El personal docente, administrativo y obrero de las universidades públicas de Venezuela no aguanta más la desidia del Estado irresponsable, que de manera intencional y por razones políticas, se ha negado durante más de una de una década a pagar un beneficio sagrado, digno y justo: las prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras jubilados desde 2012 para acá.
Larga ha sido nuestra lucha e innumerables nuestros reclamos y protestas, siendo burlados e ignorados de la manera más ominosa y bochornosa hasta por el propio jefe de Estado Nicolás Maduro.
En esta nueva coyuntura política y con la presión sostenida de gremios, autoridades e individualidades, este clamor debe ir más allá de Caracas y Washington: debe llegar al corazón sensible de una sociedad sacrificada como perro flaco por el hambre y la miseria extremas, para que se nos cancelen esos recursos tan pronto como sea posible; pero de manera directa y en términos justos y sin trabas, sin escamoteos ni vanas argucias burocráticas, tomando en cuenta las prerrogativas legales y reglamentarias para el pago toral de las mismas.
Considerando un inminente aumento de sueldo y el ajuste de las tablas salariales respectivas, lo menos que esperamos es el recálculo de nuestras prestaciones sociales de acuerdo a la nueva escala salarial. Por lo demás, las universidades venezolanas tienen la vocación natural y legítima de contribuir al desarrollo nacional, al márgen de todo tiente político e ideológico. Fue en grave error de parte de Hugo Chávez etiquetar estas valiosas instituciones públicas como partidos políticos, sólo porque hubo algunas manifestaciones de orden individual, por parte de autoridades rectorales adversas al gobierno, lo cual es completamente comprensible en un país polarizado.
Quedamos, pues, a la espera de nuevas y urgentes medidas socioeconómicas en beneficio de nuestros docentes, administrativos y obreros, activos y jubilados, como corresponde por derecho natural. No más demora, por favor.
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