Cuando Gabriel Boric asumió la Presidencia en marzo de 2022, muchos vimos en él —diputado magallánico proveniente de regiones históricamente saqueadas por el centralismo extractivista santiaguino— la posibilidad real de romper con dos herencias que han asfixiado a Chile por siglos: el centralismo portaliano del Estado unitario impuesto en 1833 y la descentralización administrativa controlada, sin poder real, heredada del modelo neoliberal pinochetista.

De ahí que en campaña Boric prometiera explícitamente eliminar la figura del delegado presidencial, concentrar atribuciones en gobernadores electos democráticamente, avanzar hacia una mayor autonomía territorial y rescatar demandas históricas de descentralización que él mismo defendió en el Parlamento.

De hecho, participé junto a él y Egon Montecinos en un conversatorio de la Furia del Libro en 2020 (1), en el cual el entonces diputado —hoy Presidente— subrayaba la importancia de una descentralización efectiva, criticaba el centralismo santiaguino y la figura de intendentes designados, y apelaba a la necesidad de otorgar más poder a los gobiernos regionales y comunas, avanzando hacia una mayor distribución de la riqueza y del poder.

Sin embargo, a casi cuatro años de su gobierno y tras la segunda elección democrática de gobernadores, la descentralización se ha convertido en una de las deudas más graves y evidentes de Gabriel Boric. Lo que prometía ser un proceso transformador ha quedado en avances formales, parciales y, en muchos casos, cosméticos, que no tocan el núcleo del poder concentrado en La Moneda y Santiago.

La mantención de los delegados presidenciales regionales —figura que Boric juró suprimir— genera duplicidad de autoridades, confusión en la coordinación de servicios públicos, desilusión ciudadana y un freno efectivo a la autonomía regional. Se trata de una promesa incumplida que se subordinó a un discurso securitario, el cual impidió cualquier avance significativo en descentralización.

Es cierto que se reconocen algunos avances, como la Ley de Royalty Minero (que beneficia a regiones y municipios), la Política Nacional de Descentralización y el proyecto de Ley Regiones Más Fuertes, pero resultan insuficientes ante la persistente falta de rentas propias regionales, las capacidades limitadas de los gobiernos subnacionales y los vetos a reformas más profundas.

Asimismo, la parálisis posterior al escándalo Convenios (como el caso Democracia Viva) y la lentitud en materia de participación ciudadana (Ley 20.500) han agravado la percepción de que el poder real sigue concentrado en el Ejecutivo central, reproduciendo el binomio portaliano-neoliberal: un Estado unitario que descentraliza responsabilidades administrativas (salud y educación municipalizadas desde los 80) sin transferir poder político ni recursos fiscales genuinos.

Peor aún, el gobierno no retomó ni impulsó la idea de un Estado regional que figuraba en la primera propuesta constitucional de la Convención de 2022: autonomías reales para regiones y comunas, Cámara de las Regiones con representación paritaria, asambleas legislativas regionales con atribuciones normativas y fiscalizadoras.

Es decir, aunque el gobierno de Boric apoyó inicialmente el primer proceso constituyente, tras el rechazo del 4 de septiembre de 2022 no hubo iniciativa ejecutiva fuerte para revivir ese modelo por vías legislativas o constitucionales. Se priorizaron otras agendas (seguridad, migración), dejando el centralismo estructural intacto por "correlación de fuerzas" o pragmatismo político.

En consecuencia, esta situación representa una contradicción profunda con el discurso transformador y antineoliberal de Gabriel Boric, quien representaba la ruptura con el centralismo histórico y el modelo subsidiario pinochetista, pero en la práctica ha perpetuado elementos de ambos legados. Su origen regional (Magallanes) y su defensa histórica de la descentralización hacen aún más criticable esta continuidad: no se rompió el saqueo histórico de las regiones por Santiago, ni se concretó la promesa de mayor autonomía territorial.

Dicho todo lo anterior, urge reconocer que la descentralización no es solo un pendiente, sino un límite estructural al cambio prometido. Sin voluntad política para eliminar delegados, transferir poder real y avanzar hacia un Estado más regional, plurinacional y ecológico, el gobierno de Boric será recordado por una descentralización fallida que desmoviliza expectativas y fortalece el escepticismo hacia las izquierdas.

Chile necesita más que políticas nacionales impuestas desde arriba: requiere un proceso irreversible de desconcentración del poder, que ponga a los territorios y sus pueblos en el centro. De lo contrario, seguiremos atrapados en el mismo centralismo que hemos criticado por décadas.