Desde el año 2014 Venezuela ha sido víctima de una sistemática campaña de desestabilización política y mediática, con la finalidad de generar un cambio violento de gobierno, a costa del sufrimiento de su población, así lo denunció el jefe de la delegación de Venezuela y Representante Permanente ante la Corte Penal Internacional (CPI), Héctor Constant Rosales.
En este contexto, durante su intervención en el Debate General de la 23ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, hizo referencia a las más recientes acciones violentas, ocurridas tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con las cuales se ha pretendido recrear, una vez más, la falsa matriz de opinión de una supuesta violación de derechos como política de Estado en Venezuela, desestimando a las propias víctimas de tal violencia y a las investigaciones adelantadas por la FGR.
Además, recordó que recordó que el país ha sido objeto de la aplicación ilegal de más de 900 Medidas Coercitivas Unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos y otros Estados, que han significado un terrible impacto para la economía nacional y para los derechos humanos de los venezolanos.
Ratificó que Venezuela se constituye como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna los valores superiores de libertad, vida, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, y que los cinco Poderes nacionales del Estado venezolano actúan articuladamente para la protección y la promoción de los derechos de las y los venezolanos.
De igual manera, subrayó que remitió a la Fiscalía la situación Venezuela II, que busca determinar responsabilidades concretas sobre los crímenes que se desprenden de la aplicación de las ilegales medidas sancionatorias, enfatizando que Venezuela espera que se rechacen las sanciones ilegales contra los pueblos que las sufren y que se concluya prontamente el examen preliminar para proceder con las investigaciones.
Con respecto al trabajo desarrollado con la Corte Penal Internacional, expresó que Venezuela ha mostrado su firme compromiso en el marco de la complementariedad y en congruencia con el derecho irrenunciable a su soberanía.
