12 de febrero 2011.-El Ministerio Público apeló la decisión del Tribunal 4° de Control del estado Yaracuy, el cual declaró sin lugar la solicitud de medidas precautelativas para la preservación de la Sierra de Aroa, ubicada en la referida jurisdicción.
Los fiscales 6° nacional con competencia en materia ambiental y 4° de Yaracuy, Bárbara Macchia y Jean Carlos Tovar, respectivamente, interpusieron el recurso de acuerdo con el artículo 447, ordinal 5°, del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que son recurribles las decisiones que causan un gravamen irreparable informó la Fiscalía.
En ese sentido, se consideró que la jueza 4° de Control, Jasmil Flores Valdez, no valoró los informes técnicos de inspección de la zona, elaborados por varios organismos entre estos el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, como órgano rector en la materia. En los mismos se refiere la necesidad de proteger la Sierra de Aroa, área productora de agua y que está bajo régimen de administración especial.
Vale mencionar que el MP solicitó las medidas precautelativas de carácter ambiental el 23 de diciembre de 2009, con fundamento en el artículo 24 de la Ley Penal de Ambiente, para preservar el mencionado espacio natural que requiere protección especial a fin de mantener el balance hidrológico. De dicha zona nacen varios ríos y cursos de agua, entre estos los ríos Aroa, Guama, Yaracuy, Yurubí y Cocorotico.
Medidas
Entre las medidas requeridas en su debida oportunidad están: la interrupción o prohibición de las actividades que causan contaminación o deterioro ambiental; la retención de materiales y objetos perjudiciales al ambiente, en especial los que afectan el sistema hídrico del área boscosa. Además, de ordenar a la Guardia Nacional Bolivariana la instalación de un punto de control, para garantizar el cumplimiento de las medidas.
El referido trámite fue realizado ante el precitado Tribunal, instancia que en la fecha señalada se declaró incompetente y declinó en el Juzgado Superior Agrario del estado Yaracuy.
Este último también se declaró incompetente y planteó un conflicto de regulación de competencia que, posteriormente, fue resuelto por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que determinó que el Juzgado de Control debía conocer acerca de la solicitud.
El 25 de enero de este año, las medidas fueron declaradas sin lugar, motivo por el cual los representantes del MP presentaron el recurso correspondiente.
