El rey al desnudo

La Ley de Zonas Económicas Especiales, Giro Neoliberal para despedazar el territorio y sucumbir ante la Doctrina Monroe

Dice el refrán en boca del pueblo..."el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones".

He aquí una crónica de un desastre anunciado, que traerá -de aprobarse- mayores males a la República.

Un grupo de parlamentarios del PSUV, preñados de buenas intenciones, pero acaso con poca información y obedeciendo "líneas de arriba", se disponen acabar con la Revolución Bonita, nacida el 4-F de 1992. No son los ángeles de la escritora Ángela Zago, parecen más bien los protagonistas de la biografía del Comandante Chávez, escrita por Alberto Garrido, plagada de conspiraciones, actos ilegales, traiciones, oportunismo, todo en torno al individualismo y el culto a la personalidad.

A un mundo de incautos, se le anuncia y proponen desde el PSUV la discusión de un instrumento jurídico, para demoler las bases y principios de la Revolución Bolivariana: una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley, para esta y las futuras generaciones... principios revolucionarios proclamados el Preámbulo del texto Magno que será violado.

¿Para eso, seis millones de venezolanos, elegimos el 6 y 9-D, una Asamblea Nacional, representativa de la voluntad que ya no es depositaria del pensamiento y voluntad mayoritaria del pueblo venezolano? ¿Perdí mi voto el 6-D?

Ya un mal presagio, lo tuvimos con los pueblos indígenas en el diciembre electoral de 2020, cuyos dolientes siguen marginados y sin voz, cuando nos enteramos que se decretó por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la ley ad-hoc que rigió dichos comicios, separando a los pueblos indígenas, del resto del pueblo venezolano, obligándolos a votar por separado el 9-D.

¿Quién determinó la restitución de esta odiosa y racial división entre los venezolanos, indígenas y no indígenas?

Al carajo el capítulo VIII Constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, en especial el artículo 126: "Los pueblos indígenas, forman parte del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible..." Y a renglón seguido, como si en los 20 años de Revolución Bolivariana, estos pueblos, que en 1999 eran 28 etnias reconocidas y hoy son 44, no hubiesen crecido ni revitalizado, sin embargo, su representatividad se mantuvo al igual que en 1999, en tres diputados en la Asamblea Nacional.

Ahora, nos presentan como si fueran una magnífica novedad, las Zonas Económicas Especiales, bajo un formato de "Ley Orgánica", e imponerlas como modelo de organización del territorio, a las regiones fronterizas y los hábitats indígenas, expresamente consagrados y no desarrollados en los artículos 15 y 119 Constitucionales.

Las ZEE no son ninguna novedad. Existe una grave anomalía, originada por dos decretos: el 1495 y el 1496, los cuales crean en diciembre de 2014, las zonas económicas especiales de Paraguaná, en el estado fronterizo Falcón y Ureña-San Antonio, en el estado fronterizo Táchira.

En ambas, se rompió la integridad territorial consagrada en el artículo 4to. Constitucional.

¿Fueron consultados para tales decretos, los consejos legislativos de los estados Falcón y Táchira?

No!!

Fue atropellado el 164 Constitucional, pues es competencia de los estados, la organización de sus municipios en la inversión y administración de sus recursos, así tengan origen especial. Más, si se trata de estados fronterizos, con límite internacional, como es el caso de Falcón, respecto a Antillas Neerlandesas (Reino de Holanda) y Táchira respecto a la república de Colombia.

Pero se viola también el 15 Constitucional, "El estado tiene la obligación de establecer una política integral en los espacios fronterizos... Atendiendo a la naturaleza propia de cada región fronteriza, a través de asignaciones económicas especiales, una ley orgánica de fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad."

Pero hablemos de la fracasada ZEE Ureña-San Antonio del Táchira, luego de siete años de creada por Ley Habilitante, nada menos que por el presidente Nicolás Maduro.

Acerca de sus promotores: el ex-militar José Gregorio Vielma Mora, que como gobernador del estado Táchira en diciembre de 2014 y el ministro de planificación Ricardo Menéndez, quienes logran que el presidente Nicolás Maduro dicte el decreto 1496 (GO.40.554) de la Zona Económica Especial Fronteriza Ureña-San Antonio, afectando un territorio de 279,4 km2 (suma del territorio de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña) y sus 118.005 habitantes.

Hubo inversiones y gastos presupuestarios, en bolívares y dólares; de hecho lucen en el abandono instalaciones y puentes peatonales en el sitio "Tienditas", donde se encuentra aún cerrado y nunca inaugurado por las repúblicas de Venezuela y Colombia, el puente internacional.

No se conocen consultas con el Consejo Legislativo del estado Táchira, tampoco informes de la Contraloría del Estado Táchira, ni de la Contraloría General de la Nación, acerca de la rendición de cuentas, causadas por el Decreto señalado.

Menos aún las instalaciones de un hotel, centro comercial con restaurantes, bancos, casas de cambio, tiendas, estación de servicio para venta de hidrocarburos, galpones para fábricas y talleres de confección de ropa y calzado, marroquinería, carpinterías, carrocerías, plásticos, para ocupar unas 270 hectáreas de urbanismo, a siete años de haber sido aprobado el proyecto y financiamiento de esta Zona Económica Especial Ureña-San Antonio.

No se conoce la existencia de un informe de opinión, por parte de la Procuraduría del estado Táchira.

¿Fueron consultados los concejos municipales de Bolívar y Pedro María Ureña?

No!!...No existe ordenanza de creación de una Mancomunidad Municipal.

Pero cuando evaluamos tanto los decretos de las ZEE de Paraguaná y Ureña y San Antonio del Táchira, nos encontramos con una diferencia clave: en ambos decretos un idéntico artículo 6to. Y su numeral 7 reza: Las empresas establecidas en la Zona Económica Especial ….(Paraguaná o Ureña y San Antonio) deben CUMPLIR CON LAS LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS DE PROTECCION AL TRABAJO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, GARANTIZANDO A SUS TRABAJADORES A REALIZAR SUS LABORES EN CONDICIONES DIGNAS, SEGURAS Y SALUDABLES.

Al desaparecer del proyecto de está Ley de ZEE, se promueve la desregularización laboral, acciones contra la clase obrera, para que se instale un régimen de MAQUILA, trabajo a destajo, prohibido en la Constitución y ley orgánica del trabajo. Destruirá el esfuerzo de más de 40 años empleado por Miles de tachirenses de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña en el desarrollo de un centenar de Pequeñas y Medianas Industrias metalmecánicas, del plástico, del calzado y confección de ropa y cuero, entre otras, hoy prácticamente destruidas, pero donde se respetan las regulaciones laborales previstas en los artículos 91 y 92 Constitucionales.

Esas industrias se desarrollaron desde el año 1976, cuando por iniciativa privada y de la municipalidad de Ureña, se emite una ordenanza de estímulo a la instalación de pequeñas y medianas empresas, lográndose en 36 años la consolidación de un grupo de fabricantes de ropa, calzado, muebles metálicos, carrocerías, diversidad de plásticos para uso doméstico y partes automotrices, para dar empleo directo a cinco mil trabajadores calificados y 30.000 empleos indirectos.

Se une a esta iniciativa el municipio Bolívar en 1980, con estímulo y permisología municipal para un régimen de maquila en la producción de cigarros, marroquinería, (materia prima ingresada desde Colombia), también muebles metálicos. Pero el régimen laboral de maquilas, agregado a varios graves accidentes, impusieron un estatus ilegal en Venezuela que colocó a estas industria en un pequeño nicho económico marginal, para el predominio del comercio fronterizo con Colombia.

Ureña nuestra importantes récords de producción: al inicio del gobierno del presidente Chávez, se producían mensualmente: 6 millones de jeans, 150.000 pares de calzado, 15 buses de capacidad de 30 pasajeros. Ureña tenía capacidad para surtir todo el ajuar requerido por dos millones de escolares venezolanos (uniforme, lycras, calzado, bulto, lápices y cuadernos).

Venezuela y Colombia tienen rotas las relaciones políticas y consulares, las comerciales desde hace doce años cuando Venezuela se retiró de la unión aduanera consagrada por el Acuerdo Subregional Andino, cómo impedir que los capitales ilegales del narcotráfico fluyan desde el territorio del Departamento Norte de Santander de Colombia, considerado el más importante territorio productor de cocaína heroína y marihuana del mundo.

Como dato curioso, la Cámara Venezolano-Colombiana, organismo empresarial que agrupa a empresarios colombianos, se convirtió en importante promotora de la ZEE Ureña-San Antonio.



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Feijoo Colomine


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