Venezuela enfrenta una de las crisis más profundas de su sistema de seguridad social, donde los jubilados y pensionados han visto erosionar dramáticamente su poder adquisitivo y calidad de vida.
Lo que debería ser un sistema que garantice una vejez digna, se ha convertido en una estructura que condena a los trabajadores retirados a la pobreza, a vivir en la indigencia y a morir de hambre, independientemente de los años de servicio y la especialización profesional que aportaron al país.
El problema fundamental radica en la desvinculación progresiva entre los salarios de los trabajadores activos y las pensiones de los jubilados. Un ejemplo paradigmático es el caso de un Ingeniero III que, tras décadas de servicio y habiendo alcanzado un rango técnico específico, se jubila con una pensión equivalente a su último salario. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, mientras los salarios de los ingenieros activos se ajustan conforme a las realidades económicas y escalas salariales vigentes, la pensión del jubilado permanece estática o, en el peor de los casos, se reduce hasta equipararse al salario mínimo nacional.
Esta situación representa una violación flagrante al principio de equidad y justicia social. Un profesional que dedicó su vida laboral al desarrollo del país, que alcanzó un nivel técnico específico y que contribuyó durante décadas al sistema de seguridad social, no puede ver reducido su nivel de vida de manera tan drástica simplemente por haber cumplido la edad de retiro.
La solución a esta crisis pasa por implementar un principio fundamental: "la equivalencia pensional por rango". Este principio establece que todo jubilado debe percibir una pensión equivalente al salario que devenga un trabajador activo del mismo rango o categoría profesional con el que se jubiló.
Bajo este sistema:
Un Ingeniero III jubilado debe recibir el mismo salario base que un Ingeniero III activo
Un técnico especializado retirado debe mantener la equivalencia con su contraparte en servicio
Los profesionales de cualquier área deben conservar la proporcionalidad salarial según su rango de jubilación
Es importante aclarar que esta equivalencia se refiere al "salario base" correspondiente al rango, excluyendo aquellas compensaciones específicas vinculadas directamente al ejercicio activo del cargo, como bonos de productividad, viáticos por comisiones de servicio, o incentivos por metas específicas.
Esta propuesta se sustenta en varios pilares fundamentales:
"Reconocimiento del aporte laboral": Los trabajadores que alcanzan rangos superiores lo hacen mediante años de experiencia, capacitación y contribución al desarrollo institucional. Este conocimiento y experiencia no desaparecen con la jubilación.
"Estabilidad económica": Mantener el poder adquisitivo de los jubilados no solo es una cuestión de justicia individual, sino que contribuye a la estabilidad económica de miles de familias venezolanas.
"Incentivo a la especialización": Un sistema pensional justo incentiva a los trabajadores a buscar la superación profesional, sabiendo que su esfuerzo será reconocido incluso después del retiro.
"Sostenibilidad social": Una sociedad que abandona a sus jubilados genera un clima de incertidumbre que afecta la productividad y el compromiso de los trabajadores activos.
La implementación de este sistema requiere una reforma integral que considere:
"Actualización periódica": Las pensiones deben ajustarse automáticamente cuando se modifiquen las escalas salariales de los trabajadores activos del mismo rango.
"Transición progresiva": Para aquellos jubilados que actualmente perciben pensiones por debajo de este estándar, debe establecerse un cronograma de nivelación que permita alcanzar gradualmente la equivalencia.
"Sostenibilidad fiscal": El sistema debe diseñarse de manera que sea financieramente viable, considerando aportes patronales, contribuciones del Estado y, si es necesario, mecanismos complementarios de financiamiento.
"Marco legal robusto": Esta reforma debe estar respaldada por una legislación sólida que garantice su cumplimiento y evite retrocesos futuros.
La situación actual de los jubilados venezolanos no solo representa una injusticia social, sino que constituye una violación a los derechos humanos fundamentales. No puede ser aceptable que quienes construyeron el país durante sus años productivos sean condenados a la pobreza en su vejez.
La implementación del principio de equivalencia pensional por rango no es solo una necesidad económica, sino un imperativo moral. Venezuela debe recuperar su compromiso con la dignidad de sus trabajadores retirados, reconociendo que una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables.
El momento de actuar es ahora. Los jubilados venezolanos han esperado demasiado tiempo por una solución justa. Es hora de que el país honre la deuda social con quienes dedicaron su vida al servicio de la nación y garantice que la jubilación sea, como debe ser, una etapa de descanso digno y no de privación y olvido.
La justicia no puede esperar más.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE
