En días recientes, el presidente Donald Trump ha efectuado declaraciones que desafían principios fundamentales del derecho internacional y la soberanía nacional. El mandatario estadounidense ha afirmado que Venezuela le quitó derechos petroleros a Estados Unidos y que exige que el país sudamericano devuelva petróleo, tierras y activos.

Estas afirmaciones requieren un análisis riguroso que las confronte con la realidad histórica, jurídica e internacional.

El 17 de diciembre de 2025, Trump declaró ante la prensa: "Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente". Estas afirmaciones se produjeron en el contexto de un bloqueo anunciado contra los petroleros sancionados que operan en aguas venezolanas.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, fue más allá al afirmar que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó la nacionalización de 1976 como "el mayor robo" de la historia estadounidense.

Esta afirmación ignora deliberadamente la historia documentada de Venezuela. La primera empresa petrolera del país, Petrolia del Táchira, fue fundada en 1878 con personal exclusivamente venezolano, décadas antes de que las compañías estadounidenses llegaran al país. La actividad petrolera venezolana tiene raíces prehispánicas, cuando el petróleo se utilizaba para impermeabilizar embarcaciones.

Las compañías extranjeras operaron en Venezuela bajo un sistema de concesiones otorgadas por el Estado venezolano, no porque "crearan" la industria, sino porque el marco legal venezolano les permitió participar en la explotación de recursos que siempre pertenecieron a la nación. Este sistema concesionario fue establecido y regulado por leyes venezolanas, incluyendo reformas importantes como la Ley de Hidrocarburos de 1943, que buscaba aumentar el control nacional sobre la industria.

La participación de compañías extranjeras no equivale a "creación" ni otorga derechos perpetuos sobre recursos naturales que pertenecen al Estado receptor. Las empresas estadounidenses y otras transnacionales operaron bajo contratos de concesión temporales que, por su propia naturaleza jurídica, tenían fecha de vencimiento.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Este proceso se realizó mediante la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, promulgada legalmente por el Congreso venezolano.

Crucialmente, las 14 operadoras extranjeras fueron indemnizadas por unos 1.054.000.000 de dólares, 117.000.000 en efectivo y el resto en bonos de la deuda pública. Es decir, el proceso incluyó compensación económica a las empresas afectadas.

La Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en 1962, establece claramente que:

"El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado".

Más específicamente, esta resolución reconoce que "La nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero".

• La nacionalización venezolana cumplió con estos requisitos:
• Tuvo base legal en la legislación nacional
• Se fundamentó en el interés nacional
• Incluyó indemnizaciones a las empresas afectadas
• Respetó el marco del derecho internacional

Venezuela no fue el único país en nacionalizar su industria petrolera. México lo hizo en 1938, Irán en 1951, y numerosos países siguieron este camino como expresión de su soberanía sobre recursos naturales. Ninguno de estos actos fue considerado "robo" por el derecho internacional.

El principio de soberanía permanente sobre recursos naturales es un pilar del derecho internacional contemporáneo. Este principio establece que los recursos que pertenecen a un país deben ser controlados por su gobierno, basándose en la idea de que son una fuente de riqueza y poder, y que cada nación tiene la facultad de aprovecharlos para su propio beneficio.

La Resolución 1803 (XVII) de la ONU es clara al afirmar que "La violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al espíritu y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la preservación de la paz".

Las concesiones petroleras otorgadas a empresas extranjeras eran contratos temporales, no cesiones de soberanía. Una vez cumplidos los términos de las concesiones, o al ser nacionalizadas mediante procesos legales con indemnización, las empresas no retienen "derechos" sobre los recursos naturales del país anfitrión.

El petróleo en el subsuelo venezolano nunca dejó de pertenecer a Venezuela. Las compañías extranjeras tenían derecho a explotar estos recursos bajo condiciones específicas y temporales, no a apropiarse de ellos.

Esta es quizás la afirmación más extraordinaria y carente de fundamento. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, caracterizó estas declaraciones como "delirantes" y señaló que "insólitamente señalan que les hemos robado petróleo, tierras y otros activos, lo cual es completamente falso".

La Carta de las Naciones Unidas establece en su Artículo 2(4) la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. No existe ningún fundamento en el derecho internacional que permita a un Estado reclamar el territorio de otro basándose en inversiones privadas pasadas.

La tierra venezolana es territorio soberano de Venezuela, reconocido internacionalmente. Ninguna actividad comercial o inversión extranjera crea derechos territoriales para potencias extranjeras.

El representante demócrata Gregory Meeks argumentó que "el presidente Trump está codiciando el petróleo venezolano", dejando clara la verdadera naturaleza de estas declaraciones.

El propio gobierno venezolano ha interpretado estas declaraciones como una admisión. "Se les cayó la máscara: no es el narcotráfico, es el petróleo", afirmó el presidente Maduro. Esto evidencia que la narrativa inicial de "combatir el narcotráfico" era un pretexto para objetivos económicos.

Las declaraciones de Trump y su administración desafían frontalmente el principio de soberanía estatal, uno de los pilares fundamentales del orden internacional posterior a 1945. Sugerir que Estados Unidos tiene derechos sobre recursos naturales de otro país equivale a negar la independencia de ese Estado.

El lenguaje utilizado ("nos quitaron", "queremos de vuelta") refleja una mentalidad colonial del siglo XIX, incompatible con el derecho internacional del siglo XXI. Presupone que los recursos naturales de países en desarrollo "pertenecen" naturalmente a potencias que los explotan, una noción desacreditada desde la descolonización.

Si se aceptara la lógica de Trump, cualquier país que alguna vez tuvo empresas operando en otro podría reclamar "derechos" sobre los recursos de ese país. Esto destruiría el orden internacional y legitimaría el neoimperialismo económico.

Estados Unidos ha defendido históricamente el derecho de los Estados a controlar sus recursos naturales cuando esto servía a sus intereses. La contradicción es evidente cuando ahora se niega ese mismo derecho a Venezuela.

La nacionalización petrolera venezolana de 1976 fue el resultado de un proceso histórico gradual que buscaba mayor control nacional sobre el principal recurso del país. Este proceso incluyó:

• La Ley de Hidrocarburos de 1943, que aumentó regalías e impuestos
• La creación de la Corporación Venezolana del Petróleo en 1960
• La cofundación de la OPEP en 1960
• La Ley de Reversión de 1971
• Finalmente, la Ley de Nacionalización de 1975

A dos décadas de su creación, PDVSA fue catalogada como la segunda empresa petrolera del mundo y una de las mejores administradas, demostrando que Venezuela tenía la capacidad técnica y gerencial para manejar su industria petrolera.

En 2007, el presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país. Este fue otro ejercicio legítimo de soberanía nacional, similar a las condiciones que muchos países petroleros imponen a las empresas extranjeras.

Algunas empresas, como ConocoPhillips, rechazaron estas condiciones y abandonaron el país. Posteriormente, tribunales de arbitraje internacional determinaron compensaciones que Venezuela debe pagar, demostrando que existen mecanismos legales para resolver estas disputas sin recurrir a amenazas militares o reclamaciones territoriales infundadas.

Las declaraciones de Trump representan un desafío directo al orden internacional establecido. Si se permitiera que un Estado reclame recursos naturales de otro basándose en inversiones privadas pasadas, se establecería un precedente catastrófico que podría:

• Legitimar intervenciones extranjeras en países con recursos valiosos
• Socavar el principio de soberanía permanente sobre recursos naturales
• Revivir doctrinas coloniales e imperialistas desacreditadas
• Desestabilizar el sistema internacional basado en la igualdad soberana de los Estados

Las declaraciones del presidente Trump y su administración sobre el petróleo y la tierra venezolana carecen de fundamento en el derecho internacional, contradicen la historia documentada y representan un retroceso a conceptos coloniales superados.

Venezuela ejerció su derecho soberano e internacionalmente reconocido al nacionalizar su industria petrolera en 1976, proceso que incluyó indemnizaciones y respetó el marco legal internacional. Las modificaciones posteriores en las condiciones de participación extranjera son igualmente expresiones legítimas de soberanía nacional.

La comunidad internacional debe rechazar estas pretensiones que, de ser aceptadas, destruirían los principios fundamentales del orden internacional: la soberanía estatal, la integridad territorial, la autodeterminación de los pueblos y el derecho permanente de las naciones sobre sus recursos naturales.

Como señala la Resolución 1803 (XVII) de la ONU, la violación de estos derechos soberanos "es contraria al espíritu y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la preservación de la paz". En un momento de creciente tensión internacional, respetar estos principios no es solo una cuestión de derecho, sino de paz y estabilidad global.

Las declaraciones de Trump no son meros excesos retóricos; representan una visión del mundo incompatible con el derecho internacional del siglo XXI, donde la soberanía de las naciones sobre sus recursos naturales es un principio inviolable que protege tanto a países grandes como pequeños del sometimiento económico y político.

NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE