Sea cual sea el resultado del referéndum consultivo, podemos afirmar que comienza una nueva etapa en la batalla por el territorio Esequibo. El referéndum no otorga ninguna ventaja de cara al procedimiento contencioso. Los protagonistas son los mismos y la amenaza contra la integridad territorial de la nación no cambia, se profundiza. La ExxonMobil refuerza su alianza con el Departamento de Estado y la elite que gobierna Guyana para acelerar una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Venezuela debe pasar de la retórica a la acción.
En el año 2018, Venezuela anunció categóricamente que no comparecería ante la CIJ porque no reconocía la competencia de este organismo para decidir sobre la controversia territorial. Esta ausencia privó al país de las herramientas procesales necesarias para cuestionar la competencia del órgano judicial. Repentinamente, en junio del año pasado, se anunció la decisión de comparecer ante la CIJ. No hubo mayores explicaciones. Un giro discreto que se interpretó como un cambio radical de la estrategia para atender la vía judicial. En septiembre de este año, se convoca el referéndum consultivo y se incluye una pregunta sobre el reconocimiento o no de la competencia de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Este ruidoso cambio de postura frente a un tema tan complejo puede provocar una percepción negativa de Venezuela y sus argumentos para defender nuestra integridad territorial.
La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas del cual somos signatarios. Está integrado por 15 jueces que dicen representar los principales sistemas jurídicos del mundo aunque siempre prevalece un acuerdo político que garantiza el reparto "geográfico" de los cargos. La distribución de puestos es una réplica del Consejo de Seguridad con presencia continua de los 5 miembros permanentes de este organismo. Estos jueces son elegidos por la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad en votación separada. Tiene la jurisdicción contenciosa que le otorga autoridad para resolver controversias entre los Estados considerando su consentimiento. Es órgano de consulta jurídica de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. La CIJ es un organismo cuyas decisiones trascienden lo jurídico para atender intereses políticos y su comportamiento cambia de acuerdo a las circunstancias e interese en disputa.
El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece (Capitulo II, artículo 36) que cuando exista disputa o duda en cuanto a su jurisdicción y competencia, la Corte decidirá. En el caso de la controversia territorial por el Esequibo, la CIJ decidió y ratificó su competencia, lo cual permite que cualquier decisión sea de obligatorio cumplimiento aun sin estar presente en el litigio. Este escenario judicial, político y diplomático nos coloca en una compleja situación y exige acciones que garanticen la defensa de nuestra integridad territorial.
Históricamente, la CIJ ha sido señalada de tomar decisiones en consonancia con criterios e intereses políticos y económicos sin respetar los argumentos de los Estados en controversia. El contencioso acumulado de Venezuela contiene documentos y argumentos históricos, geográficos, jurídicos y diplomáticos de carácter irrebatible, pero eso pierde valor cuando el órgano judicial no tiene la transparencia institucional que garantice una decisión apegada a los principios fundamentales del Derecho Internacional Público.
Ante esta realidad, abandonar la CIJ no garantiza que se paralicen las acciones arbitrarias de la ExxonMobil y sus aliados en el territorio Esequibo, tampoco aplaza ni impide cualquier decisión judicial. Permanecer en la Corte no garantiza respeto a la solidez de nuestros argumentos. La ocupación progresiva del territorio conduce a un conflicto internacional de mayor dimensión con escaramuzas bélicas en una región caracterizada por la paz y el respeto a la autodeterminación.
La atención intermitente de la controversia territorial por el Esequibo, la improvisación de respuestas en al ámbito judicial y el discreto deterioro de la Agenda Bilateral (Venezuela-Guyana) desde el año 2012 favorecieron el impulso de un Plan dirigido desde el Departamento de Estado utilizando a Guyana como epicentro geoestratégico para desestabilizar la región, la ExxonMobil como aliado financiero para saquear las inmensas riquezas del territorio Esequibo y la CIJ como instrumento para imponer una nueva geopolítica en la región. Está en juego la estabilidad política y económica de América Latina y el control del Mercado Común del Caribe.
Con el mandato popular que emana del referéndum consultivo, debemos definir una estrategia judicial sin abandonar el escenario de la CIJ. Denunciarla desde adentro. Es imperativo abrir un espacio bien definido para el encuentro bilateral con Guyana invocando la intervención de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC- y profundizar el debate sobre el territorio Esequibo en todos los ámbitos políticos, sociales, económicos, académicos, culturales, deportivos y comunicacionales para darle la verdadera dimensión de una política de Estado.
