La gran canallada de Petkoff defendiendo la "Nacionalización petrolera"

Especial para La Hojilla

Esa “nacionalización petrolera” fue una descomunal traición urdida por la oligarquía, mediante grandes campañas mediáticas. Se hizo para favorecer a las transnacionales y a los poderosos grupos económicos venezolanos, y por eso los dueños de medios de comunicación la apoyaron con tanto entusiasmo. Aquel proyecto de Ley que aseguraba reservar al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos había sido presentado el 11 de marzo de 1975 al Congreso por el ministro del Minas Valentín Hernández. Poco antes, el 16 de febrero de 1975, un día domingo, ya había sido asegurada la farsa en un acto con la cúpula delincuencial de la CTV en Miraflores, en la que el Presidente de la República, CAP, sostuvo que lamentaba que sus hermanos de la OPEP, que habían nacionalizado su industria petrolera, no hubiesen hecho lo que “nosotros la estábamos organizando con un proceso de explotación y de comercialización integral”. Para su criminal objetivo, CAP llamó a la unidad de la CTV y Fedecámaras, para enfrentar los peligros que pudiesen surgir de “tamaño desafío”. No había tal.

En esta farsa, del 16 de febrero de 1975, en Miraflores, Fedepetrol, Fetrahidrocarburos y la CTV presentaron un ridículo documento donde se recogían las grandes aspiraciones de estas mafias en el asunto de la “nacionalización”. Ya todos los dirigentes de estas organizaciones estaban comprados para hacerle tragar el show al pueblo, y estamparon zorrunamente que se evitase un “engaño al país”, y al proceso revolucionario que se venía haciendo con tesón para preservar para las generaciones futuras el mayor tesoro de la Nación. Luego del acto en palacio, CAP llevó a la cúpula sindical a almorzar a un restaurante de lujo que recientemente había sido inaugurado en el Este. A los “dirigentes obreros”, entre palo y palo, les llegaron mensajes de felicitación de la SHELL, de la Creole, de magnates como los Alfredo Paúl Delfino y de las altas autoridades de la santa iglesia católica. Ya los obreros de la cúpula sindical tomaban sólo whisky, y conocían de entremeses que precedían a aquellas comilonas. El 5 de julio de 1975, en el Salón Elíptico del Capitolio y ante sus ministros y el cuerpo diplomático en pleno, CAP dijo: “Me hago responsable de una nacionalización petrolera sin mediación partidista o de entes extranjeros”, y recalcó que aquella nacionalización era equiparable al acto de independencia sellada el 5 de julio de 1811.

El proyecto original de la “Nacionalización” fue alterado por el Presidente de la República para así darle cabida a las llamadas EMPRESAS MIXTAS, que en definitiva eran las mismas que venían siendo dueñas de nuestro petróleo y con la susodicha “nacionalización” iban a continuar con el mismo control sobre nuestra industria, pero con una gran ventaja de correr menos riesgos. El proyecto original había sido modificado al gusto de las empresas norteamericanas explotadoras de este recurso, mediante una serie de elementos que introdujeron bufetes asesores de estas empresas. CAP habló el día de la promulgación de esta Ley de nacionalización de la conciliación perfecta entre las empresas que suministraban la tecnología a nuestras empresas y la del país poseedor de grandes yacimientos de oro negro, y exclamó aquel 5 de julio de 1975: “¡Aspiramos a entendernos con las empresas transnacionales. Creemos que su capacidad tecnológica, sus medios de comercialización en el mundo, les conferirán a estas empresas, así como a otros entes públicos o privados internacionales PAPEL APROVECHABLE en futuras negociaciones con los entes estadales!”. A los pocos días. ya el Presidente estaba anunciando al país, contratos con empresas extranjeras, prácticamente dejando de lado cualquier perturbación legal que pudiera llevar implícita la recién aprobada Ley de nacionalización. Esta “nacionalización” no produjo un golpe de estado como sí ocurrió en Irán en 1953, cuando fue derrocado el primer ministro Mohamed Mossadegh por orden de la Brish Petroleum. Esta “nacionalización” no provocó el gran resquemor que produjo a EE UU la nacionalización petrolera mejicana por parte de Lázaro Cárdenas. Todas las transnacionales felicitaron a CAP y al país por haber llevado a cabo un acto tan “nacionalista” sin ningún tipo de traumas.

El proyecto original de esta Ley fue reformado un día antes, el 10 de marzo de 1975, de ser llevado al Congreso para su aprobación. Aquella oposición, tan corrompida y manipulable como el propio gobierno, sólo se contentó con protestar con desganados y abúlicos discursos a esta grave alteración hecha por los bufetes de las transnacionales que llevaban el visto bueno de Fedecámaras y de CAP.

El 2 de junio, la Comisión Permanente de Minas e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados dijo que se le había dado una revisión final al informe, a la Ley, antes de someterla al debate en las sesiones plenarias. Aquella Comisión estaba presidida por Celestino de (¡qué gran Celestino!) Armas y nada menos también que por el más grande estafador sindicalero de entonces: Eleazar Pinto.

El Presidente le exigió a su partido, y sobre todo a Rómulo Betancourt, que no se anduvieran por las ramas y que sacaran cuanto antes ese documento aprobado por el Congreso. El doctor Arturo Hernández Grisanti, que veía demasiadas barbaridades en aquella Ley, blandengue y sinuoso le sacó el cuerpo al asunto, sin contradecir en absoluto a su partido ni mucho menos a CAP, y optó por retirarse de la Comisión Presidencial nombrada para estructurar aquella Ley. En mayo de 1975, Betancourt ordenó al CEN de AD que se aprobara la Ley sin mucha alharaca. Era Secretario General Encargado de AD en aquella ocasión, Carlos Canache Mata, y fue quien llevó ante los medios las voz cantante para explicar la nueva redacción del Artículo 5 del referido Proyecto, por lo que se había solicitado el consenso a los demás partidos. Mediante aquel Artículo 5, Venezuela no vendría a ser sino simplemente una pobre codueña de sus inmensos recursos junto con las empresas extranjeras. La interferencia de las empresas mixtas en esta “nacionalización” era peor que el viejo sistema de las concesiones, por cuanto permitían a las empresas extranjeras aprovechar ventajas sin riesgos, y además les permitía participar de exenciones de impuestos establecidas en el artículo 6 de la misma Ley. Muchos riesgos relativos a la exploración y perforación iban ahora a correr a cargo del Estado. Nos advirtió en aquella ocasión Luis Beltrán Prieto Figueroa que la soberanía seguiría intervenida, mediatizada y degradada por esta Ley. En cambio Fedecámaras defendió con ahínco la intervención del capital privado en el asunto de aquella “nacionalización”, que no era otra cosa que un tremendo caballo de Troya en el alma de la empresa petrolera nuestra.

El más enconado defensor de aquella Ley fue Rómulo Betancourt (junto con sus secuaces ignorantes y tecnócratas del Luis Piñerúa Ordaz y de Octavio Lepage), para así cumplir una vez más con su más consentido hijo político, metido hasta más allá de los tuétanos en las operaciones de la CIA en América Latina. Finalmente la Ley fue aprobada por la bancada de AD y de la Cruzada Cívica Nacionalista (los nostálgicos adecos de la dictadura de Pérez Jiménez: No hay que olvidar que en el fondo Pérez Jiménez era otro adeco quien practicó a su manera el mismo adequismo sectario, militarista y chabacano de Rómulo Betancourt.)

Durante el debate en el Congreso de la República, sobre el tema de la nacionalización petrolera, el diputado del MEP, Siuberto Martínez mostró una carta del presidente de la empresa norteamericana MOBIL, dirigida al ministro de Minas, de fecha 12 de marzo de 1975. Decía esta carta: “D acuerdo con lo tratado en conversaciones que en este año y el pasado tuvimos el gusto de sostener con usted, así como en mi carta del 7 de junio de 1974, la MOBIL desea reiterar su deseo de continuar operando en Venezuela, una vez aprobada la nacionalización de la industria petrolera”. Es decir, que ya existía un entendimiento entre las empresas expoliadoras de nuestros recursos y el gobierno de CAP. Siuberto Martínez catalogó la referida nacionalización como una vil patraña y un acto de traición a la patria.

En el debate llevado a cabo en la Cámara del Senado sobre el asunto de la “Nacionalización Petrolera”, el discurso del doctor Rafael Caldera fue tan elegante que Gonzalo Barrios se puso de pie y lo aplaudió a rabiar. Nada hizo sentir más satisfecha a la bancada de AD que las palabras de este cristiano tan falso, hipócrita y repugnante. Betancourt justificó con ardor las compañías mixtas y estuvo a favor de la inmediata explotación de la Faja del Orinoco. Cuando el 22 de agosto de 1975, la Ley fue sancionada por el Congreso y enviada a CAP para su ejecútese, en Nueva York, New Jersey, Londres y Ámsterdam, la casa matrices de la Exxon y de la Shell expresaron su satisfacción por esta “extraordinaria nacionalización”. CAP lleno de euforia, declaró en noviembre de 1975, al redactor de Le Monde, Philippe Labreveux: “No quiero hacerme ilusiones sobre los beneficios concretos de la nacionalización. Como en el pasado, las transnacionales seguirán vendiendo nuestros productos brutos y refinados, y realizarán grandes beneficios gracias a sus manejos habituales en los mercados. Nada cambiará, y me ATREVERÍA INCLUSO A DECIR QUE SI ALGO CAMBIARÁ SERÍA EN DETRIMENTO DE VENEZUELA”[1].

Finalmente, a través de los años nadie quiso celebrar esta farsa. Sólo ahora el imbécil y viejo malévolo de Petkoff, que bastante la burlo de ella, sale ahora hablando de que CAP realizó una nacionalización petrolera. Cuando el 5 de julio de 1995, se cumplieron veinte años de aquella “nacionalización”, CAP estaba en prisión, por el delito de malversación de fondos de la famosa Partida Secreta, en su quinta La Ahumada. Nadie se acordó de él ni de su famosa Ley, y el Presidente Caldera, cabrón, alcahuetón y miserable, en un acto con mucho whisky y bastante derroche de obsequios costosos, bonos especiales, reconocimientos y aumentos de sueldos para la nómina mayor, pretendió hacer una pantomima de celebración de aquella farsa con los grandes gerentes estafadores de Pdvsa, sobre todo con Luis Giusti.

Así fue esta historia de “nacionalización” que tú, querido Mario Silva, presentaste muy bien en tu programa de La Hojilla de anoche, 7 de diciembre de 2006.

[1] Véase esta declaración en el diario El Nacional, jueves 6 de noviembre de 1975.

jrodri@ula.ve


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José Sant Roz

Director de Ensartaos.com.ve. Profesor de matemáticas en la Universidad de Los Andes (ULA). autor de más de veinte libros sobre política e historia.

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