Para el 2026 están previstos varios eventos electorales en Colombia con el fin de elegir los nuevos integrantes del poder legislativo y elegir el próximo presidente de la República.

Se trata de definir, vía la participación con el voto, la conformación del poder político nacional que, en mi opinión, debe profundizar el poder popular en los más diversos espacios del campo político, como una expresión de los niveles alcanzados por la resistencia social.

Desde esa mirada, regresamos a un terreno muy sensible de la disputa política con el bloque fascista de la ultraderecha; me refiero a la dimensión electoral ya la manera como los núcleos más duros de la oligarquía están haciendo los aprestos correspondientes para copar todos los componentes del engranaje electoral, de tal suerte que puedan imponer todos sus planos políticos en la recuperación del gobierno y la destrucción del movimiento social y de la izquierda, como lo hicieron en el último medio siglo con distintas fuerzas sociales y sindicales.

En ese sentido, la adjudicación por parte de la Registraduría, de un contrato multimillonario para la logística de las próximas elecciones a la unión temporal liderada por la empresa Thomas Greg & Sons., es un hecho de enorme trascendencia e implicaciones, tanto que hizo que el presidente Gustavo Petro se pronunciara para afirmar que eso de traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo, por completo, la transparencia electoral de las jornadas del 2026. El presidente insiste en que la participación de la empresa en la logística de los próximos comicios podría generar un "fraude físico", como ocurrió en pasados procesos electorales en que se requirió una intensa y tenaz lucha para impedir la pérdida de cientos de millas de votos a favor del Pacto Histórico en sus listas para el Senado.

La Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, favorecida con la licitación, está conformada por varias empresas especializadas en soluciones logísticas, tecnológicas y de seguridad electoral, siendo Thomas & Greg la firma con mayor participación y experiencia acumulada en este tipo de contratos.

La propuesta del consorcio habilita de manera jurídica, financiera y técnicamente al consorcio para definir los soportes tecnológicos de las elecciones presidenciales y legislativas.

Thomas & Greg, es un pulpo empresarial ligado a aspectos estratégicos de la ciudadanía y su reconocimiento, como el de la expedición de los pasaportes, del que fue excluido luego en una oscura licitación que involucro al ex ministro Álvaro Leyva ya su hijo en negocios turbios.

Se trata de una movida contractual por 2,1 billones de pesos o 500 millones de dólares cuyo objeto es una supuesta solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, Congreso y presidente y vicepresidente de la República de 2025 y 2026.

En su detalle Thomas & Greg se encargará de 13 componentes técnicos que hacen parte de la etapa preelectoral, electoral y postelectoral: 1) Inscripción de ciudadanos y registros de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco; 2) Inscripción de candidatos; 3) Inscripción de jurados de votación; 4) 'Kit electoral´: lapiceros, tarjetones, resaltadores, formularios, entre otros; 5) La aplicación Infovotantes; 6) Verificación biométrica; 7) Control de puestos de votación; 8) Preconteo y comunicaciones; 9) Escrutinios; 10) Acta de escrutinio de mesa de los jurados de votación E-14; 11) Actas de instalación y registro de votantes; 12) Infraestructura tecnológica y 13) Mesa de ayuda. Esa empresa también deberá llevar el material a todas las mesas de votación del país ya los 180 países donde Colombia tiene consulados.

El proceso licitatorio en cuestión ha disparado las alarmas en los movimientos políticos progresistas hasta el punto de que el presidente Gustavo Petro ha expresado su desconfianza en las elecciones que se llevarán a cabo en 2026 y aseguró que podría presentar un fraude electoral, debido a la injerencia que tendría la multinacional Thomas Greg & Sons en los comicios.

Lo cierto es que la izquierda y los movimientos populares llevan años pidiéndoles a quienes han monopolizado el sistema electoral que permite a TODOS los partidos auditar los códigos fuente del software que cuenta los votos. No han dejado. Este es el problema de privatizar las elecciones de un país como ocurre en Colombia.

Así, en 2012, el Consejo de Estado ordenó el auditaje del software y la implementación del voto electrónico, lo cual estaría siendo ignorado por la Registraduría. Ante este panorama, se hace más fácil propiciar un fraude electoral: en el papel, en los E-14 y los E-24 (formularios para el escrutinio), se les arregla la vida fácilmente a los que compran elecciones.

Desde hace 13 años, según un informe elaborado por un experto designado para revisar el software de Disproel (empresa Thomas Greg & Sons), se identifican varios puntos críticos en el mismo.

El informe indicó que solo se revisó aproximadamente el 10% del código y que esa verificación se realizó en un entorno de desarrollo, no en el ambiente de producción. Esto impidió comprobar el comportamiento real del software. Además, el código fuente no fue entregado para pruebas de seguridad, funcionalidad y procesamiento. Además, se advirtió que el código fuente productivo estaba congelado en ese momento y que el presentado para revisión no corresponde al utilizado en el proceso electoral.

Por todo lo anterior, desde las campañas electorales de la izquierda se ha insistido en la alerta que se ha manifestado sobre la inconveniencia de impedir la auditoría internacional al software electoral por parte del Consejo Nacional Electoral.