Una solución a la emergencia funeraria

A raíz del incremento del cerco financiero y político que el gobierno de Los Estados Unidos, aplica unilateralmente a la segunda gestión del Presidente Nicolás Maduro, por la implementación de políticas públicas incorrectas y graves focos de corrupción, las condiciones de vida de los venezolanos se han deteriorado aceleradamente en los últimos tres años.

Para colmo de males, a esta precariedad vivencial viene a sumarse los efectos de la emergencia sanitaria del COVID 19, que tiene colapsada la economía mundial desde hace ocho meses. Es como llegar al páramo sin sábana ni cobija.

La manifestación más dramática de esta calamidad colectiva, se expresa con la manera anormal como la sociedad está resolviendo los casos de fallecimientos de algunos de sus miembros. Dada la pobreza generalizada en que han caído la mayoría de los hogares venezolanos, cubrir los elevados costos de un servicio mortuorio, es prácticamente imposible.

Antes semejante realidad, se están enterrando cadáveres en los patios, o simplemente los dejan abandonados en las morgues de los hospitales o los tiran en las puertas de los cementerios. Esta insólita situación no es "cuento ni melodía". Es una cruda realidad que padecen diariamente los venezolanos actualmente.

Antes del abrupto descalabro del ingreso familiar (hoy a duras penas alcanza para medio comer), con enormes traumas financieros (adelanto de prestaciones sociales, deudas con giros a largo plazo, ventas de activos circulantes), las contingencias funerarias se lograban solventar.

Aprovechándose de estos momentos tormentosos el empresario de los muertos, se hizo millonario. En su afán por enriquecerse más y más, cada tres años se declaran en quiebra mercantil, para evadir su responsabilidad de atender contratos con altos porcentajes de siniestralidad. Inmediatamente, con los mismos accionistas e igual patrimonio, pero con nombre diferente, se constituyen mercantilmente nuevamente para seguirle sacando provecho al negocio de los difuntos. Perseguidos por ese mismo instinto diabólico de lucro, la misma suerte corrieron los cuantiosos fondos de los montepíos, lujuriosamente repartidos entre las empresas, los funcionarios gestores de la Secretaría de Administración de la Gobernación y los sindicalistas corruptos que también reciben una tajada del botín que generan los descuentos funerarios.

Tratando de ofrecer unos servicios a bajos costos, con una visión más comunitaria que mercantilista, un grupo de compañeros encabezados por la Dra. Brigitte Bernard y con la asesoría del experto en mercadotecnia Heberto Pacheco, presentaron en 2013 al Gobernador Arias Cárdenas un proyecto denominado "Misión Clave Azul".

La propuesta le atribuía a los Consejos Comunales un protagonismo de primer orden y les fue explicado con lujos de detalles al Secretario General de Gobierno, Blagdimir Labrador, actual Alcalde del Municipio Colón del Estado Zulia. El proyecto fue remitido para su análisis y consideración al Secretario de Administración Salvador González, quien nunca dio repuesta a esta formidable iniciativa popular. Con toda seguridad en aquella ocasión, privaron los intereses oscuros del contaminado mundo de los "Zamuros Funerarios".

El mismo día que ese hizo esta presentación, quien escribe esta crónica, se reunió con el Lic. René Mesa, representante Diplomático de Cuba en Maracaibo. Al comentarle el contenido del proyecto llevado horas antes a la gobernación, el camarada Mesa relató que también en su país el negocio fúnebre estaba controlado por mafiosos, que al triunfo de la revolución, en polvorosa, dejaron "el pelero" y se fueron a Miami.

Superada las grotescas diferencias existentes en la sociedad cubana (Los negros no podían ser enterrados en el cementerio de los blancos), desde entonces a comienzos de la revolución, los habitantes de la isla cuentan con un servicio funerario, eficiente y gratuito que los brinda el gobierno socialista a la hora del deceso de todo ciudadano cubano.

Para los hijos de la tierra de José Martí, actualmente la muerte es un acto sobrecogedor que transcurre con la mayor naturalidad, sin sobresaltos e incertidumbres económicas familiares de última hora.

¿Tienen derecho los venezolanos de disfrutar del mismo sosiego y tranquilidad a la hora de tan dolorosa contingencia funeraria con un ser querido?

Para alcanzar ese objetivo, el Grupo Bastión Moral impulsa la Misión Clavel Azul. En Venezuela la actividad funeraria está sometida a la "Ley para la regulación y control de la prestación de servicios funerarios y cementerios", publicada en la gaceta oficial N° 40358 de fecha 18 de Febrero de 2014, un año después de ser presentado el proyecto Misión Clave Azul en La Gobernación del Estado Zulia.

En el Artículo 4 del referido texto legal, se autoriza al Ejecutivo Nacional para garantizar los servicios funerarios en condiciones de calidad y precios justos. Así mismo, el Artículo 39 señala que es responsabilidad de los Municipios, garantizar que los servicios funerarios y de cementerios sean prestados con la mayor prontitud, transparencia y solidaridad a la población, evitando su especulación en la prestación de los mismos. También se obliga a Los Alcaldes, crear las partidas presupuestarias que permitan atender aquellas personas en estado de pobreza crítica, ¡Ojo! que ahora somos la mayoría de los venezolanos.

Los artículos 54, 55 y 57 se refieren a la creación del Consejo Nacional Integral de los Servicios Funerarios y de Cementerios, énte multidisciplinario encargado de planificar, evaluar y fiscalizar las actividades desarrolladas por las empresas funerarias, así como las sanciones para los que transgredan las obligaciones establecidas en la presente ley.

Superada ampliamente por la realidad social, casi todo lo previsto en la mencionada ley, su aplicación resulta contraproducente e ineficaz.

Se impone entonces elaborar una nueva legislación en materia funeraria que garanticé la gratuidad total del servicio, con un control absoluto por parte del Estado Venezolano, tal cual como ocurre perfectamente en Cuba.

En estas circunstancias, ahora más que nunca, surge como necesidad perentoria la implementación de la Misión Clave Azul, para comenzar a diseñar esa estructura legal y material que le permita a los venezolanos, atender una contingencia funeraria en un clima de tranquilidad y sosiego sin los traumas y graves dificultades económicas como ocurre ahora. Ojalá el presidente Nicolás Maduro tenga la oportunidad de conocer esta interesante propuesta comunitaria.



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Alirio Almao

Abogado Memorialista.

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