La gestión de una universidad y la gestión de un ministerio son dos ámbitos que, responden a lógicas muy distintas y no deberían confundirse ya que representan dos estructuras organizativas con propósitos, culturas y mecanismos de autoridad fundamentalmente distintos. Esta dicotomía es la raíz de los resultados incongruentes que se observan cuando altos funcionarios públicos sin experiencia académica son designados como rectores

Una universidad tiene como objetivo de creación ser, un espacio de formación, elemento crucial de su función y el producto intangible que genera la universidad, profesionales, conocimiento, que incluye la creación, transmisión e investigación del conocimiento. Su gestión se centra en garantizar la calidad académica, la investigación y la formación integral de los estudiantes, necesaria para que el pensamiento se desarrolle sin presiones externas. La universidad, es así un ecosistema centrado en el pensamiento crítico, la investigación a largo plazo y la libertad intelectual, elementos intrínsecos a su cuerpo académico.

La universidad se organiza en torno a una comunidad académica y si no existe debe crearla, propiciarla, con dinámicas colegiadas, participación de profesores, estudiantes y autoridades, y con un horizonte que combina tradición y renovación constante. Su éxito se mide en la capacidad de generar saberes, formar ciudadanos críticos y aportar soluciones a los problemas productivos, políticos y sociales del país.

Un ministerio, en cambio, es un órgano del Estado con funciones administrativas y políticas. Su gestión está orientada a diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas en un área específica, respondiendo a las prioridades del gobierno y a las necesidades de la población, teniendo además la tarea de adecuarse permanente y democráticamente a ellas, para lo cual además necesita el concurso de la universidad y su conocimiento.

El ministerio trabaja con jerarquías más rígidas, con metas de corto y mediano plazo, y con una lógica de eficiencia administrativa y cumplimiento normativo. Mientras la universidad debe buscar y preservar la autonomía y la pluralidad de ideas democráticas y populares, el ministerio responde a una línea política más definida, en la cual también incide.

El confundir o no identificar que son terrenos distintos lleva a errores, como son mantener la posición personal o individual del jefe o aplicar criterios burocráticos rígidos a la universidad limitando la participación. El ministerio opera bajo la lógica de la burocracia estatal, una entidad diseñada para la gestión administrativa y la ejecución de políticas definidas externamente, donde la jerarquía es estricta y el foco reside en el cumplimiento de la ley y las directrices del poder central. La primera y más evidente disonancia radica en el tipo de liderazgo. Un funcionario trae consigo una mentalidad de mando y control, habitual en la administración pública, donde la autoridad es vertical y las decisiones fluyen de arriba abajo, debiendo ser respetadas por el personal.

En la academia, el liderazgo ideal es un liderazgo de pares. El rector, a pesar de su título, dirige un cuerpo de profesores que son expertos en sus respectivos campos, algunos de ellos reconocidos a nivel nacional e internacional. Su autoridad se sustenta en el conocimiento, el prestigio intelectual y la capacidad de persuadir, no de ordenar por lo que intentar imponer la jerarquía rígida del ministerio en la universidad ataca directamente la imagen académica del docente, el cual en algún momento puede ocupar esos mismos niveles de dirección.

Esta diferencia es estructural y se refleja en los mecanismos de revisión y toma de decisiones que se aplican diferencialmente, en el ministerio los actos son administrativos y están sujetos a una revisión subordinada donde el superior no solo puede, sino que debe, intervenir las propuestas para asegurar la legalidad y la coherencia política.

En la Universidad las decisiones docentes, como la asignación de una nota, la calificación de un examen o el método de enseñanza, son actividades propias del docente y las autoridades administrativas no tienen potestad para modificar el resultado de un juicio académico por simple desacuerdo o revisión administrativa. En la una universidad, las decisiones docentes solo pueden ser alterada tras un riguroso proceso que demuestre una falta flagrante al reglamento, protegiendo así la pericia del profesor.

Cuando un líder con una mentalidad enfocada en la gestión administrativa y la legalidad burocrática asume la rectoría debe ajustarse al espíritu universitario, basado en la autonomía del docente y del cual debe ser el guarda y protector. De no hacerlo el resultado es el estancamiento: la toma de decisiones se centraliza, los procesos de investigación que no tienen impacto inmediato son desfavorecidos, y la moral académica decae al sentirse el profesorado subyugado.

La universidad deja de ser un espacio de debate crítico para convertirse en una oficina de gobierno. Esto compromete gravemente la calidad educativa, devalúa los títulos que otorga y socava la capacidad de la universidad para ser un pilar independiente y fiscalizador del desarrollo social e intelectual de la nación.

La academia requiere académicos al mando, pues solo ellos comprenden la fragilidad y el valor de su estructura singular que deben siempre estar al servicio también de nuestra independencia y soberanía, como todos.