La Guajira vive un estado de sitio

Lo que ocurre en la Guajira es una afrenta al legado  de Hugo Chávez. Tras la activación del Distrito Militar cuyo propósito es preservar la integridad territorial, la soberanía, la defensa, la seguridad y la identidad nacional, en ese espacio estratégico fronterizo se vive en un Estado de sitio.   

Las voces de la Guajira resuenan en el parlamento nacional: "Nosotros no somos bandoleros, ni bachaqueros, ni contrabandistas, ni guerrilleros, ¡somos comerciantes fronterizos con más de cinco siglos de historia y resistencia!.

Fue el presidente y comandante supremo Hugo Chávez Frías-como Jefe de Estado- el primero en reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas dándole rango constitucional y más aún se declaró aliado de "los indios", incluso antes de que la Organización de las Naciones Unidas aprobara la Declaración de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el año 2007.

A casi cuatro años del decreto de creación del Distrito Militar, publicado en la Gaceta Oficial el 28 de diciembre de 2010, entre cuyos considerandos está la protección de la población, especialmente la indígena, los promotores y defensores de los derechos humanos de la Guajira aseguran que el proceder de los militares destacados en la Península no se corresponden con la voluntad y el espíritu de dio origen a esta iniciativa. El dilema del pueblo wayúu es si amanece vivo o muerto porque la realidad supera cualquier historia imaginaria.

 He aquí algunos hechos procesados y sustanciados por los defensores de los derechos humanos, cuyo  informe fue consignado en el Consejo Presidencial de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, Asamblea Nacional, Defensa Pública y Parlamento Latinoamericano,  en el cual los autores de estas violaciones están plenamente identificados y por razones de investigación se guarda la reserva de estos casos que contravienen el Estado de Derecho.

Once muertos: José Efraín González, Melandro Pirela González, Yovanny Meléndez Salas, Elvis Alfonso Escandón, Wilmer Fernández Farías, Zoe del Carmen López, Kelvis Barroso, Alexander Paz Mejías,  Yuskelys González López, Wilfredo Cambar González y Nelson Enrique González y Willy Márquez Puche.

Veintitrés heridos: Ana Delgado, Vanesa Delgado, José Guillermo González, Fran Cooper, Jouttay Chacín Palmar,  Moisés Contreras Mazzulli, Zoilo José Chacín Contreras,  Karelis Bravo Lozano, Ramsés Díaz Lozano,  Diego García Lozano, Katiuska Bravo Lozano,  José Lozano Parra, Bartolo Arévalo, Humberto González, Yorbis Báez González,  Javier Pirela, Ali Pirela,  Carlos Olarte, José Guillermo Castro,  Anuar David López Gómez,  Angel Benito Báez,  Mario Enrique Fernández, Olga Flores y Aurelio González.

Nueve torturados:  Anuar David López Gómez, José Guillermo Castro, María Elena Rodríguez, José Luis González Zambrano, Jorge Luis Larreal, Ender José Quintero, Alvaro Javier García Herrera,    Jeohomar Jasay Paz Paz y  Eudo González Atencio.

Un secuestrado:   Jesús Méndez.

Un desaparecido: Anuar David López Gómez.  

           Veintisiete personas privadas de libertad: María Chiquinquirá García, José Elías Chourio, Aurelio Gutiérrez, Eliezer Antonio González, Carlos José Fernández, Magalis Gutiérrez, Baltil Onicia González, Cecilia González y Claudio Castillo, entre otros.

A esta situación de violación flagrante de los derechos humanos, en la Guajira venezolana se cuentan más de sesenta allanamientos ilegales, el más reciente se registró en la vivienda de los familiares del abogado y funcionario del Cuerpo de Investigaciones  Científicas, Penales y Criminalísticas Adalberto Salas, detenido por los militares cuando realizaba una operación encubierta contra el narcotráfico.

No hay autoridad que ponga fin a los desmanes en la Guajira, sitiada por las fuerzas militares que han convertido en un objetivo militar a todo aquel que se desplace por la frontera norte del Zulia, violando los más elementales derechos de los pueblos y comunidades indígenas,  cercenando la práctica ancestral del comercio fronterizo como único modo de supervivencia, frente al accionar ilegitimo del Estado que al tiempo que le reconoce sus derechos les niega su propia existencia.



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