La sentencia revolucionaria

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le da un piso jurídico a la Revolución Venezolana. Hay quienes dicen que se necesitaba una reforma profunda de la misma y es cierto. De allí el referéndum de 2007 para reformarla. No se pudo, pero ello no implica que la Constitución es un freno para las transformaciones necesarias  No. En este libro-madre se encuentran las claves para hacer de Venezuela una sociedad equitativa, justa y solidaria.

Sin embargo, la ley-marco venezolana, debe especificarse en leyes y reglamentos que le den concreción y en una institucionalidad político-jurídica que la haga viable para la sociedad. De no ser así, serían letra muerta y a disposición que quienes detentan el poder fáctico en nuestra nación.

De allí  que le concedamos una importancia trascendental a la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto la impugnación que desde el Frente de Integración Universitario “Lisandro Alvarado” de la UCLA, así como otros colectivos de la UPEL y la UNA hicimos ante la convocatoria a elecciones de autoridades en dichas universidades, en las que se estaba violando la Ley Orgánica de Educación, que en su artículo 34.3 dispone que las autoridades universitarias se elegirán de acuerdo con el voto en igualdad de condiciones de sus derechos políticos de toda la comunidad universitaria, la cual en esta ley se amplió a estudiantes, obreros, empleados, profesores y egresados.

Esta decisión tuvo como ponente al Magistrado Juan José Nuñez Calderón y consideramos que interpreta cabalmente el espíritu de la Ley Orgánica de Educación, de la CRBV y mas aún, de los nuevos tiempos en Venezuela y Latinoamérica, caracterizados por la democracia participativa y protagónica, que debe penetrar en todos los estamentos sociales, políticos e institucionales. Las universidades se estaban quedando relegadas ante estas transformaciones y desde adentro se hacían y se siguen haciendo todos los esfuerzos para frenar los cambios desatados en nuestra nación.

Pero, Como dice Víctor Hugo, el prestigioso escritor francés “Nada hay más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo.”  Así que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es realmente revolucionaria, pues establece la real democracia en nuestras universidades y le dice a las autoridades universitarias que deben ceñirse a la Ley, que no pueden pretender ser un estado dentro del estado, que no son repúblicas soberanas, sino que son parte de la institucionalidad educativa venezolana, por lo tanto, deben acatar las leyes, la Constitución y las disposiciones de los tribunales de la República. La idea a la que le ha llegado su tiempo es la  de la democratización de las universidades.

Sabemos que en los laboratorios jurídicos de estas universidades ya están elaborando sus argumentaciones y trámites ante los organismo jurisdiccionales. Ya la Consultoría Jurídica de la UCLA (la cual, por cierto fue muy bien amonestada por la Sala en la sentencia mencionada), elaboró un rosario de preguntas dirigidas a la Sala Electoral, en un denominado Recurso de Aclaratoria, pues no entienden como deben aplicar la sentencia, así como no entendían como debían aplicar la ley, así como no entendían como debían aplicar la Constitución y si seguimos así, no saben ni siquiera como aplicar un reglamento. Lo que desdice de su condición  de abogados de la República. Otro recurso que intentarán es ante la Sala Constitucional (ya lo han anunciado) tratando de buscar algún resquicio para no acatar lo que deben hacer: aplicar lo establecido en la Ley Orgánica de Educación y permitir la verdadera democratización de las universidades. Es lo que muchas veces se ha denominado como la Resistencia al cambio.

Pero más que eso, las autoridades de la UCLA, sobre todo su rector transitorio ha desacatado flagrantemente la sentencia, así como, desde mi punto de vista vilipendió a los magistrados de la Sala Electoral,  (ver artículo: http://www.aporrea.org/educacion/a106253.html), cuando manifestó públicamente en el diario “El Impulso”, en fecha 17 de agosto Pg. C-7 de 2010 que “la sentencia no fue redactada por las magistrados del TSJ, sino por el Ministerio de Educación Superior” por lo que , como autoridad queda descalificado para solicitar recursos ante jurídicos ante la institución a la que desprecia. Las autoridades universitarias permanentemente están retando las instituciones del estado venezolano. Lo han hecho con el Ministerio de Educación Universitaria, con la Presidencia de la República, con la Asamblea Nacional y ahora lo hacen con el máximo organismo jurisdiccional venezolano.

Pero son los típicos estertores del moribundo. La democracia universitaria se impondrá, a pesar de los retruécanos y maromas jurídicas que se intentan. Llega la hora del pueblo universitario. Mientras tanto, seguimos apoyando con verdadero ahínco la sentencia de la Sala Electoral del TSJ que reivindica la justicia en las universidades nacionales. 

cecilperez@ucla.edu.ve

(*) Representante del MPPEU ante el Consejo Universitario de la UCLA.



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Cécil Gerardo Pérez (*)


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