La reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su intención de controlar las ventas de crudo venezolano desde la Oficina Oval, acompañada por el anuncio del secretario de Energía, Chris Wright, constituye un acto de abierta injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Más aún, se trata de una narrativa que pretende legitimar la subordinación de nuestra soberanía energética a intereses foráneos, bajo el disfraz de “beneficio compartido”.
El derecho internacional es claro: ningún Estado puede arrogarse la facultad de administrar los recursos naturales de otro país. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, establece el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y la obligación de respetar su soberanía. Pretender que el petróleo venezolano sea comercializado bajo la supervisión directa de un mandatario extranjero viola este principio fundamental.
Asimismo, la Resolución 1803 de la Asamblea General de la ONU (1962) sobre la Soberanía Permanente de los Pueblos sobre sus Recursos Naturales consagra que los Estados tienen el derecho inalienable de disponer de sus riquezas y recursos naturales conforme a sus intereses nacionales. Cualquier intento de apropiación o control externo constituye una forma de expolio.
En el plano constitucional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es categórica:
-El Artículo 12 establece que los yacimientos de hidrocarburos son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles.
-El Artículo 302 reserva al Estado la actividad petrolera y la explotación de hidrocarburos, garantizando que sea regulada por la Nación.
-El Artículo 152 reafirma que las relaciones internacionales de Venezuela se fundamentan en la independencia y la autodeterminación de los pueblos.
Por tanto, cualquier negociación que pretenda colocar la administración de nuestro crudo bajo tutela extranjera carece de legitimidad jurídica y política.
Trump afirma que “las autoridades provisionales de Venezuela” entregarán millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Esta declaración no solo desconoce la institucionalidad venezolana, sino que intenta imponer un gobierno paralelo desde el exterior, violando el principio de autodeterminación de los pueblos (Artículo 1 de la Carta de la ONU). La creación de figuras “provisionales” para justificar la apropiación de recursos es una estrategia colonial que busca despojar a Venezuela de su soberanía.
La historia de Venezuela está marcada por la defensa de su independencia frente a intentos de dominación externa. Hoy, el petróleo —nuestro principal recurso estratégico— se convierte en el campo de disputa. Pero la soberanía no es negociable: es un mandato constitucional, histórico y moral.
La estatal PDVSA, en su comunicado, habla de “negociaciones en el marco de relaciones comerciales”. Sin embargo, cualquier acuerdo debe estar regido por la legislación venezolana y nunca por imposiciones externas. La diferencia entre comercio legítimo y control político es abismal: lo primero responde a la cooperación entre iguales; lo segundo, a la subordinación colonial.
Por ello, la pretensión de Donald Trump de gobernar el destino del petróleo venezolano desde la Oficina Oval es ilegal, ilegítima y contraria al derecho internacional. Venezuela no puede aceptar que su soberanía energética sea administrada por otro Estado. Los venezolanos debemos levantar la voz y la mano en desacuerdo, porque defender el petróleo es defender la patria misma.
