6 de febrero de 2026.- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió de manera dramática el uso de tecnología de reconocimiento facial y biométrica, rastreo de celulares y de bancos de datos comerciales no sólo para ubicar a inmigrantes en el país, sino también a manifestantes, activistas y críticos de la administración federal.

“El segundo gobierno de Trump construye un vasto estado de vigilancia para perseguir a inmigrantes y monitorear la expresión digital”, advierte Lisa White, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en un informe emitido en noviembre. “No hemos cumplido ni un año de este régimen autoritario y ya llegamos al punto donde si te atreves a no alinearte o subes opiniones desfavorables en Internet podrías perder tu trabajo, tu familia y hasta tu libertad”.

Desde que se emitió ese informe, la vigilancia se incrementó aún más. Fotógrafos en Mineápolis han documentado a agentes de control migratorio que detienen vehículos y toman imágenes con sus teléfonos a los conductores o a personas en las calles.

Una aplicación para celulares llamada Mobile Fortify permite que efectivos comparen de inmediato la fotografía recién tomada a algún individuo con múltiples bancos de datos, no sólo del gobierno, sino también de empresas comerciales, reportó The Washington Post en enero. El Departamento de Seguridad Interna también adquirió tecnología de escaneo del iris de los ojos y “amplió significativamente” el uso de inteligencia artificial para vigilancia.

“Luis Martínez estaba en camino a su trabajo durante una mañana gélida de Mineápolis cuando agentes federales de repente lo rodearon, obligándolo a frenar por completo la camioneta que manejaba en medio de la calle”, reportó la agencia Ap a fines de enero.

“Agentes enmascarados tocaron su ventana y ordenaron a Martínez que mostrara su identificación. Uno de los uniformados puso su teléfono a pulgadas de la cara de Martínez y escaneó sus características, capturando la forma de sus ojos, las curvas de sus labios, los cuadrantes exactos de sus mejillas”. El ciudadano no estaba en los bancos de datos y después de presentar un pasaporte, lo dejaron ir, pero ese tipo de incidente se han reportado múltiples veces a lo largo del mes pasado.

Los blancos de estas operaciones van mucho más allá sólo de perseguir a inmigrantes indocumentados que han cometido delitos, como argumenta el gobierno de Trump. Nicole Cleland es una de los siete ciudadanos estadounidenses que han estado monitoreando actividades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis y quienes fueron informados de que sus rastros faciales han sido subidos a bancos de datos gubernamentales para ser vigilados, según un informe de The New York Times.

Cleland se sorprendió cuando un agente del ICE se le acercó y la llamó por su nombre, a pesar de que no se habían conocido antes. Tres días después, fue notificada por las autoridades federales de que su permiso de Global Entry (programa para viajeros que cumplen con requisitos de seguridad para agilizar su paso por migración y aduanas) había sido revocado.

“Un sistema de vigilancia de medios sociales y teléfonos adquirido por el ICE está diseñado para monitorear teléfonos móviles en una colonia entera en una ciudad, rastrear los movimientos de los dueños de esos aparatos y seguirlos de sus lugares de trabajo a sus hogares u otras ubicaciones”, reporta 404 Media, un grupo de periodistas que se dedica a medios digitales y que ha monitoreado estos usos de tecnología.

Rastreo vía celulares

Los periodistas de 404 Media obtuvieron memorandos internos del ICE que describen cómo “datos de ubicación comercial, en este caso obtenidos de cientos de millones de teléfonos vía una empresa llamada Penlink, pueden ser consultados sin una orden judicial”.

Otra tecnología adquirida por el gobierno permite al Departamento de Seguridad Interna utilizar datos de rastreo y registro de placas de automóviles por departamentos de policía locales, usar los bancos de datos comerciales para lograr la ubicación de teléfonos celulares de cientos de millones de usuarios, y con ello analizar la información recopilada con inteligencia artificial con el fin de desarrollar perfiles de individuos y grupos particulares.

Más aún, el gobierno de Trump también despliega drones para monitorear protestas. “El ICE ha estado usando pequeños aparatos no tripulados para supervisar algunas marchas durante el último año. Su agencia hermana, Aduanas y Protección Fronteriza, también desplegó uno mucho más grande, el MQ-9 Predator de calidad militar, sobre las manifestaciones contra el ICE en Los Ángeles en el verano”, reportó The Washington Post a finales de enero.

A mediados del mes pasado, el gobierno federal anunció una prohibición de vuelos de drones por “terceros” dentro de alrededor de un kilómetro de un operativo del ICE.

“La Primera Enmienda protege el derecho de grabar a agentes gubernamentales al realizar deberes en público, divulgar sus nombres en prensa o en línea y criticar su conducta”, afirma Jacob Snow, abogado de la ACLU en California. Pero advierte que el Departamento de Seguridad Interna amenaza con proceder penalmente contra cualquiera que suba imágenes de oficiales federales a Internet o divulguen sus nombres.

“Las tecnologías se desplegaron de manera mucho más agresiva de lo que hemos visto en el pasado”, comentó Fred Wessler, abogado del ACLU, a The New York Times. La asociación de periodistas demandó al Departamento de Seguridad Interna por su operativo en Mineápolis. “La aglomeración de todas estas tecnologías juntas está otorgando al gobierno capacidades sin precedente”.

En noviembre, los senadores federales Edward Markey, Bernie Sanders y Adam Schiff solicitaron al Departamento de Seguridad Interna dejar de emplear la tecnología de reconocimiento facial, como Mobile Fortify, hasta que respondan a interrogantes sobre el mal uso potencial de estas herramientas digitales. Hasta la fecha, no han recibido respuesta.