Bases constitucionales contra Dolar Today

La divulgación de la tasa de cambio informal entre bolívares y dólares realizada por la pagina web DolarToday afecta negativamente la economía venezolana al fomentar el alza de los precios de una extensa variedad de productos que, siendo total o parcialmente importados, son masivamente consumidos por los venezolanos.

Desde nuestro enfoque constitucional, consideramos que una vez verificada la relación de causa y efecto entre la mencionada divulgación y el encarecimiento de los bienes podemos identificar un elenco de derechos constitucionales que son directamente infringidos.

A nuestro juicio el principal derecho violado es la seguridad alimentaria consagrada en el artículo 305 de la Constitución. Esta se ve lastimada por la divulgación de información monetaria poco confiable lo cual altera la situación de los alimentos en cuanto a precio, disponibilidad, etc.

Lo que hace DolarToday y otros medios semejantes es un crimen pluriofensivo pues lesiona varios derechos como la salud al encarecer las medicinas, la viviendas al hacer más costosas las casas. Del mismo modo socava todos aquellos derechos de naturaleza económica que son abarcados por esta plaga especulativa del ciberespacio.

Todavía persiste un vacío en la legislación nacional respecto al novísimo delito perpetrado mediante divulgación de información dañina a través de esta página web. Ello obedece a que los avances científico técnicos de la delincuencia del siglo XXI son más veloces que la producción legislativa venezolana, quizás ralentizada por la refriega de la polarización.

Sin embargo mientras se elabora un tipo penal o descripción legal precisa de esta nueva modalidad delictiva, es desde el uso de la Constitución vigente que se puede lograr la identificación del bien jurídico constitucional vulnerado y se puede perseguir judicialmente hoy la actividad de los administradores de páginas web que promueven información imprecisa e ilegal.

En los hechos ya internet se ha convertido en el medio de comisión predilecto de la delincuencia transnacional para cometer una infinita gama de delitos desde el anonimato y evadiendo la jurisdicción territorial de los países.

Por lo tanto, urge coordinar políticas de persecución criminal y sanción jurídica civil y penal contra estos agentes criminales así como sus bienes y organizaciones. Esto debe concretarse a escala internacional aunque resulta cuesta arriba cuando ciertos gobiernos de países vecinos no brindan cooperación. Un sólo país no puede desmantelar por sí sólo la industria delictiva internauta global.

Por tratarse de la afectación de la economía nacional y los bienes de consumo mediante el uso doloso de nuevas tecnologías, el instrumento legal venezolano que hoy más se adapta al caso es la Ley de precios justos. La misma contiene delitos y sanciones que deben ser estudiados en profundidad. Por ejemplo es factible establecer que dichas páginas estimulan el delito de sobreprecio en los productos. Acogiendo este criterio finalista del Derecho es que Venezuela puede contrarrestar la impunidad actual.

Los antecedentes jurídicos del caso son vagos. Por lo general los Estados burgueses liberales como EEUU y potencias europeas esgrimen los principios de la libertad absoluta para beneficiar a grandes grupos empresariales involucrados y no regulan la web, todo lo cual genera efectos de indefensión jurídica y perjuicio colectivo al ciudadano, sobremanera a niños, niñas y adolescentes. También en detrimento de las economías.

Como dije antes, es urgente legislar poniendo atención prioritaria en los bienes jurídicos constitucionales lesionados y sólo complementariamente a los medios o tecnologías empleadas para delinquir. La doctrina constitucional y penal califica el delito por el resultado. Si usted divulga información que resulta en alteración grave del orden económico nacional, es igual si lo hace por la web, telegrama o señales de humo. Es hora de legislar de acuerdo a los criterios constitucionales y penales que previamente he comentado.

Si usted desea agregar algún otro comentario o recomendación, es bienvenido. Actualmente estamos desarrollando una propuesta jurídica contra la actividad delictiva desplegada por DolarToday y sus afines. Consideramos vital, no sólo meter presos a los autores de los delitos analizados en este instante, sino también desenmascarar a estos grupos hamponiles que ejercen preocupante influencia en un significativo número de venezolanos.



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Jesús Silva R.

Doctor en Derecho Constitucional. Abogado penalista. Escritor marxista. Profesor de estudios políticos e internacionales en UCV. http://jesusmanuelsilva.blogspot.com

 jesussilva2001@gmail.com      @Jesus_Silva_R

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