La sociedad venezolana de hoy está dividida en cuatro toletes: tres de esos toletes están conformados por sectores minoritarios de la población. Uno por seguidores ciegos de las órdenes de la Mud, otro, por seguidores ciegos de las órdenes del Psuv, y un tercero por los anti parabólicos, las y los "ni-ni" de siempre que ni les huele ni les hiede el país que habitan; y el principal actor, el sector mayoritario de la población: ciudadanos que rechazan las escenas dantescas que protagonizan en las calles los seguidores de la antigua y nueva Acción Democrática (Mud ahora y Psuv hoy), matándose unos a otros como animales para que al final sus cúpulas definan quién se quedará a cargo de la repartición de las riquezas del país y "papá estado" siga suministrando las sobras que quedan al final del festín.

El país es testigo de:

1. El enfrentamiento del Poder Ejecutivo (Gobierno Nacional) contra el Poder Legislativo (Asamblea Nacional) y recientemente contra uno de los tres entes que conforman el Poder Ciudadano (la Fiscalía General de la República -FGR-);

2. Es testigo del enfrentamiento del Poder Judicial contra la Asamblea Nacional y ahora contra la FGR;

3. Es testigo de la alianza del Poder Ejecutivo con el Poder Electoral y el Poder Judicial para violar la Constitución de la República;

4. Es testigo de la complicidad del Gobierno Nacional con la Asamblea Nacional, el Poder Judicial y el Poder Ciudadano o Moral en el robo de los dineros que le pertenecen a todo el pueblo y pretender legitimar la destrucción de bosques, selvas y reservas de agua en afán de explotar las bondades naturales que se encuentran en la cuenca del río Orinoco;

5. Es testigo mudo del ensañamiento de todos estos Poderes del Estado contra EL PUEBLO, como lo evidencia su falta de atención a las necesidades más urgentes que tiene la población: alimentos, medicinas, seguridad para la vida, bienes particulares, comunales y ambientales, y poco o nulo resguardo de los dineros del pueblo ante los saqueadores del erario público.

Todo ello, ante la mirada indolente de una cúpula militar cuyos más altos jerarcas están más ocupados de hacer negocios y raspar la olla que defender la Patria; unas Fuerzas Armadas cuyos mandos medios (comandantes) y operacionales (oficiales y suboficiales comandantes de tropas) no reaccionan ante el peligro en que se encuentra la Patria y parecen estar de brazos cruzados esperando que las fuerzas paramilitares que tienen invadido el territorio nacional reciban órdenes de la dupla Uribe-Santos para terminar de organizar el asalto final a la Patria en alianza con las fuerzas foráneas al subcontinente que mantienen a la República cercada con sus bases militares prestas a invadir en nombre de la libertad.

Ante este sanguinario teatro de operaciones, el sector mayoritario del país está siendo sistemáticamente invisibilizado y a duras penas traga su malestar y amargura porque no ha podido expresar sus puntos de vista, sus opiniones y propuestas para superar la crisis institucional que amenaza con desintegrar el Estado y destruir la Nación. Este sector mayoritario de la población no existe para los medios de comunicación, los entes internacionales y demás "mediadores" que pescando en río revuelto meten la cuchara, vienen y van, pero no les interesa ni importa pulsar las opiniones y posturas del grueso de la población. "Mediadores" que de hecho intervienen a favor de sus particulares, propios y mezquinos intereses, se retratan con uno u otro bando de delincuencial, pero en la práctica no aportan ninguna solución al conflicto de poderes que nos embarga y trastoca como sociedad; incluida la mediación papal, cuya iglesia bastantes dólares ha obtenido de este saqueado país, pero no ha procedido a enviar al menos medicinas para paliar el sufrimiento de los cristianos que padecen y mueren de mengua en los escuetos y desmantelados centros de salud.

Para esos entes "mediadores" lo que importa es quién, al final de la batalla fratricida, se quedará con el coroto y administrará a sus anchas el tesoro nacional y continuar saqueando al país con el acompañamiento de los imperios y sus empresas transnacionales que históricamente, al final del cuento, se han quedado con la mayor parte del pastel; las migajas quedan para los sectores apátridas que nos han gobernado desde la Federación hasta nuestros días, incluido el cívico-militar que en nombre de un falso socialismo nos mal gobierna hoy.

Para todos esos sectores, el pueblo no existe. Para la dictadura institucional de los partidos políticos que como polos aparentemente enfrentados operan en esta falsa democracia EL PUEBLO es la masa amorfa y mal oliente que han de conducir como borrega por los senderos que ellos determinen sin importar sus penurias, necesidades y urgentes prioridades.

Ante esta crítica situación, EL PUEBLO trabajador debe actuar, y hacerlo lo más rápido posible antes de que el país se desintegre y se pierda la República. Para ello debe irrumpir como expresión autónoma, surgida del seno mismo del pueblo, expresión del Poder Originario que en atención a sus derechos constitucionales imponga a los sectores apátridas su "dictamen popular". De tal manera que en uso de sus facultades ciudadanas, del carácter protagónico y participativo que se dio al sancionar la Constitución de 1999, proceda a exigir y tomar en sus manos la conducción del país.

Muy buen discurso ¿Pero cómo puede hacer el pueblo para tomar en sus manos la conducción del país?

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), aprobada por todo el pueblo en referendo consultivo o aprobatorio, sembró las bases para que el Pueblo -el Soberano- protagonizará su propio destino; contiene disposiciones constitucionales para hacer valer sus derechos e imponer su Poder Originario.

En este momento de crisis profunda de la sociedad, en los cuales las instituciones del Estado se confrontan entre sí, violentan el estado de justicia y derecho que consagra la CRBV y atentan contra la estabilidad política, económica y social del país poniendo en peligro la integridad y soberanía de la Nación se impone hacer uso del Artículo 171:

"Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral…".

En tal sentido, el Pueblo, diferenciado de los bandos fratricida que dirimen sus diferencias de forma, mas no de fondo, porque obedecen a una sola estrategia "hacerse del poder para administrar a sus anchas y propio beneficio la renta pública", puede proceder a recolectar firmas para exigir al Poder Electoral la celebración de una consulta popular que contenga dos elementos:

1. Referendo consultivo relacionado a la iniciativa tomada por el Presidente de la República al convocar la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, si el Pueblo acepta o no la iniciativa tomada por el Presidente de la República de convocar a la A.N.C. para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución; y si acepta o no las bases comiciales que le han sido impuestas;

2. Referendo consultivo relacionado a la realización de una Auditoria Pública con Participación Ciudadana de los dineros del pueblo administrados por funcionarios del Gobierno Nacional, es decir, si exige o no la realización de una Auditoria Pública con Participación Ciudadana de más de QUINIENTOS MIL MILLONES DE DÓLARES (500.000.000.000 $), provenientes de la venta de petróleo que fueron administrados por Cadivi y otros entes del Estado bajo control del Gobierno Nacional.

Si la sociedad venezolana logra activarse para exigir esas dos consultas populares que por estar consagradas en la CRBV como derechos no pueden ser negadas por el Poder Electoral se resolverían dos problemas –que al final son uno solo- fundamentales en estos momentos de peligro para la Patria.

En relación a la primera petición, una vez realizada la consulta, obligaría a los dos bandos en disputa (Psuv-Mud) cesar la confrontación fratricida que ha ensangrentado al país, además de reafirmar y garantizar el derecho que tiene el Pueblo Soberano de decidir en qué momentos y bajo cuáles premisas darse una nueva Constitución sin imposición de ningún actor, es decir reafirmaría el Poder Constituyente Originario que se le quiere arrebatar.

En relación a la segunda petición: La Auditoria, como está propuesta, brindaría información sobre las personas y empresas responsables del desfalco a la Nación. Sacaría a la luz pública los nombres de los funcionarios del gobierno responsables de los ilícitos cometidos, así como también los nombres de las personas y empresas que se beneficiaron de esa administración fraudulenta del patrimonio de todos los venezolanos. Allí el Pueblo vería retratados, con nombres y apellidos, a una cantidad de ladrones que forman parte de la oposición y parte del gobierno, quedando inhabilitados de inmediato para el ejercicio de cargos públicos y obligados junto a familiares, amigos y testaferros a regresar las fortunas mal habidas, ilícitamente atesoradas, y pagar con cárcel sus fechorías; igual suerte correrían los empresarios nacionales y extranjeros que estafaron a la Nación. Esta acción permitiría la repatriación de esos capitales -según lo estipula y regula la ONU y leyes internacionales- para invertirlos de inmediato en pro de las necesidades más urgentes que tiene el pueblo venezolano: alimentos, medicinas y artículos esenciales para el normal desenvolvimiento de la vida.

El resultado más importante de ambas peticiones sería la solución pacífica de la controversia surgida en torno a la gobernabilidad, seguridad y cohesión del Estado, sus instituciones, y salvaguarda de la soberanía territorial, además de decantar al Gobierno Nacional de individuos corruptos que deben resarcir con sus propiedades mal habidas el daño ocasionado al erario público, pagar con cárcel sus fechorías y junto a sus pares "políticos" de la oposición desaparecer del mapa y ser inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos por ladrones.

Más importante aún de todo ello, sería reafirmar nuestra soberanía, rechazar la injerencia de poderes foráneos en las cuestiones que sólo atañen a los venezolanos y refundar la República en base a leyes que en el marco de la actual constitución (en caso de ser rechazada la iniciativa del Presidente), un Pueblo participativo, probado en el ejercicio de sus soberanía, en ejercicio de su Poder Originario, dictará al Poder Legislativo en base a propuestas surgidas de su seno, producto de su ejercicio protagónico en la conducción del "Nuevo País" que ha de surgir.