Esta sigue siendo la gran paradoja española: sociológicamente, más de media España es de izquierdas, aunque institucionalmente parezca lo contrario. Una realidad que no solo no ha cambiado desde la Transición, sino que se ha perfeccionado su ocultamiento.
El sistema político español fue diseñado no para reflejar fielmente la voluntad popular, sino para contenerla y reconducirla dentro de los límites seguros del bipartidismo. Uno de los pilares técnicos de esa operación fue la llamada Ley D’Hondt, que, unida a las circunscripciones provinciales, ha jugado —y sigue jugando— un papel clave en la exclusión sistemática de la izquierda transformadora.
Durante décadas, el heredero del Partido Comunista, Izquierda Unida primero, luego Unidas Podemos o Sumar, ha necesitado alrededor de 250.000 votos para obtener un escaño. En cambio, al PP o al PSOE les bastan unos 60.000. Esta desproporción estructural, lejos de ser una casualidad matemática, es el resultado de un sistema electoral expresamente diseñado en la Transición para frenar el avance del comunismo y blindar el poder económico heredado del franquismo.
Ese fue el verdadero "éxito" de la Transición: debilitar a la izquierda real mientras se integraba una izquierda domesticada (el PSOE) que pudiera garantizar estabilidad sin cuestionar la estructura de propiedad ni los privilegios históricos. El resultado ha sido una izquierda institucional cada vez más moderada, gestora y desconectada del conflicto social, que ha actuado muchas veces como válvula de escape del descontento, pero no como su catalizador político.
Este diseño no solo altera los resultados, sino que deprime la voluntad política. Miles, millones de personas con convicciones de izquierda acaban absteniéndose, por sentir que su voto no vale nada en un sistema trucado. Y otras tantas votan a un PSOE cada vez más conservador por miedo a que gobierne la derecha, consolidando así un ciclo perverso donde la izquierda pierde por anticipado.
¿Sería España la misma si esa izquierda real hubiese tenido la representación que le corresponde? Probablemente no. Pero eso fue precisamente lo que se quiso evitar desde el principio. La llamada democracia española nació con un ejército franquista intacto, dispuesto a intervenir si el pueblo, recién salido de la dictadura, votaba "demasiado rojo" o se inclinaba por la opción republicana. De ahí la necesidad de un sistema electoral que, bajo una apariencia técnica, desarmara políticamente al pueblo sin necesidad de tanques en la calle.
En lugar de una única circunscripción nacional con listas abiertas —lo que habría garantizado una representación proporcional verdadera— se impuso un modelo de reparto provincial que castiga a las opciones con voto disperso, que suelen ser, precisamente, las más progresistas o transformadoras.
Han pasado ya casi cinco décadas desde 1978. Y sin embargo, el sistema electoral no ha sido reformado ni en lo esencial ni en lo simbólico. Las promesas de regeneración que brotaron tras el 15M se han diluido en pactos, cesiones y retrocesos. España sigue teniendo una democracia limitada, con una ley electoral tramposa, una justicia politizada, y un sistema mediático que, lejos de ejercer como cuarto poder, opera como primera línea de defensa del régimen del 78.
Pero siguen vigentes las voces que en plazas, barrios y redes sociales reclaman sin cesar una democracia real aunque no sea directo sino de partidos, no como consigna ingenua, sino como exigencia urgente de una ciudadanía silenciosa que no acepta seguir viviendo en una democracia sin pueblo.
Desde 1978 está esperando el pueblo español la oportunidad que le fue negada en la Transición: elegir sin coacciones, sin trampas y sin miedo. Solo así podrá saber de verdad qué país somos y qué país queremos ser.
