Yo creía que una de las consignas de Simón Bolívar para lograr la superación del pueblo era “¡Trabajo, trabajo y más trabajo!”. Para aquel entonces ni siquiera existía la jornada laboral máxima de ocho horas, lograda por los mártires de Chicago y mediante intensas luchas obreras contra patronos usureros e inhumanos.
Que Venezuela sea el primer país del orbe en reducir dicha jornada a seis horas es un paso de avance indiscutible, del cual debemos sentirnos orgullosos. Esto lo expreso con toda sinceridad al pensar en cientos de miles de trabajadores que dispondrán de más tiempo para estar en familia, sobre todo en las localidades donde el pésimo transporte colectivo los hace perder horas infinitas.
La excepción que me preocupa yace en las oficinas públicas donde, con una jornada de ocho horas, las gestiones de la ciudadanía se topan con la improductividad burocrática que, como las mujeres frígidas, es cosa de nunca acabar.
Se me ocurre, por ejemplo, pensar en las oficinas de la ONI-DEX, donde los compatriotas que aspiran a ser atendidos para sacar una cédula o un pasaporte deben acudir en horas de la madrugada y hacer colas para recibir un número que indica el orden en que podrán presentar sus alegatos. Todo, sin embargo, será inútil pues el bendito documento no aparecerá jamás o si aparece será por equivocación, en una fecha o lugar impredecible.
Si bien me alegro por los empleados públicos que cumplen adecuadamente sus funciones (los milagros ocurren, aún en sitios inesperados), no puedo menos que compadecer a los miles de presos que languidecen en las cárceles criollas esperando sus sentencias.
Como se sabe, los tribunales venezolanos amontonan expedientes de casos por sentenciar, los cuales esperan turno durante años, lustros o decenios. Nuestros empleados tribunalicios: jueces, secretarias, escribientes y otros especimenes de la misma laya, toman las cosas con calma, pues la prisa es plebeya y ellos no son galgos para andar a la carrera.
Si con la jornada de ocho horas actualmente las sentencias demoran lapsos injustos, con la reducción constitucional los presos lo serán a perpetuidad.
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