Luego de guarimbas, tala y quema de árboles, degollados por guayas, muertos por quemaduras, asesinatos, destrucción de vías públicas, edificaciones, bienes públicos y privados, sin que nadie fuese siquiera imputado por un solo delito; estamos a las puertas de otro proceso electoral fundamental para la continuación de la democracia venezolana, mas asediada que nunca a lo largo de nuestra historia; pero con un aval que se inició con el proceso constituyente que fue, en primera instancia, la concreción de la paz y en segunda instancia el inicio de la demolición de una de las instituciones, que tras bastidores estaba aniquilando la sana administración de justicia, como lo fue el Ministerio Público a cargo de la ciudadana que ahora se encuentra “muy feliz” fuera de territorio venezolano, pero que por cierto ni siquiera el atronado de Trump le quiso dar autorización para ingresar a Estados Unidos.
El nuevo Fiscal General, Tarek William Saab, ha girado instrucciones a los Fiscales regionales, para que sean garantes de la legalidad en las elecciones de Gobernadores de este 15 de octubre; por supuesto hay que estar mosca con los Fiscales que tienen los vicios y actuaron en complicidad con su ex jefa, que aún no han sido removidos del cargo.
Entre algunos de estos delitos e ilícitos electorales tenemos: No permitir que el elector ejerza su derecho; destruir el certificado del voto; ofrecer dinero a cualquier ciudadano para que vote por algún candidato en particular, usar cámaras fotográficas o celulares al momento del sufragio; impedir el voto a electores con discapacidad; falsificar un documento electoral usurpando a otra persona viva o fallecida; destruir un equipo de votación; expender bebidas alcohólicas; provocar tumultos o disturbios dentro de las instalaciones electorales o fuera de ellas; impedir u obstaculizar el inicio del proceso de votación; coaccionar a una persona para que vote por determinado candidato; divulgar el secreto del voto, en caso de algún funcionario o miembro de mesa hubiese observado por quien voto el elector; usurpación de funciones electorales, en caso de que alguna persona se haga pasar por un funcionario electoral; substracción o destrucción de documentos de identidad; destrucción de bandera o cualquier símbolo patrio; realización de actos terroristas con la intención de causar temor a los ciudadanos para que no salgan a ejercer su derecho al voto, mediante la explosión de artefactos, disparos, incendios, trancas de vías públicas o actos similares.
Además, en este proceso electoral la zona de seguridad pasó de 200 a 500 metros, lo que quiere decir que ningún grupo de electores puede montar toldos ni puntos de chequeo a menos de 500 metros del centro de votación.
Nuestro llamado a salir a votar en paz este 15 de octubre, apoyando la continuidad y fortalecimiento del proceso revolucionario.
