El Gobierno de los Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, ha incorporado un nuevo argumento en la narrativa con la que intenta justificar la agresión imperialista en curso contra el país. Ya había dicho la delirante idea de que Venezuela había “vaciado sus cárceles y manicomios para invadir Venezuela”. Ya ha inventado el término “narcoterrorismo”, para justificar asesinatos a sangre fría de más de un centenar de personas en aguas del Caribe. Venezuela ni produce ni es ruta destacada del fentanilo, el opioide que está en el centro de un serio problema de salud pública en Estados Unidos, pero Trump dice que Venezuela los “inunda” de esta droga.
Salvo en sectores muy ignorantes y fanatizados del pueblo y de la opinión pública estadounidenses, la inconsistencia de estos argumentos no logra convencer de los fundamentos para el enorme despliegue militarista y las amenazas de ataques e, incluso, una incursión directa en el país. Ahora se ha sacado de debajo de la manga un argumento que pretende generar sí un sentido “patriótico” a la agresión imperialista, el de un supuesto “robo” de tierras y petróleo que le habrían hecho desde Venezuela.
Las compañías petroleras estadounidense han estado explotando los hidrocarburos venezolanos desde los inicios de la producción a gran escala de estos, a partir de la segunda década del siglo XX. A lo largo de este más de un siglo, Venezuela ha pasado por dos momentos de políticas de nacionalización del negocio. En los años 70’s y en la primera década del siglo XXI.
En 1971 el primer gobierno de Rafael Caldera sanciona la ley de reversión (“Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos “), para que, en 1983, al vencerse las décadas de concesiones a los pulpos petroleros, el Estado venezolano tuviera cómo dar continuidad en sus propias manos a la operatividad del negocio. En 1975, y en parte sobre esa base previa, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez lleva adelante una nacionalización ordenada, en la que el Estado venezolano pone en funcionamiento su propia empresa y paga a las transnacionales jugosas indemnizaciones, además de continuar estas con peso en las decisiones de la nueva empresa nacional y con un lugar privilegiado en el negocio: “señores a esa comedia la gracia yo no le veo, que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo”, decía una canción de Alí Primera al respecto.
En el año 2007, el gobierno de Hugo Chávez lleva adelante una nueva “nacionalización”, que, en realidad, al haber existido ya la nacionalización de los 70’s, sería un reajuste de la manera en la que el país se entendía con las trasnacionales petroleras. A partir de la profunda crisis económica de finales de los 70’s y, sobre todo, de la década de los 80’s, los gobiernos establecieron esquemas en los que los pulpos petroleros estaban en la explotación del país, fundamentalmente por dos vías: “asociaciones estratégicas”, una suerte de empresas mixtas PDVSA-transnacionales; y “convenios operativos”, para la prestación de servicios a PDVSA. La política de Chávez fue cesar los convenios operativos y migrar todo a empresas mixtas, en las que el Estado, en la persona de PDVSA, se reservara mayoría accionaria. Además de aumentar un impuesto a las transnacionales, que en ese entonces era irrisorio, y de incorporar otros que no existían (el impuesto a las ganancias súbitas y extraordinarias, aplicado a los momentos en los que el precio del petróleo se disparaba).
Esos dos momentos de esas políticas de gobiernos venezolanos en diferentes momentos históricos, son los que Mr. Trump y otros funcionarios de su gabinete han catalogado, con la desfachatez imperialista que los caracteriza, como “robo” de una pretendida propiedad sobre el petróleo venezolano.
Sobre eso respondemos en este video, que hemos publicado recientemente en la cuenta de Instagram de La Izquierda Diario Venezuela.