En estos días en que las circunstancias sobrevenidas nos obligan a reevaluar nuestras posibilidades, se plantea una reforma parcial a la Ley de Hidrocarburos, tomando en cuenta elementos que ya están siendo aplicados por efecto de la "Ley antibloqueo" promulgada por el presidente Nicolás Maduro Moros.
Como siempre sucede en estos casos, aparecen casi que de ultratumba cadáveres insepultos a gritar fraude, alarma, asombro y a proclamar un patriotismo que jamás tuvieron. Andrés Izarra, Rafael Ramírez y otros innombrables seres sin moral, salen a atacar la reforma porque ahora ellos son los guardianes del “legado de Hugo Chávez” y sienten que se ofende su memoria y legado en esa reforma, hipócritas; la verdad es que ellos y otros más son seres despreciables que mancillaron el erario público y ofendieron con su acción al comandante Chávez y a todo el pueblo venezolano (chavistas y opositores). Sin embargo, más allá de las pasiones políticas y las acusaciones cruzadas, es esencial examinar esta reforma en su contexto histórico, evaluando cómo Venezuela ha navegado un siglo de dependencia petrolera, desde los inicios bajo Juan Vicente Gómez hasta la era chavista, para entender si realmente representa un avance pragmático o un retroceso.
La historia del petróleo en Venezuela es un péndulo entre control extranjero, soberanía estatal y eficiencia productiva, donde el equilibrio ha sido esquivo.
Bajo la dictadura de Gómez, en las décadas de 1920 y 1930, el país entregó vastas concesiones a compañías como Shell y Standard Oil (predecesora de Exxon Mobil) a cambio de regalías mínimas, transformando una economía agrícola en una exportadora de crudo que generó riqueza rápida pero sin soberanía real, financiando modernización a costa de dependencia. Tras su muerte en 1935, surgió un nacionalismo gradual: la Ley de Hidrocarburos de 1943, bajo Isaías Medina Angarita, introdujo el reparto 50-50 de ganancias entre el Estado y las empresas, elevando impuestos y unificando regulaciones en un contexto de guerra mundial y demanda global. Esta tendencia culminó en 1975 con la nacionalización plena bajo Carlos Andrés Pérez, que creó PDVSA como una empresa estatal técnica y autónoma, elevando la producción a picos de más de 3 millones de barriles diarios y posicionando a Venezuela como potencia en la OPEP. En los años 90, ante crisis económicas, la "Apertura Petrolera" permitió asociaciones con privados para explotar la Faja del Orinoco, atrayendo inversión pero atrayendo críticas por supuesta privatización encubierta.
La llegada de Hugo Chávez en 1999 revirtió esto con un enfoque nacionalista: la Constitución de 1999 reservó los hidrocarburos al Estado, y la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 elevó regalías al 30%, exigió mayoría estatal en empresas mixtas y alineó PDVSA con objetivos sociales. La huelga petrolera de 2002-2003, un intento opositor de sabotaje, llevó a despidos masivos de técnicos y dio forma a la "Nueva PDVSA", un ente que financió misiones sociales pero sacrificó eficiencia por efectos de los cambios de personal tanto gerencial como técnicos, iniciando un declive productivo agravado por las sanciones impuestas por los Estados Unidos, actos de corrupción dirigidos por altos funcionarios (como los que están saliendo ahora a dar opiniones y consejos) y falta de mantenimiento resultado de la imposibilidad de comprar repuestos por efecto de las sanciones, reduciendo la extracción de 3 millones a menos de 800.000 barriles diarios en 2020, pese a las mayores reservas probadas del mundo.
La ley vigente, aunque defendió soberanía y usó la renta para reducir pobreza temporalmente, resultó rígida e insostenible, priorizando control ideológico sobre inversión y tecnología, lo cual fue aplaudible en los inicios de la Revolución Bolivariana, pero no necesariamente sostenible en el mercado mundial a través del tiempo.
En estos momentos y bajo estás circunstancias, Delcy Rodríguez, como vicepresidenta ejecutiva y actuando como Presidenta Encargada, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros , presentó una reforma parcial, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, buscando elevar la producción a 2 millones de barriles diarios mediante incentivos: reducción de regalías mínimas a 15-20% en casos específicos, mayor autonomía para privados y extranjeros en operaciones y comercialización, restitución de arbitraje internacional para seguridad jurídica, incorporación de mecanismos de la Ley Antibloqueo para evadir sanciones residuales, y creación de fondos soberanos para protección social e infraestructura.
El enfoque oficial es pragmático, reconociendo que la soberanía sin producción es estéril, y apunta a transformar reservas en beneficios tangibles como salarios, alimentos y salud, sin ceder el rol central de PDVSA. Desde una perspectiva neutral y realista, sin sesgos ideológicos, esta reforma es útil y necesaria en el contexto actual de recuperación post-sanciones y transición energética global. La rigidez de la ley de 2001 bloqueó capital fresco, expulsó expertise y condenó al país a un estancamiento que no beneficia ni a chavistas ni a opositores; al bajar barreras fiscales y jurídicas, puede atraer inversiones urgentes, impulsar volúmenes y generar más renta real para el Estado, manteniendo compromisos sociales.
No es una traición al legado chavista ni un regreso al gomecismo, sino un ajuste equilibrado que reconoce lecciones históricas: el petróleo debe producir riqueza sostenible, no solo retórica nacionalista. Su éxito, no obstante, depende de transparencia en contratos, estabilidad política, combate a la corrupción y diversificación económica; de lo contrario, podría repetir ciclos de boom efímero y dependencia renovada.
En última instancia, soberanía sin producción no basta; en mi opinión, esta reforma representa un paso pragmático indispensable para que Venezuela salga del declive, beneficiando a todo el pueblo más allá de las divisiones partidistas.
