Es indispensable afirmar, sin ambigüedades, que Nicolás Maduro y su estructura de poder deben responder ante la ley por los graves y sistemáticos daños infligidos al pueblo venezolano. No obstante, la justicia y la salida a esta crisis no pueden ni deben imponerse mediante una guerra o una intervención extranjera. La historia demuestra que estas fórmulas solo multiplican el sufrimiento de los pueblos y profundizan la inestabilidad regional.
Rechazo de manera categórica cualquier violación de la soberanía nacional y el uso de la fuerza armada contra Venezuela. Tales acciones constituyen una transgresión flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. La agresión de los Estados Unidos contra Venezuela carece de toda justificación jurídica y política en el marco del derecho internacional, y sienta un precedente peligroso que debilita los principios que sostienen el orden global. Ninguna acción del gobierno de facto de Maduro, ni sus alianzas internacionales, puede servir de excusa para legitimar una intervención militar ni el saqueo de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano.
En este punto, es necesario dirigirse también a la oposición venezolana. La lucha por el cambio no puede estar guiada por ansias de venganza ni por atajos que comprometan la soberanía nacional. En su legítimo rol de oposición al gobierno, resulta inaceptable dar pie —por acción u omisión— a que se violen las normas del derecho internacional, las cuales no existen para proteger gobiernos, sino para resguardar a los pueblos, la soberanía de las naciones y la estabilidad del sistema global. Avalar o normalizar una agresión extranjera contra Venezuela no debilita al autoritarismo: debilita al país entero.
La salida real y duradera a la crisis venezolana solo puede construirse mediante negociaciones auténticas, basadas en reglas claras, en una lógica de ganar-ganar y libres de agendas imperiales. Es urgente exigir el cese de las agresiones externas y promover un diálogo soberano que coloque en el centro los derechos, la dignidad y el bienestar del pueblo venezolano, y no los intereses geopolíticos o económicos de potencias foráneas. El futuro de Venezuela no se negocia fuera de sus fronteras: lo decide Venezuela.
Al oficialismo le decimos con claridad: el mensaje de las últimas elecciones fue inequívoco. El país exigió un cambio. Persistir en la negación de esa realidad solo profundiza la crisis política, social e institucional, y erosiona aún más la ya frágil legitimidad del poder.
La verdadera legitimidad no se decreta ni se impone por la fuerza; se construye día a día respetando la voluntad popular. En este escenario de tensión internacional y conflicto interno, honrar al pueblo venezolano no es una concesión política: es un deber patriótico ineludible y una responsabilidad histórica.