29-12-25.-La detención de Omar Escalante, presidente de la Federación de Trabajadores de Carabobo (Fetracarabobo) y de 70 años de edad, suma 30 adultos mayores presos por motivos políticos en Venezuela, según los registros de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
El procedimiento ocurrió el 19 de diciembre de 2025 en un tribunal militar de Fuerte Tiuna, Caracas, tras la revocación sorpresiva de la medida cautelar que el dirigente cumplía desde el año 2017. Escalante acudió voluntariamente a la sede judicial para cumplir con su régimen de presentación antes de quedar detenido, a pesar de que su salud sufrió un deterioro notable durante una reclusión previa en la cárcel de Ramo Verde.
En una consulta realizada a la abogada Marta Tineo, directora de JEP, recordó que el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal prohíbe expresamente a los jueces decretar la privación judicial preventiva de libertad para personas mayores de 70 años, y ordena en su lugar la detención domiciliaria como medida de protección. Sin embargo, la realidad de los adultos mayores detenidos por motivos políticos en el país evidencia el irrespeto sistemático a estas normas y a las medidas humanitarias por razones de salud.
Con base en la data facilitada por la organización a Efecto Cocuyo, a continuación se detallan los perfiles de los ciudadanos mayores de 60 años que permanecen privados de libertad en Venezuela:
De 70 años o más
José Raúl Amiel
Periodista, cineasta y publicista, de 76 años de edad, a quien detuvieron el 22 de mayo de 2025, cuando funcionarios de inteligencia allanaron su casa. Su arresto se produjo tres días antes de las elecciones regionales y parlamentarias. Aunque no hay una confirmación oficial sobre su sitio de reclusión ni los motivos exactos de su detención, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y otras organizaciones denunciaron su arresto como arbitrario y lo señalan como un caso de desaparición forzada.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) exigió información sobre Amiel. El comunicador presenta problemas de tensión arterial y de movilidad en una rodilla. Su hijo Raúl Hirsey Amiel Hevia también fue arrestado el 5 de mayo de 2025 en el estado Táchira y estuvo desaparecido al menos durante nueve días.
Edgar Sarabia
Edgar Sarabia, profesor jubilado de 73 años y coordinador de Vente Venezuela en Angostura del Orinoco, fue detenido por el Sebin el 11 de diciembre de 2024 mientras se dirigía a una reunión política en Ciudad Bolívar.
Actualmente su vida corre un peligro en la sede de dicho organismo, debido a que padece un cuadro severo de hipertensión que podría complicarse fatalmente por los tres accidentes cerebrovasculares (ACV) que ha sufrido previamente.
Armando José García Miragaya
Es un químico y exvicepresidente de Pdvsa, de 72 años. Fue detenido el 1 de julio de 2025 en Caracas y lo acusan de espiar para el FBI sobre la presencia de supuestas bases iraníes en Venezuela.
Organizaciones denuncian su detención como persecución política. No hay información oficial sobre su paradero ni proceso judicial.
Uaiparu Guerere López
Uaiparu Guerere López, de 70 años de edad, es un ciudadano venezolano con nacionalidad española que permanece detenido desde el 31 de mayo de 2023 tras ser acusado por el Ministerio Público de traición a la patria y conspiración.
El gobierno lo vincula con una trama desestabilizadora detectada ese año, bajo el argumento de que intentó captar a funcionarios de cuerpos de seguridad para obtener información estratégica sobre la custodia presidencial y unidades militares. La organización Foro Penal lo clasifica como un preso político y denuncia que su detención forma parte de un patrón de persecución judicial sin pruebas.
Merys Torres de Sequea
Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea (preso político desde 2020), fue detenida el pasado 21 de septiembre de 2025 por hombres encapuchados que se identificaron como funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana mientras se encontraba en compañía de su sobrina, en el momento en que se disponían a comprar medicamentos para llevarlos al centro de reclusión de su hijo.
Torres padece de hipertensión arterial y requiere de un tratamiento farmacológico diario de dos pastillas para controlar su presión.
José Osorio
José Osorio, ingeniero de 71 años y expresidente del Colegio de Ingenieros de Barinas, fue detenido la madrugada del 25 de agosto de 2025 en el municipio Sosa, donde fue interceptado por cuerpos de seguridad del Estado cuando regresaba de una reunión política junto al exalcalde José Luis Machín y otros tres dirigentes.
Aldo Rosso
Aldo Rosso, de 70 años de edad, es un dirigente de Voluntad Popular detenido desde el 4 de julio de 2024 y recientemente trasladado a la cárcel de Tocuyito, pese a su crítico estado de salud.
El activista padece diabetes, hipertensión y un tumor derivado de una hernia inguinal que le provoca sangrados y fiebre constante, situación por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en agosto de 2025. Ante la falta de atención médica en prisión, su familia y organizaciones de derechos humanos exigen una medida humanitaria inmediata para permitir una intervención quirúrgica.
De 65 a 69 años
Yosida Vanegas
Yosida Vanegas Monasterios, de 68 años de edad, es la madre de Juan Carlos Monasterios, un militar retirado y preso político condenado por el «caso de los drones». La arrestaron el 15 de agosto de 2023 en el estado Táchira tras regresar al país, a pesar de no haber sido solicitada previamente por las autoridades.
Se le acusa de ser financista de actos de terrorismo, una imputación que su familia califica de «absurda», dado que en 2019 incluso había cooperado con la Dirección de Contreinteligencia Militar (Dgcim) como testigo en allanamientos relacionados con el caso de su hijo, y ahora aparece una supuesta orden de captura de 2018.
Desde su detención, permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda.
En cuanto a su situación de salud y condiciones, Vanegas se encuentra «prácticamente desamparada» en el Inof. Su hija ha expresado su preocupación y responsabiliza al gobierno por cualquier cosa que pueda sucederle a su madre y clama por su liberación.
Ulises Ramón Martínez Silva
Es coordinador de Vente Venezuela en Barcelona, estado Anzoátegui. Lo detuvieron agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 8 de junio de 2025, según denuncias realizadas en redes sociales.
Martínez, de 67 años, padece hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II. Desde el momento de su detención se desconoce su paradero. Sus familiares exigen la libertad del político y su hermano Freddy González Silva exigió una fe de vida.
“Queremos una fe de vida ya que no sabemos nada de él y tampoco lo han presentado”, dijo mediante una publicación en la red social Instagram.
Óscar Rafael Pérez Romero
Un coronel retirado de 65 años. Detenido el 26 de abril de 2020 en Los Teques, estado Miranda, por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
Su detención se vinculó a una presunta relación con el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019. Durante el operativo, el coronel fue golpeado por los efectivos de las FAES y su casa fue blanco de destrozos.
Actualmente se encuentra detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Boleíta, en Caracas.
Tito Livio Volcanes Dávila
Fue detenido el 27 de octubre de 2024 en el estado Mérida, según los registros de Justicia, Encuentro y Perdón. Tiene 65 años de edad y está recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Boleíta, conocida como Zona 7.
Jorge Arturo Yéspica
Jorge Arturo Yéspica es un médico detenido el 1 de noviembre de 2024 en Villa de Cura, estado Aragua. Desde entonces no hay información sobre su paradero y sobre los motivos por los que lo arrestaron. Sus familiares exigen fe de vida.
En 2020, estuvo detenido durante más de 30 horas por bajarse el cubrebocas para tomarse un refresco.
José Eloy Rivas Díaz
José Eloy Rivas Díaz, de 67 años de edad, jubilado de la Policía Metropolitana de Venezuela, fue detenido en 2018 por presunto vínculo con el atentado con drones contra Nicolás Maduro.
El gobierno lo acusó de financiamiento al terrorismo por supuestamente facilitar chips electrónicos y una transferencia bancaria. En 2022, un tribunal lo condenó a 20 años de prisión. Su defensa, familiares y organizaciones como Foro Penal denuncian torturas, irregularidades procesales y su inocencia.
Luis López
El periodista Luis López, de 65 años de edad, fue detenido el 14 de junio de 2024 en el estado Vargas, mientras se disponía a cubrir la aprehensión del activista juvenil Jeancarlos Rivas. El Ministerio Público le imputa los delitos de incitación al odio y asociación para delinquir, cargos que organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denuncian como una criminalización de su labor informativa en el contexto electoral.
Tras permanecer casi un año recluido en la sede del Sebin en El Helicoide, fue trasladado en abril de 2025 a la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda, donde su familia y defensores alertan sobre el deterioro de su salud debido a que padece hipertensión y problemas de columna sin la atención médica adecuada.
William Lizardo
William Lizardo, dirigente sindical y de 68 años de edad, presidente de la Federación de Trabajadores de la Construcción (FetraConstrucción) y miembro de la CTV, fue detenido el pasado 29 de noviembre de 2025 por funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica de la PNB en el terminal de pasajeros de Valencia, estado Carabobo.
De acuerdo con denuncias del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical y sus familiares, el trabajador presenta antecedentes cardíacos y no ha tenido acceso a su medicación ni contacto con sus parientes desde el momento de su aprehensión.
Juan Valor
Juan Valor, trabajador de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y de 65 años de edad, fue detenido el 9 de enero de 2024 por personas no identificadas en San Félix, estado Bolívar. El arresto ocurrió tras difundir un video en redes sociales sobre la situación política y laboral del país, lo que derivó en una acusación por presunta incitación al odio, terrorismo y resistencia a la autoridad.
Tras permanecer nueve meses recluido en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) en Bolívar, sus familiares informaron que el trabajador presenta una parálisis en el lado izquierdo del rostro y complicaciones cardiovasculares derivadas de crisis hipertensivas.
De 60 a 64 años
Gustavo José Malavé Bucce
Gustavo Malavé Bucce, de 64 años de edad, es un licenciado en ciencias fiscales, que fue detenido el 4 de septiembre de 2017, junto con otros dos gerentes de Pdvsa Occidente en Maracaibo, estado Zulia.
La detención la realizó la Dgcim y se le acusó de una presunta participación en un incidente del 7 de agosto de 2017 en una subestación eléctrica que afectó la producción petrolera. Los delitos imputados incluyen asociación para delinquir, peculado, daño a la industria, tráfico ilícito de material estratégico y obstrucción al libre comercio. Desde su arresto, el proceso judicial ha sufrido numerosos diferimientos, con la audiencia preliminar que se inició casi cuatro años después de su detención y con un juicio aún pendiente.
Malavé Bucce se encuentra bajo la medida de arresto domiciliario, a diferencia de sus compañeros imputados que fueron trasladados a centros penitenciarios.
Albenis José Uribarri Borjas
Fue detenido en Maracaibo, estado Zulia, el 9 de diciembre de 2022, según los registros de Justicia, Encuentro y Perdón. Tiene 63 años de edad y está recluido en la cárcel Rodeo II, en el estado Miranda. No hay detalles o denuncias sobre el caso en la web.
Luis Carlos Peña
Luis Carlos Peña, de 63 años de edad, es un ciudadano colombovenezolano que permanece detenido desde el 31 de octubre de 2024 tras ser capturado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Mérida.
Los funcionarios lo arrestaron violentamente frente a su nieto de tres años y le imputaron cargos de traición a la patria y asociación para delinquir, pese a que su familia asegura que no posee antecedentes penales y se dedica exclusivamente a las labores del campo. Pese a sufrir de hipertensión arterial, las autoridades lo han trasladado por diversos centros de reclusión sin permitirle el acceso a un abogado de su confianza ni la debida asistencia del consulado de Colombia.
Dilia Castillo
Dilia Castillo Jiménez, de 62 años y jubilada de la Asamblea Nacional, fue detenida el pasado 26 de noviembre de 2025 en Charallave, estado Miranda, junto a otros familiares del dirigente político Fernando Orozco, en un procedimiento realizado por cuerpos de seguridad del Estado.
Su hija Yessy Orozco denunció que la ciudadana padece de afecciones cardíacas graves preexistentes que ponen su vida en riesgo ante la falta de atención médica especializada y oportuna en su lugar de reclusión.
Carlos Ramón Salazar Lárez
Es un ingeniero jubilado de 60 años de la estatal Pdvsa. Fue arrestado el 5 de febrero de 2024 en Punta de Piedra, estado Nueva Esparta. Su arresto se informó después de que circulara un video grabado por él mismo, donde criticaba al empresario Alex Saab, quien recuperó su libertad después de un intercambio de prisioneros entre la Casa Blanca y Miraflores.
Familiares reportaron su desaparición y, posteriormente, el Foro Penal confirmó que se encontraba detenido en la sede del Sebin de Nueva Esparta. Se pudo conocer que actualmente está recluido en el Centro de Procesados y Penados área Metropolitana de Caracas (El Helicoide).
Ricardo Aurelio Meléndez Rodríguez
Ciudadano peruano de 61 años de edad. Detenido en Venezuela entre el 22 y 25 de septiembre de 2024, en el estado Táchira, junto con otros dos compatriotas como Renzo Huamanchumo Castillo y Marco Antonio Madrid Martínez. Su aprehensión la dio a conocer el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien los señaló de presuntamente formar parte de un operativo internacional con el objetivo de atentar contra Nicolás Maduro.
La detención de Meléndez Rodríguez y los demás peruanos generó una fuerte preocupación diplomática, que llevó a la Cancillería de Perú a exigir información sobre su situación y a solicitar que se garantice el pleno respeto a su integridad física y a sus derechos fundamentales, conforme al derecho internacional.
Meléndez Rodríguez se encuentra en desaparición forzada.
Enrique Márquez
Al político venezolano de 62 años de edad, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exdiputado, lo arrestaron el 7 de enero de 2025 agentes de seguridad del Estado. Su detención se produjo días antes de la juramentación de Nicolás Maduro, pese a los cuestionamientos de los resultados.
Márquez fue candidato a las elecciones presidenciales de 2024. Exigió en reiteradas ocasiones la publicación de las actas de votación y había rechazado el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó la reelección de Maduro.
El opositor se encuentra detenido en la sede del Sebin El Helicoide, en Caracas.
Fernando Orozco
Fernando Orozco, exdiputado y dirigente de Voluntad Popular, que se encuentra bajo desaparición forzada desde el 24 de noviembre de 2025, tras ser detenido mientras permanecía en la clandestinidad, sin que hasta el momento se conozca su lugar de reclusión o el estatus de una investigación judicial en su contra.
Deelsy Beatriz Artahona
Es una médica cirujana, de 61 años de edad, fue detenida por el Sebin la noche del viernes 14 de junio de 2025 en Caracas. Aunque se desconoce el lugar exacto de su detención podría estar motivada a conexiones con una ONG.
Juan Torres
Juan Torres, médico de 61 años y coordinador del movimiento Renovación Ciudadana en el estado Trujillo, fue detenido el miércoles 10 de septiembre de 2025 junto a su esposa, la también médico Elizabeth Rodríguez, por funcionarios de diversos cuerpos de seguridad, incluyendo la GNB y el Sebin, mientras se dirigían a su lugar de trabajo.
Tras su arresto, familiares denunciaron el allanamiento de su vivienda sin orden judicial y su posterior traslado a la sede del Conas en El Paraíso, Caracas.
Torres padece de diabetes, condición que requiere tratamiento médico permanente y dieta adecuada para evitar complicaciones de salud.
Elizabeth Rodríguez
Elizabeth Rodríguez, médico de 63 años y colaboradora de la organización Vente Venezuela en el estado Trujillo, fue detenida el pasado 10 de septiembre de 2025 por funcionarios de la GNB, el Sebin y otros cuerpos de seguridad mientras se trasladaba a su centro de trabajo junto a su esposo.
La doctora padece de hipertensión arterial, condición crónica que requiere la administración diaria de medicamentos para evitar complicaciones cardiovasculares.
Nancy Camacaro
Nancy Camacaro, coordinadora de campaña de Edmundo González Urrutia en el estado Lara y de 61 años de edad, se encuentra detenida desde el pasado 1 de julio, tras ser trasladada por funcionarios de la Dgcim a la sede de Boleíta en Caracas.
La activista padece de hipertensión arterial y requiere medicación diaria, además de presentar dolencias crónicas en la columna y brazos junto a mareos recurrentes.
Juan Pablo Guanipa
Juan Pablo Guanipa, de 60 años de edad, exdiputado y exvicepresidente de la Asamblea Nacional, detenido el 23 de mayo de 2025, en Caracas por cuerpos de seguridad del Estado. Su detención la anunció el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien lo acusó de ser el «jefe de esta red» que supuestamente intentaba «boicotear» las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo, mediante «actos terroristas».
Guanipa, estrecho colaborador de la líder opositora María Corina Machado, se encontraba en la clandestinidad debido a la persecución política que sufrió junto con otros dirigentes opositores tras las presidenciales del 28 de julio de 2024. Tras su detención, el equipo de Guanipa difundió un mensaje pregrabado en el que el político expresaba estar «injustamente preso, pero nunca derrotado».
El opositor sufre de hipertensión arterial y es resistente a la insulina. Se desconoce el lugar de su detención y sus familiares exigen saber de su paradero. La CIDH le otorgó medidas cautelares en octubre de 2024.