“Cada 11 de abril los venezolanos recordamos el último Golpe de Estado que ha sufrido Venezuela. Ese fatídico día (11 de abril 2002), grupos de militares y civiles, unos impulsados por una desmedida ambición de poder, otros motivados por la envidia, el egoísmo, la traición, el oportunismo, el odio y el rencor; se colocaron al lado de aquellos que siempre se han creído los “Amos del Valle” y liderizaron lo que he calificado como la “Rebelión de las Elites contra la inmensa mayoría del Pueblo venezolano”. Emprendieron la ejecución de un nefasto Golpe de Estado cívico – militar que no sólo violó la Constitución y fusiló la Democracia, sino que sirvió de escenario propicio para que expertos francotiradores, con premeditación, alevosía y ventaja, asesinaran a inocentes manifestantes en el centro de Caracas. Ese Golpe de Estado bajo ninguna circunstancia debe quedar impune.
El Pueblo venezolano está demandando justicia ante este alevoso y sangriento Golpe de Estado que contó con un impresionante apoyo mediático. Se cometieron durante su ejecución toda una gama de delitos: homicidios, lesiones gravísimas a personas, daños a la propiedad pública y privada, rebelión, instigación, violación de domicilio, difamación, ofensa e irrespeto al Presidente y Altos Funcionarios, insubordinación y hasta traición a la Patria. El Ministerio Público se ha abocado a la investigación de todos estos hechos punibles y en base a ello ha venido formulando las respectivas acusaciones, lamentablemente muchos de los presuntos conspiradores, “graduados” de viles criminales ese 11 de abril, se han dado a la fuga, demostrando así su cobardía y marcada irresponsabilidad. Entre ellos se encuentran el General Rafael Damiani Bustillos y Allan Brewer Carias, quienes tuvieron que salir de la República Dominicana, ante la solicitud que formulé para que la INTERPOL procediera a su inmediata captura. Esta solicitud motivó la reacción de amigos y defensores de estos conspiradores en territorio dominicano, que desarrollaron todo un plan para protegerlos, facilitar su huída y hacerle ver a la opinión pública que la INTERPOL no podía detenerlos porque se estaba en presencia de un delito político.
Hoy, en mi condición de Embajador de la República Bolivariana de Venezuela acreditado ante el Estado dominicano, reitero que cada vez que se presente la misma situación, solicitaré la intervención de la INTERPOL (Oficina adscrita a la Policía Nacional de la República Dominicana), ente policial que tiene el deber de actuar, atendiendo al Principio de Cooperación Mutua Internacional, en pro de la justicia penal. No es competencia de la INTERPOL ni de ningún organismo policial, calificar delitos, eso es plena competencia de las autoridades jurisdiccionales de cada país, las cuales determinarán la naturaleza del delito imputado, una vez que deban decidir sobre la procedencia de una eventual extradición, pero en un principio, es perfectamente procedente que la INTERPOL ejecute todas aquellas diligencias tendientes al cumplimiento de la solicitud de captura o aprehensión que a través de los canales competentes haya realizado la autoridad venezolana, que en el caso que nos ocupa, está actuando en observancia de las ordenes de aprehensión libradas por Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela”.
