Violación de los Derechos Humanos en Venezuela

Una nueva táctica política de presión a Venezuela, se ha puesto de manifiesto por parte del imperio yankee, usando en este momento a la Corte Penal Internacional, y la judicializacion internacional del más conspicuo representante de este régimen calificado una y mil veces de comunista, el presidente Nicolás Maduro Moros.

Para el mundo no importa el principio de libre autodeterminación de los pueblos,

Este principio, está consagrado es el Segundo de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, luego, ¿Qué hace esa Corte aquí?

Recuerdo hace poco a Bachelet y ... ¿A qué vino esa honorable doña aquí? Pues en nombre de la ONU, fue a decir, por allá, por Viena, una sarta de tropelías, tan grotescas que su informe fue rechazado por inconsistente.

Pero el asunto no es sencillo, ni tiene que ver tan solo con organismos internacionales.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra la mayor suma de derechos humanos del mundo, en más de cien artículos incluidos los derechos de los pueblos indigenas.

Ya veremos, la responsabilidad del gobierno del presidente Maduro en la violación de los derechos humanos, que son letra constitucional en Venezuela y esos, si tienen que ver con el voto de todos y cada uno de nosotros.

La Corte Penal se dedica en en sus actos, a perseguir criminales de guerra y ex-prominentes líderes mundiales, colocados en la vindicta pública, favoreciendo la ideología neoliberal capitalista, contraria a la vida humana, la paz, la solidaridad, la cooperación, soberanía alimentaria entre los pueblos y naciones, cuestiones cuestiones atribuidas falsamente y hasta burlonamente al comunismo.

El fiscal Karim Khan, se presenta "oportunamente", en Venezuela, en medio de la apertura de una nueva fiesta electoral, luego de 28 procesos similares, que demuestran por el número, que Venezuela no necesita ser tutoriada ni intervenida por otros países que ni por asomo tienen nuestro talante democrático.

La CPI, se hizo presente para activar una investigación sobre delitos de lesa humanidad, ocurridos en los años 2014 y 2015 en sucesivas alteraciones del orden público, promovidas por el imperio Yankee y sus operadores en Venezuela, los partidos Primero Justicia (Julio Borges), Voluntad Popular (Leopoldo López), Únete (Manuel Rosales), Vente Venezuela (María Machado), AD (Henry Ramos Allup-Antonio Ledezma), Copei y más de 20 partidos o agrupaciones, civiles y militares, dedicadas desde el año 2002, luego de su más estruendoso fracaso, el golpe de estado del 11 de abril del 2002, ejecutado contra el presidente Chávez.

¿Creen en la Constitución estos señores?

¿Creen en la lucha electoral estos señores?

No...es más todos exigen retornar a la constitución de 1961, al menos la derogatoria de la del año 1999, votada y ratificada electoralmente por el pueblo venezolano.

De hecho Pedro Carmona Estanga, quien se auto - juramentó el 11 de abril de 2001 como lo hizo Juan Guaidó el 23 de enero de 2018, aborrecen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Prefieren gobernar sin ella, mediante una AUTOCRACIA apoyada por Estados Unidos de América (USA).

Carmona en 2002, no tuvo chance de acabar con PDVSA, el pueblo no se lo permitió, pues apenas tuvo el poder en sus manos, 48 horas.

Guaidó si pudo hacerlo, pues Maduro y el PSUV, le permitieron nombrar autoridades espureas en PDVSA, el Banco Central de Venezuela (BCV), embajadores en USA, Colombia, UK (Reino Unido), etc. y destruir el corazón económico de la República Bolivariana de Venezuela.

Con el apoyo de USA, estos criminales se apropiaron o traspasaron al imperio Yankee, más de 50.000 millones de dólares propiedad de Venezuela; CITGO y otros activos en USA, valen en libros de contabilidad 36.000 millones de dólares; la planta petroquímica Monómeros, ubicada en Colombia 3.000 millones de dólares, con una facturación anual de 1.400 millones de dólares.

Con la designación de una directiva ilegal del BCV, pero reconocida por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Inglaterra (UK), se apropiaron de 31 toneladas de oro, por valor estimado en 2.000 millones de dólares, depositados en el Banco de Inglaterra. Otros activos de PDVSA, ubicados en el Caribe y Europa, se estiman en 5.000 millones de dólares.

Esta violación del derecho internacional no concurre para ningún efecto en la investigación abierta por el tribunal penal internacional.

No es Guaido, es Maduro, objetivo de transformarlo en reo de la justicia internacional.

Ese cabo suelto lo cuadrará USA, e impondrá al Fiscal Karim Khan, conductas impropias e ilegales para violar la transparencia del proceso abierto contra Venezuela.

USA, estado que siendo el más importante actor en delitos de lesa humanidad, ocasionando daños a países, agrupaciones e individualidades, más allá de sus fronteras, se arroga un fuero e impunidad, rechazando incluso la apertura de averiguaciones, como recientemente lo hizo contra el mismo Tribunal representado por Karim Khan, en el caso de Afganistán, incluso emitiendo sanciones y amenaza de detener a la fiscal Fatou Bensouda, si ingresaba a territorio estadounidense.

El Secretario de Estado Mike Pompeo (USA) llegó al extremo de expresar públicamente que la CPI, estaba rota por la corrupción.

En Venezuela existe una violación masiva de derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Violados por el Estado venezolano, al margen de las sanciones impuestas por USA a Venezuela.

Basta mencionar dos:

1. Art. 84. "Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud...regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad..."

Todos sabemos el caos y la implantación del capitalismo salvaje en nuestro sistema público de salud.

Salvamos nuestras vidas y la de nuestra familia, solo si pagamos dólares, para medicinas, exámenes de laboratorio, simples consultas médicas, hospitalizaciones, cirugías.

El gobierno de Maduro, erradicó la contratación colectiva de seguros médicos (dejando a las empresas aseguradoras el lomito de los seguros individuales de HCM, incluidos los seguros funerarios para que expolien más al pueblo venezolano sin pagar impuestos).

¿A Cuántos venezolanos se les niega el derecho a la salud, consagrado en los Artículos 83 y 84 Constitucionales.

¿Porqué el gobierno permitió la dolarización del vital sistema público nacional de salud?

El Art. 318 Constitucional establece que es el Bolívar y no el dólar genocida la moneda de curso legal en Venezuela...cuando se cobran servicios de salud en dólares, Maduro viola los derechos y garantías constitucionales.

Y segundo caso de violación masiva de los derechos constitucionales:

El trabajo es un derecho y un deber de todos y cada uno, de cumplir una jornada mínima y gozaremos de la protección del Estado en el ejercicio de este hecho social y económico, incluso establece un máximo de ocho horas laborables, prohibiéndose la explotación laboral de niños y adolescentes.

En un enjudioso esfuerzo por proteger a los venezolanos del capitalismo salvaje, el constituyente de 1999, garantizó las contrataciones colectivas y la obligación del Estado de ser custodio de las prestaciones sociales a través del BCV, con el pago de intereses y de devolución inmediata al ser requeridas por el trabajador para fines de restitución de la salud, vivienda o recreación.

Pues sencillamente, Maduro, con un simple e inconstitucional memorándum, emitido por el repudiable ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, quien redujo el salario de los venezolanos, muy por debajo de los estándares internacionales y metió en un congelador las prestaciones sociales de todos nosotros.

Se violó por tanto el Art.91 Constitucional.

Aunque no tenemos la fuerza de coacción de la CPI, si tenemos la soberanía del voto, para castigar errores y delitos, tambien para exigir rectificación de políticas salariales y de salud pública.

Rectifica Maduro el juicio de la historia es más duro que el de cualquier Corte.

Feijoo Colomine

conafro@gmail.com

Caracas, 18 de noviembre de 2021



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