La incursión militar de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Venezuela, con el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia flores, constituye una agresión directa contra la Soberanía Nacional. No hay titubeos posibles. Se trata de una acción brutal que viola el Derecho Internacional y del principio de autodeterminación de los pueblos. La imposición de un desenlace militar abre un escenario de incertidumbre que exige explicaciones inmediatas y transparentes, pues marca un quiebre histórico en la vida política del país.
Las declaraciones posteriores del Presidente de Estados Unidos y de su Secretario de Estado profundizan las dudas porque pretenden establecer condiciones, dictar orientaciones, exigir decisiones y amenazan con nuevos ataques si las cosas no se cumplen como ellos quieren. Este discurso levanta la sospecha de que se pretende instaurar un Estado Tutelado temporal, bajo la supervisión de una potencia extranjera, que fácilmente podría perpetuarse y consolidar un esquema de subordinación política y económica bajo un nuevo modelo de colonización.
Más allá de los vericuetos legales, la designación de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como Presidenta Encargada por el TSJ abre un nuevo capítulo, pero no despeja totalmente las incógnitas sobre si se trata de una Transición Soberana o de una imposición externa disfrazada de institucionalidad.
En la calle, la sociedad venezolana enfrenta una profunda incertidumbre económica y social con inflación persistente, deterioro del poder adquisitivo, precarización laboral y un tejido social desgastado por años de crisis, sanciones y bloqueo económico. En este contexto, preservar la paz, la estabilidad institucional y el funcionamiento pleno del Estado se convierte en una condición indispensable para evitar que una posible transición derive en caos o en un vacío de poder. Sin estabilidad, cualquier intento de recomposición política corre el riesgo de ser capturado por intereses externos o por dinámicas de confrontación interna que agraven aún más la crisis.
Las preguntas son inevitables. ¿hacia dónde sería la transición, ¿cómo se configuraría y cuál sería el papel del pueblo trabajador en medio de tanta incertidumbre? El pueblo trabajador no puede ser reducido a espectador pasivo de acuerdos de cúpulas ni de imposiciones extranjeras. Su papel es claro, debe ser protagonista de un proceso que garantice la Soberanía Nacional, la defensa de nuestras reservas petroleras y la construcción de un gobierno legitimado por el voto popular, la pluralidad política y la garantía plena de los derechos civiles y sociales para consolidar la Democracia Participativa Protagónica.
Una alternativa de desenlace legítimo pasa por un “Nuevo Consenso Social”, capaz de articular la independencia absoluta frente a cualquier tutela extranjera y de impulsar un Programa de Recuperación Económica, Social e Institucional que conduzca a la legitimación integral de los poderes públicos. Solo así podrá construirse una transición que no sea un simulacro impuesto desde afuera, sino una verdadera expresión de la voluntad colectiva y de la dignidad del pueblo trabajador.
Porque cualquier transición sin participación popular corre el riesgo de convertirse en un simple acuerdo de cúpulas, que termina aceptando la violación de la Soberanía Nacional y perpetuando la subordinación del país a intereses ajenos a la voluntad del pueblo.
