¿Qué clase de autonomía e impunidad tiene un funcionario electo?

La oposición política venezolana, si puede llamarse así a un conglomerado reducido de grandes perdedores del poder i de los privilegios desmedidos, inmorales i corruptos que tenían en la IV República (verdadera dictadura de partidos tradicionales, AD i COPEI), rodeados de una parte también pequeña de pueblo engañado o sumiso por el cuido de diversos cargos i sus respectivos sueldos, aunque con la posibilidad de seguir infiltrados en el gobierno nacional, como espías, conspiradores o desestabilizadores que, por la diversidad de funciones i la pertenencia a grupos en extinción, conforman una oposición dividida, fragmentada, cargada de resentimientos i de odios, válidos para atentar contra la soberanía, la economía i la paz. Por eso, saben que están mintiendo cuando, al dirigir en público la palabra, hablan a nombre del “pueblo venezolano” que apenas son las minorías iracundas que vemos en sus escuálidas marchas “pacíficas” promoviendo siempre la violencia. Sin embargo, esta Constitución Bolivariana es tan buena i hecha con participación de todos en la Asamblea Constituyente, i luego aprobada en referendo nacional que, a pesar de haberla adversado con todo el furor i las mentiras posibles, hoi recurren a ella tratando de justificar “constitucionalmente” sus desafueros i actos de traición a la patria. En todo momento olvida la oposición irracional, dos cosas: primero, que no tienen líderes sino hombres caducos, probados como incapaces o analfabetos culturales como Rosales o Petkoff, i jóvenes que son marionetas o autómatas, simples alborotadores sin ideas, que temen hasta enfrentar a los inteligentes líderes juveniles socialistas, como Héctor Rodríguez, Robert Serra o reporteros de calidad i valor como Amorín i los de Ávila TV; i segundo, que no tienen pueblo, pese a que a una parte la pueden manipular con propaganda mediática, engaños i dinero que les mandan del norte, en papeles verdes que solamente sirven para comprarlos a ellos. ¿Creen, acaso, que organizaciones como CEDICE o SÚMATE se sostienen con dinero de sus bolsillos? ¿No está más que demostrado que son agencias de la CIA i el Pentágono, vendiendo barata la patria que no es de ellos sino del verdadero pueblo socialista de Venezuela? A nadie engañan, i conquistan solamente, a la Conferencia Episcopal Venezolana, plena de momias i cachivaches medievales, que no a los sacerdotes que se adhieren de verdad a Cristo i a la revolución venezolana i de América.

 Lo que entonces si me llama la atención, es lo que en ocasiones ha sucedido sin explicación alguna. Tuvimos la vergüenza de tener un candidato presidencial como Manuel Rosales, un falso maestro de escuela que afortunadamente nunca dio clases en primaria, ya que habría contagiado o infectado de disparates a los alumnos, pues bien sabemos el diccionario de desbarros o dislate que tiene como léxico, en su malintencionada cabeza, la misma que quiere planificar un magnicidio. La Constitución imponía que, para ser candidato presidencial, debía renunciar a su cargo de gobernador…¡I cuánto ahorro de problemas hubiésemos tenido! Cosas parecidas siguen sucediendo. Tenemos gobernadores i alcaldes que se comportan como delincuentes, protegidos por la condición de haber sido elegidos por el pueblo, i aunque algunos se convirtieron en prófugos de la justicia (Lapi; Didalco; omito el apellido por respeto al Libertador), la mayoría de los pocos que hai, son a veces realmente subversivos, corruptos i traidores. Veamos los casos del Estado Zulia i del Estado Táchira, peligrosos en extremo por ser estados fronterizos i donde creen que sus entidades estatales (lo referente al estado, es estatal; lo de estadal es errado, véase el diccionario) son feudos particulares sin acatamiento de lo contemplado en la Constitución.

 Cierto es que, entre otras cosas acatando a la Constitución, los estados gozan de autonomía como lo expresa el Art. 159 que dice: “Los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República”. Son por lo tanto, autónomas en ciertos o muchos aspectos (para eso la personalidad jurídica), pues eso facilita el funcionamiento del país; pero, el “mantener la independencia, soberanía e integridad”  dice mui claro: “nacional”. La patria una sola. Por eso dice Juan Garay en el comentario al artículo: “Las obligaciones que el artículo 159 les impone, significan sometimiento de los Estados a la unidad nacional”. I en el artículo 157, se aclara que la Asamblea Nacional hasta puede conceder atribuciones a los estados, a fin de favorecer la descentralización. Empero, no hai “estados vaticanos” dentro del Estado Venezolano. Por eso un gobernador que quiera hacer en su entidad lo que le venga en ganas, está violando la Constitución i las leyes. La Constitución del 61 en cambio, asentaba (creo que art.23) que el gobernador de un estado podía recibir órdenes del poder nacional; la actual deja más libertad (pero dentro de lo establecido en la Constitución i las leyes) i solamente el ejecutivo nacional, puede tomar decisiones nacionales, en los casos excepcionales o grandes calamidades para el país. Estamos en un país de plenas, serenas i reales libertades ciudadanas.

 Pero hai más; a las competencias que otorgan los artículos 163,164,165 i 166, incluso de tener su propia Contraloría sin menoscabo de la Contraloría General de la República, la lei según el 166 “establecerá los principios, normas y procedimientos que propendan a garantizar un uso correcto y eficiente de los recursos provenientes del situado constitucional y de la participación municipal en el asunto”

 Esto es así, porque antes, en el artículo 161 del Capítulo III Del Poder Público Estadal (sic), expresa que “Los Gobernadores y Gobernadoras rendirán, anual y públicamente, cuenta de su gestión ante el Contralor o Contralora del Estado y presentarán un informe de la misma ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas”. Mas, la cosa no puede quedar dentro de estos ámbitos. Cuando Garay i otros, comentan este aspecto resalta que el decir “que (la Contraloría Estatal) no puede menoscabar la autoridad de la Contraloría General de la República” significa que esta entidad nacional, “puede inspeccionar los gastos del estado y hasta las cuentas de la propia contraloría estadal si es que interpretamos bien el artículos 163 en combinación con el artículo 289.3” (atribuciones de la Contraloría General). Por eso, desde que Rosales estuvo en la Gobernación antes i después de su candidatura presidencial, hemos visto por años a los empleados i maestros jubilados del estado, haciendo huelgas, marchas, soportando atropellos, insultos, mentiras, promesas incumplidas (para citar un solo ejemplo de las barbaridades i corrupciones del gobernador) para personas de la tercera edad, enfermos, lisiados i por demás, honorables ciudadanos. ¿Por qué no se ha procedido contra este vandalismo “oficial”? ¿Por qué con esa gestión corrupta (le demostraron que ha recibido la gobernación el situado i los créditos solicitados) todavía sus mafias pagadas con el dinero del pueblo, lo llevaron otra vez a la Alcaldía? ¿Qué patente de corso tiene este, ahora prófugo, señor adeco de nacimiento? ¿Es la Casa Blanca o el Pentágono? ¿Por qué si ha violado las normas de un asilo mal concedido, todavía no se ha solicitado su extradición? Pues, bien, peor ha sido su alumno Pablo que, lejos de su amor i maestro, ahora está encañonando plumas i hasta sabe vociferar, mientras  la Alcaldía sigue a la deriva.

 Así, la alarma se hace más estridente. En el Táchira o en la Alcaldía Mayor, con Pérez Vivas i Antonio Ledezma, la corrupción, los atropellos, la burlas i los gastos sin control alguno, son peores. Iris Varela, esa extraordinaria diputada que fue también constituyente i factor principal en el derrumbamiento del golpe de estado de Carmona, ya no encuentra como denunciar a este gobernador bandido i traidor. Todavía no escucho nada de revocatorios, ni de recursos legales para destituir a enemigos declarados de la patria. Los hechos delictivos i de latrocinio o delitos, están a la vista de todos los venezolanos. Más vale prevenir que lamentar. El tiempo i la historia, no dan marcha hacia atrás. En física hablamos de “la flecha del tiempo”. El sueño de Bolívar, el socialismo i la integración de América Latina, esperan curarse de estas llagas menores, que entorpecen las grandes metas de quienes estamos seguros que nuestro Norte es el Sur.

robertojjm@hotmail.com



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Roberto Jiménez Maggiolo


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