Los incendios de las dos empresas ubicadas al sur de Maracaibo son sumamente preocupantes, no solo por el siniestro en sí, sino por la posibilidad de ser utilizados para construir una mentira gringa más. Hay demasiados elementos por analizar y, por supuesto, lo que sabemos es solo lo que se dice. Así que, si se analiza en función de la narrativa de lucha contra el narcotráfico que afirma haber emprendido el actual gobierno federal de los EE. UU., solo se puede llegar a una conclusión: al imperialismo no se le puede creer ni tantico así.
En matemática es necesario demostrar todo para todos los casos; si queda alguna posibilidad de incertidumbre en la demostración de un teorema o conjetura, se dice que no está demostrado. Entre otras estrategias para demostrar una aseveración matemática, existe la reducción al absurdo, que consiste en suponer que la aseveración es verdadera y ejecutar las operaciones pertinentes; si el resultado es falso o contradictorio, entonces la aseveración original es falsa.
Supongamos que la empresa distribuidora de productos químicos y su vecina, la distribuidora de embutidos y alimentos refrigerados, eran efectivamente procesadoras de drogas. Solo habría que ir al sitio del siniestro y buscar evidencias del proceso o almacenamiento para constatar la aseveración, además de analizar las declaraciones y el comportamiento de los encargados, los trabajadores y los dueños. Hasta ahora no hay evidencias de drogas ni de equipos para producirlas, y los trabajadores han salido a dar la cara negando tal acusación, no solo frente a lo que ambiguamente dijo Trump, sino también ante la infeliz e irresponsable declaración de Petro. Desde nuestra posición de observadores indirectos y lejanos no podemos concluir con total certeza, pero hasta ahora todo parece ser absurdamente falso.
Otra perspicacia necesaria es que, si el gobierno de los EE. UU. utilizó uno o varios drones kamikaze, debemos considerar que, si partieron desde un barco de la armada gringa en Curazao, a unos 300 km, o desde la frontera con Colombia, a no menos de 100 km, el ataque debió ejecutarse con drones militares de alta autonomía. Esos aparatos se verían a pepa de ojo y tardarían no menos de dos horas en viajar, pasando al menos veinte minutos atravesando el cielo de Maracaibo. También existe la posibilidad de que fuese una misión encubierta de espionaje de la CIA o cualquier otro modo de terrorismo de Estado. Esto es posible, pero significaría una acción ilegal que, por boca del mismísimo Donald Trump, viola lo que desde niños aprendimos con aquel famoso parlamento: si usted o uno de sus compañeros es muerto o atrapado, nuestro gobierno negará toda participación en la misión; esta cinta se autodestruirá en cinco segundos.
En el caso de que la participación de los EE. UU. sea positiva, estamos en presencia de un delito internacional confeso sobre instalaciones civiles de propiedad privada, y el gobierno estadounidense estaría violando su propia doctrina existencial: el freedom y la libertad de comercio. De ser así, algún día habrá un juicio y de seguro el fiscal, durante el interrogatorio, diría: Señor Trump, ¿ordenó usted atacar una propiedad privada instalada en el territorio de otro país sin alertar del peligro, sin anunciar un ultimátum y sin contar con las pruebas de convicción de que efectivamente allí existía una fábrica de drogas ilegales? A lo que Trump debería responder sí, y el fiscal concluiría que no hay más preguntas, Su Señoría.
Si el gobierno de los EE. UU. no tiene ninguna participación en tales incendios, entonces estamos en presencia del aprovechamiento circunstancial de un hecho para obtener algún beneficio, algo moralmente asqueroso que también constituye un delito. Es una estafa política y diplomatica desde el punto de vista de la mentira y un crimen de agresión al servir de base para justificar una acción armada. No se le puede creer a quien antes ha mentido, con el agravante de no haber recibido ni castigo ni reprimenda, quedando impune ante varios delitos absolutamente demostrados, no por algún artificio o estrategia, sino debido a las contundentes evidencias.
A lo largo de la historia, diversos gobiernos de los Estados Unidos han protagonizado episodios de desinformación para causar guerras. Me limitaré a los absolutamente demostrados. Recordemos las armas de destrucción masiva para destruir Irak en 2003, el incidente del Golfo de Tonkín para invadir Vietnam en 1964 o el experimento Tuskegee entre 1932 y 1972, donde se mintió a hombres afroamericanos sobre su tratamiento médico para estudiar la progresión de la sífilis. También debemos recordar el escándalo Irán-Contra en los años 80, donde el gobierno de los EE. UU. financió paramilitares para derrocar al sandinismo en Nicaragua utilizando fondos del narcotráfico, propiciando la drogadicción en las grandes ciudades de California.
Yo no creo que en tales empresas existiese procesamiento o almacenamiento de cocaína; lo digo porque en Venezuela todo se sabe, el pueblo lo sabe. Por eso, mi preocupación va dirigida a esa tradición macabra de construir una mentira paso a paso hasta que sea creíble y justifique lo injustificable: invadir mi país.
