¿Puede la AN comprometer a la patria impunemente?

Los otrora dueños del país, quienes asumieron el poder absoluto tras fraudulentas elecciones desde 1959 hasta 1999 y que luego de tácticas de guerra económica lograron enquistarse hace más de un año en el recinto del Capitolio Nacional del cual son mayoría, han dado un paso al frente sin caretas solicitando la mayor penalización que permite la Organización de Estados Americanos (OEA) contra cualquiera de sus miembros.

Así como suena, en una sesión que pasará a la historia como la mayor ignominia ocurrida en la Patria desde que esta nació; el Parlamento, representado por los miembros de los partidos Acción Democrática (AD), COPEI, Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular(VP), Movimiento Al Socialismo (MAS), Vente Venezuela (VV) y el resto de las minorías satelitales del partido MUD han aprobado un documento que la historia no absolverá jamás, donde se le pide a la OEA que expulse a Venezuela como medida sancionatoria por el hecho de que los venezolanos no los eligen a ellos para el cargo presidencial.

Ni en los peores momentos de la patria ocurrió semejante barbaridad, pero entonces la pregunta obligada es: ¿Puede la Asamblea Nacional solicitar una medida de esa naturaleza, que afecta a todos los venezolanos de manera impune? y por asociación se derivarían las siguientes: ¿Puede una fuerza invasora venir a darles el control del país a esa marabunta por solicitud de ellos mismos de manera impune? ¿Tiene valor legal internacional la solicitud emanada de un órgano del nivel de la Asamblea Nacional?.

Hemos visto de todo en esta guerra por el poder que se desató desde 1999 cuando asumió la presidencia el comandante Hugo Chávez por mandato popular. Pero la oposición ha estado siempre encubierta y trabajando desde las sombras, entonces, ¿Que la envalentonó de tal manera que no le importó sacar su cara real al público y aprobar semejante barbaridad?

Con esa salida las cartas están echadas, la oposición se la juega al todo por el todo y sus seguidores deberán medir las consecuencias de sus actos, las personas que apoyaron a esos diputados deberían de inmediato quitarles el mandato que les dieron y las leyes deberían actuar con premura ante tamaña traición a la patria.

¿Pero, podrá la ley ser aplicada en ese escenario? En otro país el sólo hecho de que un presidente proponga una consulta para ver si los ciudadanos quisieran reformar su constitución impulsó a que la Asamblea Nacional de ese país, sin pensarlo dos veces, sacara a patadas a ese presidente de su propia cama, lo montara en un avión y lo lanzara en pelotas a otro país. En otro el sólo hecho de que una mayoría del Parlamento decidiera que la presidenta podría haber realizado actos de corrupción hizo que esta fuera destituida en menos de lo que dura un peo en un chinchorro. Esos países tienen algo en común: los presidentes eran de izquierda progresista y los Parlamentos de derecha; esa parece ser la única manera de que las decisiones radicales sean aceptadas por la “comunidad internacional”; coño nosotros estamos en esa misma situación; con un Presidente progresista y una Asamblea de derecha; entonces como que corremos el mismo peligro.

Sólo el pueblo salva al pueblo y es aquí donde todos tenemos que actuar para defendernos: La Asamblea Nacional no puede solicitar una medida internacional que nos afecte a todos y nosotros quedarnos en los lamentos y de brazos cruzados esperando que nuestra Canciller proteste o el Presidente comente por televisión.

La renuncia a sus cargos de esos diputados apátridas debe ser inmediata y sin demora; esos individuos no pueden estar ahí impunemente llamando a la comunidad internacional a crearnos daños para ganar privilegios de ningún tipo y menos económicos que es lo que al final pretenden.

Vendieron la patria por monedas de plata, por migajas que les darán quienes les dan órdenes bajo la promesa de ganancias futuras.

Sus nombres deben ser inscritos en los libros de la historia para que la vergüenza y el escarnio público les acompañe mientras tengan vida y mas allá.

La Constitución Nacional en su artículo 25 expone que “todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole los derechos garantizados por esta constitución y la ley es nulo, y los funcionarios que lo orden o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos”. El Art. 350: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”; Y, como base fundamental a todo acción, nuestra Carta Magna nos permite revocar cualquier acto que este contra nuestros principios y nuestras conveniencias en el artículo 5 que dice: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley, e indirectamente, mediante el sufragio por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

Entonces si la soberanía reside en el pueblo, los representantes de ese pueblo tienen derecho a defenderse de los actos en que incurran aquellos representantes que una vez fueron electos para actuar en nuestro nombre, en la base de que nuestra democracia actual por principio constitucional dejó de ser representativa para ser “participativa y protagónica”, es decir aquella época en que los elegidos eran infalibles en sus actos terminó y en cualquier momento nosotros, el pueblo, podemos participar para corregirles el rumbo y ser protagonistas de nuestro propio destino.

Después de esa ignominiosa sesión hay meritos más que suficientes para que el pueblo exija la disolución de esa Asamblea Nacional Ya, pa luego es tarde.



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Oscar Jiménez


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