Este proceso, meticulosamente orquestado, no sólo buscó perpetuar el poder por medios lícitos o ilícitos, como descaradamente declararon sus cabecillas, sino también anular cualquier sendero viable hacia un cambio pacífico. El Poder Ejecutivo, el Poder Electoral (CNE) el Poder Judicial, el Poder Legislativo y Poder Ciudadano actuaron de consuno, no para salvaguardar la voluntad popular, sino, por el contrario, para usurpar cualquier victoria que no fuera la propia. Posteriormente, emplearon el aparato coercitivo del Estado y cuerpos parapoliciales para aterrorizar a la ciudadanía, reorganizando así el espectro político e institucional del autoritarismo. El resultado ha sido miles de detenciones, incluyendo más de cien menores de edad, de los cuales cuatro permanecen encarcelados. Los recursos legales y los reclamos ciudadanos resultaron infructuosos; aquellos que recurrieron a la vía institucional para impugnar los resultados hoy se encuentran detenidos, incomunicados, asilados o rehenes del gobierno de facto ilegítimo.
De nada valieron los recursos legales, reclamos hechos por los ciudadanos hoy esos mismos que usaron la vía institucional para reclamar resultados están detenidos, incomunicados, asilados y rehenes del ilegitimo gobierno de facto.
En Venezuela, la emisión del sufragio ya no es un acto libre. Se vota bajo coacción, amenaza de despidos, chantaje por prebendas económicas, y en un contexto de inhabilitaciones políticas, exilios forzados, censura, asilo político, desapariciones forzadas e incluso muertos, todo ello en un sistema electoral subordinado al poder y al terrorismo de Estado. La democracia ha sido destruida. Somos rehenes de un régimen que se sustenta en el terrorismo de Estado y la sistemática violación de los derechos humanos.
Lo más apremiante de esta coyuntura es la persistencia en imponer una narrativa de supuesta alternancia, fundamentada en falacias y una abstención electoral monumental, que se enmascara con términos como "electores activos", una categoría inexistente en la legislación electoral vigente. Simultáneamente, persisten las promesas vacuas de una "oposición" fragmentada: aquellos que corroboran las acciones gubernamentales —una oposición a la carta y colaboracionista—; quienes conciben la abstención como la panacea; y aquellos que, asumiéndose vencedores, no emprendieron acciones ni en la esfera pública ni en las instituciones para demostrar el fraude y reivindicar su triunfo. En el momento crucial de reclamar cívicamente la victoria del 28J, exhortaron a la calma.
¿Cuántos años más de calma va a soportar este pueblo frente a la ausencia de liderazgos creíbles que no fueron capaces en medio de su odio ejercer dicha vanguardia que diera al traste con el fraude?
Ése sector, hoy como siempre, aboga por una intervención extranjera para defender sus votos y "liberarnos" desde la clandestinidad. Su proyecto programático no difiere del modelo entreguista gubernamental; descaradamente se ofrecen a sí mismos y al país como un "abasto" asegurado para la explotación y el expolio de las corporaciones globales. No existe discrepancia sustancial entre éste programa y el que sistemáticamente ha venido aplicando el gobierno, ahora completamente deslegitimado y sostenido exclusivamente por el terror.
Además este gobierno ha asumido que para conservar el poder "cómo sea" debe eliminar los liderazgos alternativos, las leyes electorales y la propia Constitución para conculcar la soberanía, la libre competencia y escogencia, vaciando de contenido a la democracia misma, infiltrado todos los espacios de representatividad con negocios turbios y promesas de poder.
Advertimos que, a partir de la reforma constitucional y electoral proyectada para el próximo año, presenciaremos una reestructuración inconstitucional del poder público en todas sus facetas. Vaticinamos que para asegurarse el poder transformen las elecciones mediante el voto directo secreto universal y soberano, en unas pseudo elecciones de segundo grado, vinculada a los espacios milimetricamente controlados por el régimen, clausurando así, de forma definitiva, cualquier posibilidad o fisura que permita un cambio político pacífico.
Es evidente, entonces, que nos corresponde luchar y resistir. Quién no esté dispuesto a asumir los costos inherentes a esta lucha y resistencia debería sincerarse y orientar su vocación hacia el ámbito empresarial.
Somos una mayoría que aún no ha comprendido la magnitud de su poder. Asumir con determinación inquebrantable nuestra obligación de luchar por la libertad del país, y liberarnos de ambas facciones que nos mantienen desmoralizados y desmovilizados, para construir una alternativa que responda a los intereses supremos de la Nación, es una imperativa impostergable.
¡Nadie vendrá a salvarnos! Estamos en manos de una minoría armada cuyo propósito es subyugarnos por cualquier medio, incluso el más cruel.
Sólo un pueblo unido, consciente, resuelto, irreverente, organizado y con un propósito definido puede redimirse de este destino que parece haber sido planificado por los captores.
Desestimar estas difíciles circunstancias que atravesamos es una quimera. Nos enfrentamos a un dilema existencial de vida o muerte.
Ni María Corina Machado nos salvará, ni Donald Trump o el Departamento de Estado de EE. UU.
Mientras no asumamos nuestra responsabilidad como pueblo frente a la realidad ineludible que confrontamos, no habrá una solución definitiva. Comprender esto es cardinal. No podemos seguir paralizados frente a una polarización entre el terror gubernamental y la animadversión de María Corina Machado, que amenaza con erradicar todo vestigio de justicia social.
Entonces ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Proponemos entonces organizar a las mayorías, reconstruir redes, liderazgos, con una adecuada formación política desde abajo y desde lo popular, y entender que sólo la determinación absoluta con propósito de ser libres, podrá romper la inercia y provocará el quiebre interno y la transición.
Toca reconstruir todo lo que nos arrebataron y tenemos el deber de levantar la voz para que lo escuchen todos los venezolanos decentes y que aman nuestro país.
¿Será un proceso lento? Dependerá exclusivamente de nosotros mismos.
Ninguna minoría armada puede prevalecer sobre mayorías determinadas y carentes de temor, que, actuando simultáneamente y con objetivos claros, serían imbatibles.
Se trata de comprender en toda su dimensión y crudeza el problema y la solución: sin liderazgos alternativos, sin tejido social, sin pedagogía política y sin nuevas narrativas, cualquier solución será aplastada por el autoritarismo.
Nos toca asimilar que el fraude no fue meramente electoral, sino también institucional, ético, simbólico y estratégico; éso es una premisa ineludible.
Este complejo desafío que tenemos por delante, es momento de asumirlo con seriedad y olvidarnos de la vana idea de que, basta con un nuevo candidato o nuevas elecciones, para solucionarlo.
El curso de acción se definirá en los ámbitos donde se gesta la política real: comunidades, asambleas, organizaciones y movimientos sociales, sindicatos, universidades, entre otros espacios. Allí donde el poder teme nuestro reencuentro, debemos insistir, persistir y seguir luchando por recuperar no solo la libertad, sino los postulados democráticos, la justicia social, la independencia y la dignidad.