En días recientes leía en Russian Today: ("Utilizaremos los canales de comunicación disponibles con los estadounidenses para aclarar esta situación", comentó el vocero del presidente ruso)
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"Existen coyunturas nacionales donde callar equivale a consentir, y donde la vacilación no es más que una deslealtad encubierta." Venezuela atraviesa uno de esos momentos decisivos donde se juega no solo el control de sus recursos naturales, sino la esencia misma de su existencia como nación soberana. Lo que está ocurriendo no es un simple diferendo diplomático ni una negociación geopolítica más: es el intento descarado de convertir al país en un protectorado energético, en un botín de guerra repartido entre potencias que dialogan sobre nuestro petróleo como si fuera suyo.
La arrogancia imperial que pretende decidir unilateralmente quién puede comprar o vender el petróleo venezolano no tiene precedentes en la historia moderna de las relaciones internacionales. Que una potencia extranjera se arrogue la facultad de "autorizar" las transacciones comerciales de un país soberano con sus recursos propios representa una violación flagrante del derecho internacional y un insulto a la dignidad de todo un pueblo. No estamos ante una sanción ni ante una medida de presión: estamos ante un acto de piratería económica vestido con el lenguaje aséptico de la geopolítica.
Mientras Rusia declara que utilizará "los canales de comunicación disponibles" para discutir sus inversiones petroleras en Venezuela con Estados Unidos, una pregunta fundamental queda flotando en el aire: ¿Desde cuándo las potencias extranjeras discuten entre ellas el destino de los recursos venezolanos sin que Venezuela sea la voz principal, protagónica e ineludible de esa conversación? ¿Cuándo se normaliza que otros decidan sobre lo nuestro mientras nosotros permanecemos como espectadores de nuestro propio despojo?
La situación actual exige de quienes ejercen el poder en Venezuela, cualquiera que sea su color político o su legitimidad de origen, una postura clara, inequívoca y contundente. No puede haber espacio para la ambigüedad cuando lo que está en juego es la soberanía nacional. No pueden existir cálculos políticos que justifiquen el silencio ante la humillación de ver cómo potencias foráneas negocian nuestro patrimonio como si fuéramos un territorio sin dueño, una tierra de nadie donde los poderosos ejercen su voluntad sin cortapisas.
Es inadmisible, por decir lo menos, que se reciba con honores y celebraciones (alfombra roja rojita) al funcionario energético o a su representante de negocios, de la misma administración que ejecutó la extracción forzada del presidente constitucionalmente electo del país. Hay una línea que no puede cruzarse sin perder toda credibilidad moral: no se puede denunciar un secuestro por un lado y estrechar la mano del secuestrador por el otro. No se puede clamar por la soberanía mientras se entrega el control efectivo de los recursos que la sustentan. La coherencia no es un lujo en política: es la base mínima de la dignidad nacional.
Venezuela no es una ficción jurídica ni un concepto abstracto. Es una nación con doscientos años de historia republicana, construida sobre la sangre de quienes murieron precisamente para que ninguna potencia extranjera pudiera decidir sobre nuestro destino. El petróleo venezolano no es estadounidense, ni ruso, ni chino. Es venezolano. Y cualquier decisión sobre su exploración, explotación y comercialización debe tomarse en Caracas, por venezolanos, en función de los intereses venezolanos.
Más allá de la coyuntura política que hoy fragmenta y polariza al país, existe una verdad fundamental que trasciende todos los bandos: sin soberanía sobre nuestros recursos no hay proyecto nacional posible, ni de derecha ni de izquierda, ni revolucionario ni liberal. Sin el control efectivo de nuestro petróleo, Venezuela deja de ser un país para convertirse en una provincia energética administrada desde el exterior. Y ningún gobierno, ningún líder, ninguna facción política tiene derecho a hipotecar ese principio fundamental.
Los venezolanos, todos los venezolanos sin excepción, tenemos el derecho inalienable de decidir sobre nuestros recursos. Decidir si queremos inversión extranjera o autosuficiencia nacional. Decidir si preferimos asociarnos con Rusia, con China, con Estados Unidos o con nadie. Decidir si queremos gerencia técnica externa o desarrollo de capacidades propias. Pero esas decisiones deben tomarse aquí, en nuestro territorio, a través de nuestras instituciones, por imperfectas que sean, y no en despachos de Washington, Moscú o cualquier otra capital extranjera.
La historia no perdona a quienes, teniendo en sus manos la posibilidad de defender la soberanía nacional, optaron por la conveniencia del momento coyuntural, por el cálculo mezquino o por el silencio cómplice. Venezuela ha sido saqueada durante siglos: primero por el colonialismo español, luego por compañías petroleras norteamericanas que se llevaron nuestra riqueza dejando migajas, después por gobiernos corruptos que dilapidaron el patrimonio común (no se salva ninguno). No podemos, no debemos permitir que en el siglo XXI se produzca un nuevo episodio de ese largo despojo.
Este es el momento de la claridad absoluta. Quienes hoy ejercen responsabilidades de gobierno en Venezuela, independientemente de cómo llegaron al poder, tienen ante sí una prueba histórica inapelable: defender la soberanía nacional sobre los recursos naturales o pasar a la historia como los administradores de un protectorado. No hay término medio. No hay espacio para la ambigüedad. No hay cálculo político que justifique la entrega de lo que es de todos los venezolanos. Ya no es el discurso de aquellos que con disfraz, gritaban consignas anti-imperialistas. Es hora de tomar el discurso y llevarlo a la práctica revolucionaria sin ambigüedades.
La dignidad de un país no se mide por su poderío militar ni por el tamaño de sus reservas petroleras. Se mide por su capacidad de decir "NO" cuando le pretenden imponer lo inaceptable. Se mide por la coherencia entre el discurso y la acción. Se mide por la valentía de sus líderes para defender lo que es innegociable, aunque eso implique costos políticos o económicos inmediatos.
Venezuela merece líderes que entiendan que hay principios que están por encima de cualquier coyuntura. Que comprendan que la soberanía no es un eslogan para discursos oficiales sino una práctica cotidiana que se defiende con hechos concretos. Que sepan que ningún acuerdo, ninguna inversión, ninguna conveniencia geopolítica vale el precio de nuestra autodeterminación como nación.
El petróleo venezolano es venezolano. PUNTO. Y cualquier gobierno que no sea capaz de defender ese principio básico con toda la contundencia necesaria no merece gobernar esta tierra que Bolívar soñó libre y soberana.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE
