distribución de alimentos que atiende con sus bemoles y sus sostenidos, a más de 6 millones de hogares, y saben ustedes lectores que lo hace sin discriminación, saben ustedes, sobre todo los de pensamiento antichavista, que muchos de sus similares en pensamiento incluso son hostiles con el personal que voluntariamente tiene la misión de hacer la entrega, y a pesar de eso cada vez que se logra el abastecimiento, una vez al mes en promedio aproximadamente, el mismo personal, reitera la atención a cambio de la reiteración de la hostilidad. Del mismo modo se omite en el Informe los esfuerzos del Estado para la entrega gratuita de medicamentos a personas con enfermedades crónicas y letales, entre otras políticas, todas las cuales presentan un importante nivel de desajustes y fallas pero no han sido suprimidas sino mantenidas.

El quinto párrafo es sin duda el más tendencioso de todos y el que demuestra más rotundamente la parcialización de la Alta comisionada, así como su firme decisión de omitir de este informe, y de los que vengan, los argumentos e informaciones que suministra el Gobierno, bien sea de manera directa al equipo de la alta comisionada o de manera pública a través de los medios de comunicación. Veamos por parte.

La primera oración dice: "La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha agravado esta situación, al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha afectado gravemente a los hospitales", lo cual es cierto, aunque un evento de 72 horas no representa un corte definitivo en la circulación de alimentos, medicinas, agua y mercancías en general, pero además se omite el plan de contingencia implementado por el gobierno para brindar energía a los principales hospitales del país, hacia dónde se trasladaban los pacientes que lo ameritaran a fin de ser atendidos y preservar su vida. Conozco de cerca la efectividad del plan en el estado Sucre, el cual contempló como centros de referencia al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá en Cumaná y al Hospital Central de Carúpano Santos Anibal Dominicci, en los cuales funcionaron las plantas eléctricas y todos los servicios neurálgicos, lo cual pude confirmar por el sencillo hecho de que una vecina estaba recluida por un coma diabético y pudimos seguir gracias a la información que nos daba su padre, de que todo había funcionado bien.

La segunda oración reza: "Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país". Es aquí donde la evidencia de la parcialización destaca de la forma más patente. Es verdad que todavía se desconoce el alcance de los daños materiales pero es totalmente falso que se desconozca el número de víctimas directas; fue cero (0), y sobre esto invito a la siguiente reflexión.

Durante la situación eléctrica que recién vivimos voceros de la oposición hicieron uso especulativo de cifras de fallecidos en hospitales, al estilo como los presidentes de FEDECÁMARAS y la CTV hacían gala de las pérdidas financieras del país durante el sabotaje petrolero de 2002-2003, y no se ponían de acuerdo al menos en unas mismas cifras, lo cual reputa su conducta política necrofílica, pero si analizamos bien las cifras por ejemplo de la ONG opositora Médicos por la Salud, reseñada en la página del Diario Las Américas el 11 de marzo del corriente, la cual indica que la cantidad de fallecidos durante todo el tiempo del llamado apagón fue de 21 en todo el país, y la comparamos con las cifras habituales de fallecimientos durante un fin de semana, resultaría que el Gobierno tuvo éxitos impresionantes en la reducción de fallecimientos durante el evento eléctrico ya que otro vocero de la misma ONG señaló, según otro artículo periodístico publicado el 21 de febrero pasado en la página del periódico La Vanguardia, que las cifras diarias normales de fallecidos en hospitales es de alrededor de 40, o sea que en tres días del apagón solo fallecieron la mitad de los que fallecen en un día normal. Entonces, o miente la oposición con la cifras o el Gobierno se apuntó un contundente éxito en la contención de los posibles daños que pudo haber ocasionado el evento eléctrico.

No deja de llamar la atención que para el caso de los Waraos referido más arriba la Alta comisionada se haya sustentado en un reporte de prensa sobre una situación en un distante municipio de Roraima y para el caso de las víctimas directas del llamado apagón no le hayan servido las declaraciones oficiales del Gobierno, dado que es una de las partes que supuestamente nutrirá el informe ni, en su defecto, las declaraciones de las ONGs opositoras del sector Salud. Datos había y procedimientos factibles para contrastarlos y verificarlos, pero la Alta Comisionada prefirió declarar que se desconocen las cifras.

Lo otro que resalta de esta oración del quinto párrafo es que sin conocimiento de causa la funcionaria de DDHH de la ONU decide afirmar que el "prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país" asumiendo completamente la versión de la oposición y omitiendo completamente la versión del gobierno, en torno al posible sabotaje, a pesar de que voceros del gobierno norteamericano tanto desde Washington como desde Venezuela emitieron declaraciones atribuyéndose la facultad para restituir el servicio si Nicolás Maduro entregaba el Gobierno a Guaidó. Esta es una postura que se asume sin conocimiento de causas ya que todavía no están realizadas las experticias necesarias para determinar cómo se ocasionó el evento; siendo así, lo procedente para un organismo serio es abstenerse de pronunciarse sobre las causas y solo limitarse a evidenciar las consecuencias, en espera de que los equipos técnicos arrojen luces sobre el particular, lo cual reputa el informe de Bachelet de carente de objetividad. De hecho durante toda la situación ocurrieron innumerables cortes de guayas, entre otros saboteos, de los que podemos dar fe muchos venezolanos y muchas venezolanas de todas partes del país, pero ese hecho objetivo que se repitió en todo el país indiciando una posible acción nacional coordinada de sabotaje, intencionalmente no fue recogido por Bachelet en su informe.

En una tercera oración del quinto párrafo se asienta: "La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales" de lo cual rechazo que exista escasez de agua y de gas natural y acepto la grave afectación del transporte público y la hiperinflación, solo que Bachelet omite el impacto negativo de las restricciones comerciales impuestas sobre Venezuela en materia de posibilidad de abastecer el mercado nacional de autorpartes y repuestos, así como los efectos de la manipulación del sistema cambiario venezolano desde portales con asiento y protección en los Estado Unidos en la escalada hiperinflacionaria que aqueja al país.

Al omitir esos datos ampliamente conocidos y fáciles de verificar, se invisibiliza el impacto de la acción del gobierno norteamericano sobre la situación de los DDHH en Venezuela, presentando al Estado Venezolano como único responsable de dicha situación. Repito, para dejarlo claro; por supuesto que el Estado Venezolano es el Garante de los DDHH dentro de Venezuela pero una agresión comercial, financiera, cambiaria o militar hace recaer en el agresor parte de las afectaciones sobre la vida de las personas ¿o es que Bashar Al Asad, presidente de Siria, es responsable por las muertes que causan las bombas que EEUU e Israel hacen caer sobre el territorio de su país?, por poner solo un ejemplo.

El sexto párrafo es quizás el único que contiene una declaración completamente verdadera, ya que expresa el palpable deterioro progresivo de los servicios de salud y la reaparición de enfermedades que estaban anteriormente bajo control, así como la avocación del gobierno nacional a un programa de vacunación con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. En este párrafo la parcialidad se ejerce mediante la omisión de los esfuerzos gubernamentales por mantener la presencia de personal médico en las comunidades a través del sistema primario de atención, esencialmente preventivo, así como la expansión de los programas de formación de personal de Salud a través del lanzamiento de la Universidad de las Ciencias de la Salud en todo el territorio nacional, proyectando a mediano y largo plazo contar con suficiente recurso humano para atender los programas de salud preventiva y curativa que se requieren. Se omite también que a pesar de la crisis y de la emigración de una parte considerable del personal médico especializado no se ha cerrado ninguno de los programas que lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular para lo Salud, lo cual patenta la clara asunción de sus responsabilidades en la materia por parte del Estado Venezolano.

El párrafo siete es otro de los más carentes de objetividad y rigurosidad técnica. Declara Bachelet: "Según una encuesta reciente, más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país".

Lo primero que resalta es que "según una encuesta reciente", no se sabe a cargo de qué organismo público o privado, con qué certificación nacional o internacional para este tipo de estudios, ni con qué metodología y criterios técnicos de muestreo, de recolección o procesamiento de datos, es decir una completa irresponsabilidad de parte del equipo de la Alta Comisionada, basar una conclusión en fuentes tan carentes de solidez técnica.

Y más allá de eso está la falsedad de las supuestas causas, toda vez que es mentira que la mayoría de los padres en Venezuela no puedan proporcionar el desayuno a sus hijos, es falso que tal cosa como "los programas del almuerzo escolar" hayan colapsado y es falso que a causa de la migración del personal docente se haya cerrado una sola aula en todo el país. Compatriotas; si no somos capaces de precisar nuestra situación no podremos internalizar que la exageración y el amarillismo del que no escapan ni los "equipos técnicos" de la ONU son barreras psicológicas para empezar a transitar las soluciones consensuadas.

Y es el caso que, objetivamente hablando la dieta del venezolano promedio se ha visto notablemente afectada en cantidad y en calidad, pero en reciente encuesta realizada por mí con criterios técnicos más consistentes que los expuestos por Bachelet, entre mis 53 estudiantes del la UCS y de la UDO, así como entre mis compañeros de trabajo en Cumaná, mis familiares dispersos entre la zona de Paria-Carúpano del Estado Sucre, Maturín estado Monagas, Juan Griego y Por La Mar estado Nueva Esparta, Guanta y El Tigre estado Anzoategui, Caracas Distrito Capital, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar estado Bolívar, y Marcaibo estado Zulia, la totalidad de mis encuestados está comiendo tres veces al día, y algunos hasta cuatro veces en algunas ocasiones, aunque reconocen que no con la misma calidad en referencia al balance kilocalórico de antes de 2014; de ellos alrededor de 37% señalan que no solo en calidad sino también en cantidad han disminuido la ingesta aunque manteniendo la frecuencia de tres veces al día. Mas del 70 % ha señalado que ha habido momentos más duros que otros, con tendencia a la estabilización los últimos meses.

Es el caso que, objetivamente hablando, muchas familias llevan a sus hijos a la escuela precisamente porque a pesar de la crisis el Sistema de Alimentación Escolar se ha mantenido, aunque con importantes afectaciones, con al menos una ingesta al día y con frecuencia hasta dos ingestas, desayuno y almuerzo. Mi propio hijo estudia en una Escuela Bolivariana en el casco central de Cumaná y en los últimos dos meses ha sido sostenido el funcionamiento del programa de alimentación, la mayoría de los días con una ingesta y en ocasiones con dos, aunque con serias limitaciones en cuanto a la proteína de origen animal, y en algunas ocasiones hasta la proteína de origen vegetal ha faltado, solo aportando el componente energético a través de carbohidratos. Esa es la verdad; que el sistema de alimentación escolar esta operando, aunque con importantes fallas de suministro, y ¡vaya! que para muchas familias es un aporte apreciable a la alimentación de los hijos. Habría que imaginar cuánto pudiera mejorar el programa de alimentación escolar si el gobierno norteamericano retirara toda sanción que entorpezca la compra internacional de alimentos por parte de Venezuela.

Es el caso que todo el que tiene un niño o una niña estudiando puede hacer su propia verificación en el terreno para comprobar que ni una sola de las aulas ha cerrado o ha quedado vacía por falta de personal docente, obrero y/o administrativo, de manera que no hace falta argumentar mucho para demostrar que la afirmación de Bachelet sobre aulas vacías por migración de docentes carece de sustento.

La única cifra que parece consistente es la que refiere la reducción de matrícula escolar en más de un millón de niños y niñas, puesto que es proporcional al número de más de tres millones de supuestos migrantes venezolanos que reseña más adelante el mismo informe. En todo caso, es un hecho que ha habido un creciente flujo de migrantes, muchos de los cuales se han llevado a sus hijos e hijas en edad escolar, por lo cual es obvio y lógico que asociado al fenómeno de la migración proporcionalmente se reduzca la matrícula escolar, ¿o no vemos frecuentemente en Faccebook e Instagram fotos y comentarios de amigos y familiares sobre sus hijos e hijas yendo a clases en los países donde se mudaron? Si fuera cierto que se hizo la reciente encuesta que menciona Bachelet, entre las causas de disminución de la matrícula debería aparecer la migración, a no ser que efectivamente, como se aprecia en la manera tan ambigua e imprecisa como fue citada, la metodología de muestreo, recolección, validación y procesamiento de datos no haya sido bien diseñada, o sea, a menos que se trate de una encuesta chimba.

El octavo párrafo es otro de esos en los que intencionalmente se omite toda una fuente de causas de la situación actual y, peor aún, se tergiversa groseramente el orden cronológico de eventos que son de conocimiento general no sólo en Venezuela sino en el mundo entero. Dice el informe: "Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población.

La señora Bachelet está diciendo que las primeras sanciones datan de 2017, pero que la "devastadora crisis" comenzó antes, o sea sin que tuvieran nada que ver las sanciones. No reconoce ni siquiera que las sanciones de 2017 hasta la fecha hayan tenido efectos negativos sobre en la "devastadora crisis" sino que le "preocupa" que eventualmente en el futuro las recientes sanciones (o sea las de marzo 2019) "puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población". En otras palabras, los EEUU no han tenido nada que ver en la situación venezolana y solo probablemente las más recientes sanciones podrían causar daño, aunque también pueda que no, ya que las anteriores no han causado ningún daño; eso es lo que dice Bachelet. Y si no causan ningún daño ¿por qué las aplican?

Sin entrar en detalles sobre la denuncia que desde el 2010 el Gobierno Bolivariano hace respecto a las agresiones económicas, comerciales, financieras, cambiarias, mediáticas, diplomáticas, entre otras, del gobierno norteamericano contra nuestra nación, hay que aclarar que las primeras sanciones datan de 2008, aunque la acción sistemática de sancionar a Venezuela empezó a partir del año 2015, después de la aprobación en 2014 de una Ley extraterritorial, o sea violatoria del Derecho Internacional ya que ningún país puede legislar sobre asuntos de otro país, que usando como cortina de humo la supuesta defensa de los DDHH en Venezuela, ha servido de justificación seudo-jurídica para imponer sanciones tras sanciones a nuestro país.

La señora Bachelet no valora como oficial las innumerables declaraciones de altos representantes del Gobierno norteamericano sobre la intención con la que se aplican las sanciones, que no es otra que la de "ahogar" la economía venezolana para provocar una conmoción social que conduzca a un "cambio de régimen". No valora el carácter de política de Estado del gobierno los EEUU de las doctrinas y manuales vigentes sobre la política de cambios de régimen y "transición a la democracia" que aplican el Pentágono y la CIA, en alianza con los intereses de las empresas transnacionales.

Para que tengamos una idea de para qué se aplican las sanciones baste como ejemplo la declaración emitida el 23 de marzo de 2019 (ayer) por John Bolton, asesor de seguridad nacional del gobierno de USA durante una entrevista concedida a la cadena Univisión; dijo: "el objetivo es llevar esta crisis a una conclusión rápida en beneficio del pueblo venezolano para lograr que el régimen de Maduro transfiera pacíficamente el poder al Gobierno de Guaidó", y añadió sobre las sanciones: "su efecto es continuo y acumulativo (…) Es como en 'Star Wars', cuando Darth Vader ahorca a alguien, eso es lo que estamos haciendo económicamente con el régimen". Es, por cierto, muy significativo que se identifiquen con ese personaje de la ficción Hollywoodense que dirigía el brazo armado de un Imperio que después de acabar con la República, pretendía controlar todo el universo, bajo el poder oculto de una Federación de Comercio financista del Golpe contra dicha República. Un poquito de reflexión debería bastar para que despierten sus conciencias aquellos que no se han dado cuenta de lo exacto que es el símil con el que el propio Bolton expone las intenciones de los EEUU contra Venezuela.

El noveno párrafo contiene tres declaraciones que trataré particularizadamente. La primera de ellas reza: "me preocupa profundamente la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas". Ya en la primera parte de este escrito puntualicé las diferencias entre lo que dice pensar Bachelet cuando se trata de Venezuela y lo que dice cuando se trata de otros países con eventos similares y mucho peores de los que supuestamente ocurren en Venezuela, así como la diferencia entre lo que dice pensar ahora y lo que hizo cuando administró el poder en dos ocasiones en su país, contra los estudiantes que reclaman el derecho humano a la educación o contra los Mapuches que reclaman el derecho a vivir según sus usos y costumbres en el territorio que ocuparon y ocupan desde antes de la colonización española, así que el valor de la preocupación de la Alta comisionada es por lo menos sospechoso de hipócrita.

En cuanto a lo que afirma, "continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas", resulta una total falsedad. Para hacernos una idea compárese los 8.000 chalecos amarillos franceses detenidos, de los cuales 1.800 han recibido condenas por unas protestas que se hacen una vez cada semana, con las detenciones que pueda haber en Venezuela motivadas por participación en protestas violentas, tomando en cuenta que la señora Bachelet habla, en el párrafo quinto, de "miles de protestas sociales" solo durante el apagón y luego en el noveno párrafo señala que hay un auge de las protestas antigubernamentales desde inicios del año.

Aunque no se aclara de cuantos miles de protestas, es decir si son mas de mil, mas de dos mil o mas de nueve mil protestas, tomemos la cifra menor posible y supongamos que desde inicios del año se hubieran producido en el país mil protestas. Recordemos que Bachelet indicó que solo a partir del "apagón" se desataron "miles", o sea que estoy suponiendo bastante por lo bajo, sobre todo si le creemos a la ONG opositora Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la cual indica solo en enero la cifra de 2.573 protestas contabilizadas. Entonces, si en Francia con cerca de 20 semanas de protestas a razón de al menos 10 lugares diferentes en cada jornada, es decir, alrededor de 200 protestas, hay 8.000 detenciones conducentes a 1.800 sentencias, ¿cuántas detenciones y sentencias faltarían en Venezuela, con miles de protestas sólo este año, las cuales no piden reivindicaciones sociales sino que declaran como objetivos el derrocamiento del Gobierno, para alcanzar lo ocurrido en Francia? Pero como sé que al pensamiento opositor le desagrada el análisis comparativo, a menos que sea para desdeñar de Venezuela, me centraré en la realidad venezolana.

Dice Bachelet que en Venezuela se criminaliza la protesta y la disidencia pacífica, pero siendo cierto como lo es que en Venezuela todos los días de la vida hay protestas sociales que se expresan en cierres de vías y carreteras, tomas de instalaciones públicas, intentos de saqueos, en reclamo de reivindicaciones legítimas como agua, luz y alimentos, por fallas puntuales de dichos servicios prestados por el Estado, entre otras razones, todo el que vive en Venezuela conoce que todas esas protestas son atendidas mediante diálogo y presencia en el sitio de autoridades que median para la solución de la situación de que se trate, reduciéndose en uso de disuasión y represión, como ocurre en cualquier país del mundo, solo a los casos en que se pasa de la toma pacífica (si bien ilegal en muchos casos) a la protesta violenta. ¿Quién no ha tenido que desviar su ruta o pasar algo de tiempo en una vía pública en espera de que se levante una protesta por algún reclamo? Y todos y todas sabemos que los líderes de dichas acciones, a pesar de que es ilegal, por ejemplo, trancar una carretera, por lo que legítimamente podrían ser judicializados, quedan en perfecta y absoluta libertad.

Eso pasa todos los santos días en Venezuela, lo que por sí solo al menos pone en duda la exactitud de la afirmación de Bachelet. Lo que sí es una lástima es que Bachelet no haga ni una mención de los asesinatos, mediante la quema de seres humanos, linchamientos, tratos crueles propinados por manifestantes opositores contra ciudadanos por suponer filiación chavista. Esas vidas no merecen la consideración de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, pues según se desprende de sus opiniones las vidas de quienes caigan defendiendo al gobierno al que apoyan, así sean civiles, no son contabilizables como sujetos de Derechos Humanos. O sea que, habiendo dos bandos en conflicto, sólo uno, en esta caso la oposición, tiene derecho a infligir daños físicos al otro, los cuales sin importar que encuadren en violación del derecho a la vida (asesinato), y a la dignidad humana con tratos crueles como quemar viva a una persona o desnudarla y colgarla de un árbol en un espacio público. Este evidente sesgo, reputa de parcializado el Informe de la Alta Comisionada.

La segunda declaración de noveno párrafo reza: "En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación". Solo comentaré la suspicacia que genera que siendo su propia oficina la fuente de la estadística reseñada no pueda la Alta Comisionada dar la cifra exacta. ¿O sea su oficina tiene los casos documentados, por lo que lleva el registro, la relación, la contabilidad de esos casos y no aporta la cifra exacta? Si fueran numerosos con seguridad diría la cantidad, y en ese sentido veo solo tres razones por las cuales no se diga concretamente la cifra:

1) que su oficina no tenga un buen protocolo de registro y sistematización de casos por lo que aún siendo numerosos y estando documentados, como lo indica el informe tan ambiguamente, la falta de sistematicidad le impida conocer el dato preciso, lo cual la descalificaría técnicamente para cualquier investigación y como fuente de sustento del propio informe. Recuérdese que la ONG opositora Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, asegura haber contabilizado 2.573 protestas en enero y dado que dichas protestas vienen en auge, según pontifica el Informe Bachelet, tanto en febrero como en marzo dicha cifra debería haber aumentado, no obstante supongamos un promedio de 2.500 cada mes, y estaríamos hablando de la nada despreciable cantidad de mas de 7.500 protestas en lo que va de año. Si sólo el 10 % de ellas hubieran dado ocasión al gobierno para ejercer las prácticas mencionadas en el informe, las cuales serían suficientes para usar el término "numerosas" ¿no puede la Alta Comisionada especificar que ha documentado 750 casos (por poner una cifra)?

2) que aún estando bien documentados, como lo refiere el informe, sean pocos, es decir cuantitativamente no significativos por lo cual incluir la cifra en el informe resulte inconveniente a los fines políticos de desacreditar el gobierno de Maduro. Imaginemos el poco impacto que pueda causar en el mundo decir que se han documentado 15 o 30 o 75 (1 % de 7.500) casos de violaciones y abusos. Es cierto que una vida vale tanto como 750, y las violaciones y abusos contra los DDHH deben ser castigadas sea que se trate de un caso, de 75, 750 o 7.500, mas de lo que se está hablando es de que internacionalmente un número tan bajo de casos no representaría una acción sistemática sino que con frecuencia son tratados como prácticas aisladas y no como políticas de Estado, por lo que es probable que de ser cierta esta segunda hipótesis Bachelet haya preferido decir "numerosas" para no dejar de sacarle provecho político a un indicio o hallazgo por pequeño que sea.

3) que sea totalmente falso que su oficina tenga documentados casos de violación y abusos a los Derechos Humanos y/o simplemente se trate de denuncias formuladas por las ONGs financiadas por el gobierno norteamericano, sin mayores elementos de prueba.

Y la tercera declaración del comentado noveno párrafo es: "Sobre muchas de estas preocupaciones hemos hecho hincapié en nuestros comunicados de prensa, y en el informe que presentaremos al Consejo durante el periodo de sesiones de junio ofreceremos información detallada al respecto" de lo cual no me cabe duda que es cierto, tanto que han hecho mucho hincapié mediático sobre las "preocupaciones" aunque no del sustento de las mismas, como de que en el informe que presente en junio lo volverá a hacer.

El décimo párrafo lo citare completo ya que me resulta uno de los que encierran mayor peligro dentro del plan para derrocar a presidente Maduro, apoyándose en una eventual intervención internacional, porque encierra un intento de vincular la lucha contra el crimen organizado con la represión política y con ello pretender sustanciar un expediente para denunciar al presidente ante la Corte Penal Internacional, así como al mismo tiempo maniatar al gobierno respecto a las políticas de seguridad ciudadana en detrimento de la población, con el fin de sumar aspectos al descontento social:

"La Oficina del Alto Comisionado ha seguido investigando las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad. En 2018, se informó de al menos 205 muertes atribuidas a las FAES. Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas. Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno. En determinados casos, los parientes de las víctimas denunciaron que la Oficina del Fiscal General se había negado explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES. La mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y había participado en protestas antigubernamentales. Me preocupan particularmente los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación"

En primer lugar, tratándose de una tema tan delicado es saludable que se continúen las investigaciones; solo se aspiraría que tengan mayor rigor y seriedad que el mostrado hasta ahora en cada uno de los puntos tratados en el Informe en cuestión. El décimo párrafo guarda relación con el noveno, puesto que se sobre entiende que se hace referencia a los casos documentados, de los que se desconoce la cifra a pesar de que la oficina de Bachelet debería llevar la relación. Ahora bien, llama la atención la falta de precisión y la ambigüedad con que se refieren los datos. Veamos.

"En 2018, se informó de...", ¿quién informó?. "Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019"; siendo que el asesinato es un tipo de homicidio calificado que deja una evidencia muy concreta, es decir un cuerpo humano muerto con señales de alevosía y/o ensañamiento (como eso de quemar viva a una persona, por cierto), no cabe el uso de la expresión "presuntamente asesinadas"; solo podría aplicar para el o los presuntos asesinos, es decir que el Equipo Técnico de la Oficina de Bachelet no parece ser muy técnico ni siquiera en la jerga jurídica internacional. "Al parecer, algunos de estos asesinatos ...", es decir no están seguros pero parece que algunos ocurren de la forma descrita. Luego está el hecho de que de una oración a otra ya dejaron de ser presuntos asesinatos y pasaron a ser asesinatos confirmados.

La anteposición de la expresión "al parecer" en buen español, afecta el sentido de toda las las oraciones que le siguen hasta tanto no se especifique un condicionante diferente. De manera que la lectura correcta del cada una de las afirmaciones condicionadas que registra el informe en el décimo párrafo es la siguiente:

Al parecer, o sea no estamos seguros pero parece que, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: Al parecer, o sea no estamos seguros pero parece que ocurren durante allanamientos, Al parecer, o sea no estamos seguros pero parece que, ilegales de domicilio realizados, Al parecer, o sea no estamos seguros pero parece que, por las FAES, y, Al parecer, o sea no estamos seguros pero parece que posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos, Al parecer, o sea no estamos seguros pero parece que declaran que las víctimas, Al parecer, o sea no estamos seguros pero parece que no portaban armamento alguno. Al parecer, o sea no estamos seguros pero parece que, En determinados casos, los parientes de las víctimas denunciaron que la Oficina del Fiscal General, Al parecer, o sea no estamos seguros pero parece que se había negado explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES. Al parecer, no estamos seguros pero parece que, La mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y, Al parecer, o sea no estamos seguros pero parece que, había participado en protestas antigubernamentales.

Resulta una irresponsabilidad mayúscula que la Alta Comisionada se base en un supuesto procedimiento que al parecer ocurre, es decir no está segura de que ocurre, para sustentar su dudosa preocupación sobre "los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación", al parecer, ya que no está segura.

Sobre el undécimo párrafo en el cual señala que le "inquieta" el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa, el uso de la Ley Constitucional contra el Odio para imputar a periodistas y dirigentes de la oposición o ciudadanos disidentes, así como la posibilidad de que ello induzca la auto-censura con repercusiones en el derecho a la información, diré que gracias al acceso a internet que hay en Venezuela, a pesar de que las plataformas y redes de esos servicios son frecuentemente saboteados con cortes de fibra óptica y de cables tanto de CANTV como Inter, entre otros, el derecho a expresarse y a comunicar opiniones e información se ha expandido como nunca antes. Ingrese usted, compatriota lector, en Twiitter, Facebook o en su Whatsapp, si lo tiene, y contemple usted mismo cómo se ha socializado el ejercicio hasta libertino de la expresión y la comunicación, muy especialmente contra el gobierno. Ingrese en las páginas de los medios tradicionales de prensa, radio y televisión y compruebe que todos están operando y funcionando, con la línea editorial que mejor le aviene.

Ahora bien, el ejercicio de ese derecho comporta también responsabilidades y si se usa para delinquir, para incitar al odio, para invocar intervenciones militares extranjeras, para desconocer la autoridad del Estado, para atentar contra la forma republicana del mismo, para difamar, para sembrar terror en la población o cualquier otro delito tipificado en nuestras leyes, lo mínimo que debe hacer el Estado es iniciar la investigación correspondiente y que cada ciudadano asuma ante la sociedad la responsabilidad del ejercicio libre de su derecho a expresar su opinión, informar y a estar informado.

En diciembre de 2016 un hombre fue detenido y preso en Estado Unidos por insultar por Facebook al presidente Trump. En mayo de 2013 un joven de 22 años, bajo el efecto de la mariguana publicó en twitter que iba a asesinar el presidente Obama por lo que fue procesado y preso por seis meses, además de pedir disculpas públicas al referido presidente. En España está penado con cárcel insultar por redes sociales. En Argentina una joven mujer fue imputada en 2016 por amedrentar a Macri a través de Twitter. Tales acciones, encontraron tipificación en el ordenamiento legal de los respectivos países mencionados y las personas que incurrieron en ellas fueron procesadas; que ello genere auto-censura, es decir que el ejemplo del castigo legal induzca la observancia de las normas, es precisamente uno de los objetivos de las funciones coercitivas de la Ley cuando sanciona los delitos.

En Venezuela, no solo se opina libremente, sino que se miente, se insulta, se amenaza de muerte no solo al presidente, a sus ministros, a los dirigentes del chavismo sino tamibén a ciudadanos comunes por expresar su preferencia política, todo ello impunemente, lo cual no es óbice para que cualquiera de estas conductas que califique como delito, sea en algún momento legítimamente procesada por los canales regulares jurisdiccionales, tal como ocurre en cualquier país del mundo, sin que por ello Bachelet muestre preocupación alguna.

En el duodécimo párrafo la Alta Comisionada retoma el tema que marca la pauta en su agenda respecto a Venezuela, antes abordado de manera indirecta en el párrafo cuarto del informe y ahora de manera directa, en la primera oración del párrafo número 13, donde califica la situación venezolana de acuerdo a la categoría jurídica de "crisis humanitaria" que se viene impulsando hace meses desde el gobierno norteamericano. Incluso va más allá de dicho concepto y antepone el término "vasta", dando lo que podría ser considerado el siguiente paso en la escalada de agresión, puesto que después de "crisis humanitaria" la categoría que le sigue es "catástrofe humanitaria", por lo cual no sería de extrañar que en el informe que presente en junio ya se comience a posicionar la nueva clasificación, con la clara intención de facilitar la toma de decisiones en los organismos multilaterales para la la intervención del país.

Dice la segunda oración del párrafo en mención que muchas de las personas migrantes "han partido en precarias condiciones de salud y con poco dinero, a veces sin ninguno; y sus dificultades se multiplican por las prácticas habituales de extorsión y confiscación empleadas por algunos agentes de fronteras". Nótese que al final de la oración se asienta la frase "prácticas habituales de extorsión y confiscación empleadas por algunos agentes de frontera", o sea que en las fronteras de los países receptores se matraquea a los venezolanos que intentan ingresar, aspecto que atañe a esos países, no a Venezuela, ya que estas prácticas violatorias de derechos son realizadas por sus agentes de frontera. Si la referencia fuera de agentes de frontera en Venezuela, con toda seguridad la frase final de esa oración sería: y sus dificultades se multiplican por las prácticas habituales de extorsión y confiscación empleadas por algunos agentes de frontera en los paso de salida del lado venezolano, o simplemente agentes venezolanos de frontera, pero como las prácticas referidas evidentemente corresponden a los agentes de fronteras (en plural) de otros países, se opta por no precisar, para que el sentido captado inculpe a Venezuela también de los agravios contra la población venezolana después que arriban a otro país.

La tercera oración del párrafo comentado expresa: "Asimismo, los venezolanos se enfrentan a enormes obstáculos para conseguir la documentación que les permita facilitar la migración ordenada y el acceso a la educación y el empleo en otros países", lo cual no pongo en duda, pero debe admitirse, por otro lado, el hecho de que el Estado venezolano habilitó lugares de atención en 22 entidades federales para la gestión de dicha documentación y ha convertido la cobertura de estas solicitudes en una política pública, ¿o de que otra forma podrían haber salido a trabajar a otros países, mas de tres millones de venezolanos, según reporta el propio Informe Bachelet?

El décimo tercer párrafo está dedicado a solicitar a los países receptores disponer acciones y políticas de apoyo a la los emigrantes venezolanos para la regularización de su estadía, la inserción laboral, el acceso a servicios públicos y la reunificación familiar, es decir para que se respeten sus derechos humanos, aspecto por demás saludable del informe de la Alta Comisionada, que no amerita mas comentarios, mas allá de la aspiración de que Gobiernos como los del Ecuador desistan de campañas xenofóbicas contra nuestros connacionales, que puedan desatar persecuciones y maltratos como ocurrió recientemente, sin que la señora Bachelet se ocupara del caso.

El último párrafo fue consagrado a pronunciarse en favor del diálogo para la búsqueda de soluciones acordadas que beneficien a todas las partes, así como a exhortar a las autoridades, se supone que de la ONU, Venezuela y los EEUU, a tomar medidas que demuestren su compromiso real con la resolución de los numerosos desafíos presentes en todo el país, lo que quera que ello pretenda decir.

En resumen, se trata de 14 párrafos que contienen 51 declaraciones específicas sobre la situación venezolana, de las cuales, siendo benevolentes. 13 son ciertas (2 son positivas y 11 son negativas); 8 son dudosas por estar basadas en suposiciones, tal como le refleja la redacción del informe; 2 son medias verdades, y por tanto medias mentiras; y 28 son falsas, esto sin contar las recurrentes omisiones en las que se incurre y las manifestaciones de cuestionable preocupación basadas en información falsa, dudosas o tendenciosas, o sea que ni sumando las declaraciones ciertas, las dudosas y las medias verdades el Informe llega a ser cuantitativa o cualitativamente un apropiado reflejo de la situación venezolana en materia de Derechos Humanos.

3. La Parcialidad de Bachelet al hacerse parte de uno de los bandos en disputa

Considerando pues; 1) la vehemencia y prontitud de Bachelet para declarar la culpabilidad del gobierno venezolano en uso excesivo de la fuerza y para ordenarle que actúe en consecuencia, 2) La prudencia que ofrece cuando se trata de eventos similares y hasta peores protagonizados por Estados favoritos dentro del concierto capitalista internacional; 3) Las recurrentes manifestaciones de preocupación sobre los derechos humanos en Venezuela versus el omisivo silencio frente a la situación de derechos humanos en muchos países del mundo, incluido el suyo propio. 4) El voluminoso uso de la versión oposicionista venezolana versus el nulo uso de los datos e información suministrada por el Gobierno, así como Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como FUNDALATIN, como fuente de datos para sustentar el informe sobre Venezuela; 5) La evidente renuencia a incluir en sus informes y declaraciones referencias al impacto negativo para la situación económica y social del país de las medidas unilaterales violatorias del Derecho Internacional del gobierno norteamericano contra Venezuela, queda suficientemente sustentada la tercera y última conclusión general del presente escrito:

Michelle Bachelet es un actor más dentro del concierto internacional encabezado por el gobierno de los Estado Unidos de Norteamérica para agredir a Venezuela con miras a derrocar al Gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro Moros y concretar su antaña aspiración de controlar los recursos estratégicos de los que dispone nuestro país, y al mismo tiempo sentar precedentes para dar el mismo tratamiento a cualquier nación que pretende iniciar procesos independientes de desarrollo nacional por vías distintas al capitalismo.

En tal sentido, esperar de Bachelet una actuación distinta de la línea marcada por el gobierno de Donald Trump no sólo es ingenuo sino potencialmente peligroso para la estabilidad nacional de Venezuela.

 

fedemarxg@gmail.com



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Luis Fedemarx Gamboa


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