Por definición, el PIB (Producto Interno Bruto) no es más que la suma total de todos bienes y servicios que produce un país (medidos en dólares $USD), producidos por empresas nacionales y extranjeras, dentro del territorio nacional de dicho país, que se registran dentro de un determinado período de tiempo, generalmente un año.
El PIB forma parte de un conjunto de indicadores, diseñado por el sistema capitalista, que en principio da un perfil económico de dicho país, sobre la cantidad de inversión realizada en un período de tiempo, pero que dice muy poco o nada, sobre cómo fue desarrollada dicha inversión, cuánto queda en el país de las ganancias derivadas y menos de los factores sociales y laborales involucrados.
Se trata de un indicador económico que no toma en consideración el componente social y laboral comprometido en el diseño y desarrollo de las inversiones de un país. Además, para su cálculo sólo toma en consideración empresas consolidadas, dejando por fuera las microempresas, artesanías, empresas familiares, economías informales o alternativas (buhonería).
Al igual que la mayoría de los indicadores económicos convencionales hijos del capitalismo, este PIB tampoco toma en consideración en su formulación, la distribución geográfica de los proyectos, empresas, sectores de producción, así como sectores laborales y sociales considerados y mucho menos el impacto ambiental ocasionado.
Tampoco nos dice algo sobre los capitales comprometidos en el cálculo de propio indicador: origen, condición.
Cuando este indicador es dividido por el número de habitantes del país, nos da otro indicador conocido como PIB per cápita (renta per cápita o ingreso per cápita). La frase ingreso per cápita (ingreso por habitante) pretende inducir la idea de que este es el monto que le correspondería a cada habitante de dicho país como ingreso. Nada más alejado de la realidad, ya que como sabemos, en la inmensa mayoría de los países del “tercer, cuarto y quinto mundo”, el mayor porcentaje de las inversiones es propiedad de “capitales golondrinas”, que sólo dejan hambre, miseria y devastaciones ambientales en los países en los que se posan. A lo que hay que agregarle que las inversiones que hacen los gobiernos de esos países, en su mayoría corresponden a créditos del FMI, los cuales SIEMPRE vienen acompañados con medidas económicas estranguladoras de pueblos. Es decir, en cualquier caso, este dinero pertenece a empresas transnacionales, a capitales golondrinas o, peor aún, al FMI. Jamás al pueblo, que es en definitiva el que pone la fuerza laboral. Afortunadamente en nuestra querida Venezuela, hemos eliminado la dependencia del FMI, gracias a nuestro proyecto socialista.
Por otra parte, el PIB es un Indicador económico con el que el Fondo Monetario Internacional ha establecido una tabla, en la que aparecen jerarquizados 179 países (año 2009), de mayor a menor PIB, siendo USA el de mayor PIB. En esta tabla, nuestro país ocupa el puesto No. 27, por encima de países como Argentina, Sudáfrica, Irán, Colombia, Finlandia, Portugal, Israel, Hong Kong, Egipto, Bielorrusia, Rumania, Chile, Perú, Kuwait, Marruecos, Libia, Ecuador, Siria, entre otros. Esto no debe ni alegrarnos ni preocuparnos, porque como su nombre lo dice, se trata de un indicador “bruto”.
Sin embargo, con todas estas características negativas, este PIB es una de las tres variables consideradas para la formulación de otro indicador: el IDH (Índice de Desarrollo Humano), el cual “pretende” medir la calidad de vida de los ciudadanos de un país. Como vemos, estos indicadores como el IDH, el PIB y otros, dejan mucho que desear, en cuanto a su supuesta capacidad para darnos una idea acertada sobre el desarrollo integral de un país.
Todo esto nos lleva a pensar en la necesidad urgente de diseñar en nuestro país, nuestros propios Indicadores Socioeconómicos que en su formulación tomen en consideración todas las variables necesarias, tales como: producción, diversificación, geodistribución, impacto ambiental, dignificación del recurso humano, calidad de vida, educación, salud, tecnología, desarrollo endógeno, sustentabilidad de los proyectos, incorporación de todos los sectores socioproductivos, valor agregado nacional, entre otros. Es una tarea que deben desarrollar las escuelas de economía de nuestras universidades, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y Ministerio de Planificación y Finanzas. Además, estos nuevos indicadores deben tener un alcance y validez a nivel de los países del ALBA y de UNASUR.
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