7 de enero de 2026.- El canciller de la República, Yván Gil, compartió un informe de la ONU donde el organismo condena firmemente el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela ocurrido el pasado sábado 3 de enero, que terminó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.
De acuerdo al organismo, esta agresión fue una acción no provocada que ha causado pérdidas de vidas humanas, vulnerando la integridad territorial y la independencia de los Estados en “clara violación de la Carta de las Naciones Unidas".
"Estas acciones representan una grave, manifiesta y deliberada violación de los principios más fundamentales del derecho internacional, establecen un precedente peligroso y corren el riesgo de desestabilizar toda la región y el mundo", afirmaron los expertos.
El informe puntualizó que la agresión es agravada por las Medidas Coercitivas Unilaterales y el bloqueo naval en el Caribe, que ha resultado en el asalto de buques petroleros. Todos estas medidas han sido previamente adoptadas contra Venezuela por los EE.UU. y Europa en completa violación al derecho internacional y humanitario.
"Tomadas en conjunto, estas prácticas señalan un desafío deliberado al orden legal internacional y al principio mismo de que el poder debe estar limitado por la ley", dijeron. "Si se toleran, tales acciones normalizarían la anarquía en las relaciones internacionales y deteriorarían gravemente el orden global".
Asimismo, los expertos expresaron gran preocupación por las declaraciones públicas posteriores del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que su país "gobernará Venezuela hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y prudente" y que "vamos a sacar una tremenda cantidad de riqueza del suelo".
"Tales declaraciones equivalen a un flagrante desprecio por el derecho de los pueblos a la autodeterminación y su soberanía sobre los recursos naturales, pilares del derecho internacional de los derechos humanos consagrados en el Artículo 1 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, del cual los Estados Unidos son parte desde 1992", destacaron.
El informe destaca el uso de pretextos velados para justificar una agresión que tiene como objetivo la explotación de los recursos naturales y la demostración de un flagrante desprecio por el derecho de los pueblos a la libre determinación y a su soberanía.
Instaron a la comunidad internacional, incluidos los Estados y las empresas, de abstenerse de "ser cómplices en cualquier estrategia imperial que viole los derechos humanos y los principios de no intervención y autodeterminación".
Recalcan que el futuro de Venezuela debe ser determinado por el pueblo venezolano únicamente, en plena soberanía, a través del diálogo y la rendición de cuentas.
