Leo un artículo en Aporrea, bajo la firma de Marcelo Lores (Ver  www.aporrea.org/ddhh/a38962.html), y me doy por aludido, dado que ese columnista dice que a cinco años del asesinato del reportero gráfico Jorge Tortoza, ocurrido el 11 de abril de 2002, los autores intelectuales y materiales de este horrendo crimen se fugaron del país. Y digo que me doy por aludido, porque el autor de ese escrito en Aporrea se pregunta dónde están el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, los tribunales y los periodistas que ocupan cargos de ministros o viceministros en el gobierno bolivariano.

Pues bien, como entro en el último de los casos mencionados por el articulista, me sumo a su llamado para que ese crimen se esclarezca y sus responsables, si se encuentran en el exterior, sean extraditados a Venezuela. Todo apunta a que en el asesinato de Tortoza, y según lo ratifica la nota de Marcelo Lores, están involucrados familiares directos de un alto directivo de un conocido bloque de publicaciones, concretamente del Bloque de Armas. Y que la complicidad de un funcionario de la Policía Metropolitana permitió que los asesinos de Tortoza no hayan sido detenidos oportunamente.

En verdad conozco muy pocos detalles sobre esa investigación. La muerte de Tortoza fue utilizada como parte de la campaña mediática destinada a inculpar al gobierno del presidente Hugo Chávez por los hechos sangrientos del 11 de abril.Pero de repente Tortoza dejó de ser noticia, incluso, o mejor dicho, principalmente, para el medio en el cual trabajaba, el diario 2001. Algo olía mal y no precisamente en Dinamarca.

Se activó lo que bien podríamos llamar la solidaridad mediática, esa que hace desaparecer como por arte de magia aquellas informaciones que comprometan el buen nombre de una empresa periodística, sus dueños, los familiares de éstos, o incluso uno que otro periodista que se vea en problemas legales por delitos no relacionados con su profesión. No ocurrió con el caso Tortoza lo que debería haber ocurrido, es decir el seguimiento detallado que los reporteros de sucesos saben hacer de los casos que son noticia. Simplemente se diluyó en medio del torbellino informativo que se generó en torno a los hechos de abril de 2002. Y se hizo el silencio, salvo excepciones.

El autor del artículo publicado en Aporrea señala que el padre de los presuntos asesinos es integrante del Colegio Nacional de Periodistas. De ser así, es una razón más que suficiente para que este gremio se pronuncie a favor de que concluyan cuanto antes las acciones destinadas a castigar con todo el peso de la ley a los asesinos de Tortoza. No digo que en este caso el CNP, del cual también soy miembro, está amparando a los criminales que le quitaron la vida al colega Tortoza. Pero acojo el llamado a que el gremio se pronuncie con mayor fuerza.

Lo mismo vale para el caso de presunta extorsión en el cual estaría implicado un periodista del diario Reporte. El silencio es una forma de solidaridad automática, tan inaceptable como cualquier otra maniobra destinada a ocultar la verdad. Si hay un periodista implicado en un acto de chantaje eso es tan noticioso como si el implicado fuese un diputado, un fiscal, un religioso o un deportista. No puede ser ocultado. Tampoco puede ser silenciado un crimen, porque ese hecho salpique a un grupo editorial en general o al director de un diario, en particular.

La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes son los asesinos materiales e intelectuales de Jorge Tortoza y las verdaderas causas de su muerte. Es una ironía que un diario especialista en el escándalo se haga el musiú con el asesinato de uno de sus reporteros gráficos. Como lo viene haciendo también el diario económico con el caso de extorsión en el cual, con video y todo, aparece implicado su jefe de información.