Desde casi cualquier ángulo, la situación política de España es desastrosa. No solo con este gobierno. El otro, el del partido alternante del bipartidismo ficticio que rige el país, fue sensiblemente peor. El problema no es coyuntural: es estructural. Arranca en la llamada Transición, que fue un cierre en falso. La incorporación de la monarquía a la Constitución se hizo sin el menor margen para un referéndum nacional que decidiera la forma del Estado. A partir de ahí, el resto vino dado.
La Constitución de 1978 es un subproducto del franquismo. No una ruptura, sino una adaptación. Puede afirmarse sin riesgo que, de haber vivido Franco cinco años más, él mismo habría pilotado una apertura muy similar al régimen que finalmente se instauró tras cuatro décadas de dictadura. No hubo refundación democrática; hubo continuidad maquillada.
Si España quiere situarse políticamente a la altura de una nación europea de verdad, solo hay una vía: que el cuarto poder, el periodismo, deje de comportarse como una correa de transmisión de los partidos y actúe, de una vez, con valentía. No como aliado de este o aquel bloque, sino como fiscal permanente del poder.
Los periodistas cursan cuatro o cinco años de estudios. La carrera les proporciona formación técnica, práctica y —al menos sobre el papel— ética. No es una excusa la ignorancia. Kapuściński, periodista veraz y éticamente irreprochable, debería ser un referente ineludible. Él mismo lo advirtió con crudeza: “Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de interesar”. Ahí está el núcleo del problema.
Asumir esa realidad y convertir la valentía periodística en una virtud efectiva —priorizando la ética sobre la cuenta de resultados y la consigna política— supondría un salto cualitativo en la democracia de partidos en España, hoy agotada y sin pulso cívico.
En el ámbito forense existe un principio concluyente: lo que no consta en el proceso no existe. En el ámbito informativo ocurre algo equivalente: lo que no entra en el foco del periodismo, por potente que sea o por deliberadamente tenue que se haga, carece de relevancia pública. Simplemente desaparece.
Cambiar el paso en este terreno significaría un auténtico golpe de timón. Implicaría someter a revisión el establishment, cuestionar las bases mismas del sistema político y, sobre todo, afrontar el hecho de que no existe un pacto social real. De ahí la necesidad de revisar a fondo la Constitución: reformarla radicalmente o abrogarla y redactar una nueva que responda a la realidad política y social del país, sin el lastre de un siglo de trampas, miedos y silencios interesados.
No en las manos de la política ni en las manos del poder ejecutivo, ni en las del poder legislativo ni en las del poder judicial. El futuro de España y de sus Comunidades está en las manos del periodismo valiente.
