Declaración de la conferencia sobre GATS, el ALCA y los trabajadores de la salud de las Américas

Internacional de servicios públicos

Las organizaciones participantes consideramos a la Salud como un Derecho Humano fundamental que los Estados tienen la obligación de garantizar. El acceso a ese Derecho se ve obstaculizado por la desigualdad social y la pobreza. Y es por ello que consideramos que el Derecho a la Salud es inconcebible si, al mismo tiempo, y mediante políticas públicas activas e integrales, no se asegura a toda la población el acceso a una alimentación adecuada, a servicios de agua potable y sanitarios, a la vivienda, a las medicinas y al empleo en condiciones dignas. Finalmente debería asegurarse a todas las personas, sin distinción alguna, el acceso a Servicios Públicos de Salud de Calidad.

Sostenemos que para ello, los Servicios Públicos de Salud deben reunir estas características:

1. Deben ser accesibles para todos, independientemente del nivel de ingresos, y de toda otra consideración (raza, género, edad, orientación sexual, política o religiosa, discapacidad, distancia geográfica, etc.) y por lo tanto deben tender a eliminar todas las barreras de accesibilidad existentes.
2. Deben responder prioritariamente a las necesidades de la población desde una perspectiva integral y abarcativa, atendiendo a las realidades epidemiológicas de cada región y dando respuesta, además, a eventuales situaciones de excepción.
3. Deben ser de acceso gratuito y financiados y suministrados por el Estado.
4. Deben propiciar la participación de los trabajadores y de la población en general en la toma de decisiones en lo referido a planificación, ejecución y control de las políticas que orientan su funcionamiento.

Este último punto es fundamental para asegurar tanto los Derechos de los trabajadores del sector (salarios y condiciones dignas de trabajo, capacitación, condiciones de seguridad, derecho a la libre agremiación, etc.). Nos oponemos a políticas que promuevan la fuga de cerebros, mientras que apoyemos los derechos de los/las trabajadores migrantes a condiciones dignas de trabajo.

En los últimos tiempos, bajo el impulso de las Organizaciones Multilaterales de Crédito (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización Mundial de Comercio) y ante la pasividad/complicidad de la Organización Mundial de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, viene desarrollándose un proceso de reformas que no tuvo en cuenta estos principios y que consideró a la salud no un Derecho Humano fundamental sino como una mercancía más que cada quien puede adquirir en el mercado de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Las consecuencias calamitosas de este proceso están a la vista.

En ese marco se propiciaron los procesos de privatización y terciarización de los servicios de salud y la transferencia de fondos desde el sector público al sector privado a través de diversos mecanismos (fundamentalmente las políticas de Seguro que propician las políticas de subsidio a la demanda en detrimento del subsidio a la oferta).

El desfinanciamiento de los Sistemas Públicos de Salud y su atomización (procesos de descentralización sin las correspondientes transferencias de fondos) también significó barrer con conquistas históricas de los trabajadores del sector que vieron caer sus salarios, que asistieron al deterioro creciente de sus condiciones de trabajo (precarización laboral, sobrecargas de trabajo, etc.). Como es natural, las reformas despertaron la resistencia de los trabajadores y sus organizaciones sindicales y entonces los gobiernos no dudaron en afectar los derechos sindicales para debilitar o eliminar la resistencia a estas reformas de signo neoliberal.

Las organizaciones participantes no dudan en considerar que dad la naturaleza global de los adversarios que impulsan estos procesos de reforma, la respuesta de los trabajadores debe ser también de naturaleza global y por ello promovemos la creación de redes y formas organizativas que permitan dar una respuesta como la requerida promoviendo la solidaridad recíproca y potenciando las capacidades de cada una de las organizaciones que la componen en cada uno de nuestros países y también a nivel regional y continental.

Además promovemos la conformación de amplísimas alianzas sociales que incluyen a los trabajadores de la salud y a sus organizaciones pero que los trascienden incorporando a todos los sectores de la comunidad que coincidan en el objetivo de asegurar para todos el Derecho a la Salud.

El ALCA y otros tratados de Libre Comercio de carácter regional o bilateral representan un serio peligro para la salud de nuestros pueblos en tanto subordina a la lógica comercial el funcionamiento de los Servicios Públicos de Salud. Estos acuerdos se fundamentan en reglas de la OMC, el GATS (Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, por sus siglas en inglés) y las normas que regulan la propiedad intelectual (TRIPS).

De prosperar, este tipo de acuerdos barrerían con todas las normas nacionales que tienden a garantizar el acceso a servicios de salud gratuitos y accesibles a las que se considera simplemente como barreras potenciales al comercio. Si un estado fuera consecuente en asegurar el Derecho a la Salud de su población mediante normas o políticas de salud que afectaran los intereses del sector privado podría ser sometido a tribunales supranacionales de comercio que, en deliberaciones secretas y sin rendir cuentas ante nadie, podría imponer a ese estado multas y otras sanciones.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) también implican un renovado impulso a los procesos de privatización de los sistemas de salud y, paralelamente, un mayor deterioro de las consecuencias de trabajo y salariales de los trabajadores del sector salud. Los gobiernos deben establecer políticas que mejoren los servicios de salud pública. La salud pública se debe priorizar sobre los intereses comerciales.

Pero lo que es sin dudas lo más preocupante es que estos Tratados de Libre Comercio representan una seria amenaza para los niveles de salud de nuestras poblaciones que verían limitado su acceso a servicios de salud de calidad.

Por todo ello, las organizaciones participantes sostenemos que deben excluirse explicitamente todos los servicios vitales (salud, agua, normas de propiedad intelectual que afecten el acceso a los medicamentos, etc.) de las negociaciones de comercio y ratifica que la salud debe ser considerada un derecho humano esencial, inalienable e indivisible y que los estados tienen el deber de garantizar.

DEBERAN IMPEDIRSE NUEVOS PROCESOS DE PRIVATIZACION, CONCESIONAMIENTO O TERCIARIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD, Y PROMOVER LA REESTATIZACION DE AQUELLOS SERVICIOS QUE SE HAN VISTO PRIVATIZADO.

EL 7 DE ABRIL DE 2006, EN EL DIA MUNDIAL DE LA SALUD, IMPULSAREMOS UNA JORNADA DE MOVILIZACION DE CARACTER CONTINENTAL PARA CONTINUAR INSTALANDO NUESTRAS DEMANDAS SOBRE ESTAS CUESTIONES EN LA AGENDA PUBLICA INVITANDO A OTROS ESPACIOS Y COALICIONES QUE COINCIDEN EN LO ESENCIAL CON LA DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD PARA TODOS.


PAISES REPRESENTADOS EN LA CONFERENCIA:

- CANADA (CUPE, SEIU, FIIQ)
- ESTADOS UNIDOS (SEIU)
- GUATEMALA (SNTS)
- EL SALVADOR (SIMETRISS)
- HONDURAS (ANEEAH, SITRAMEDHYS)
- COSTA RICA (ANPE)
- REPUBLICA DOMINICANA (ASODEMU)
- TRINIDAD Y TOBAGO (PSA)
- GUYANA (PSU)
- PUERTO RICO (UGT-SEIU)
- COLOMBIA (ANTHOC)
- NICARAGUA (FETSALUD)
- VENEZUELA (SUNEP)
- ECUADOR (FEDE)
- PERU (SINACUT)
- BRASIL (CNTSS, CNTS, SIND ENFERM)
- PARAGUAY (SIDEHC, APE)
- CHILE (CONFUSAM, COL ENF, FENPRUSS)
- URUGUAY (AFUNCAG; FFSP; ATSS)
- ARGENTINA (APUBA, UPCN, CICOP, AMRA, AMPROS)

29 al 31 de octubre de 2005, Mar del Plata, Argentina

Fuente Original: ARGENPRESS.INFO



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