La actual gestión del Consejo Legislativo del Estado Nueva Esparta ha iniciado su labor teniendo que pasar un trago amargo y con duras consecuencias legales, políticas y personales.
El anterior Cuerpo Legislativo en fecha 25 de Septiembre de 2008 aprobó incrementar los sueldos y salarios de todo el personal del Consejo Legislativo en un 30% sin contar con los recursos presupuestarios correspondientes, incurriendo así en una irregularidad administrativa tipificada y sancionada de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, además de otras leyes y reglamentos tanto nacionales como estadales. Ahora bien la semana pasada cuando se tenía que realizar el primer pago de la primera quincena del mes de Diciembre del año en curso reventó la bomba, por cuanto si la actual directiva del Consejo Legislativo pagaba los salarios según lo acordado por sus colegas salientes estarían siendo corresponsables de la irregularidad cometida, y por ello tuvieron que pedir auxilio a los conocedores de la materia para que los asesoraran en la vía más expedita para subsanar tal situación. Decidiendo finalmente dejar sin efecto el acuerdo del aumento de salarios aprobado por los anteriores legisladores y enviando copia de todo lo actuado a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para que se pronuncien al respecto.
No me queda duda que la Contraloría determinará responsabilidad administrativa en algunos casos y posiblemente aplique las sanciones de Inhabilitación para ejercer cargos públicos. Luego de ello el Ministerio Público establecerá las sanciones penales a que hubieren lugar, si encontrara meritos suficientes.
Ahora, ¿quiénes podrían ser presuntamente los objetos de sanciones?, creo que los legisladores firmantes del acuerdo de aumento sin contar con los recursos presupuestarios correspondientes, situación que en materia de presupuesto público es considerada una de las faltas más delicadas, otros responsables podrían ser todos aquellos que autorizaron las órdenes de pago sin realizar las objeciones correspondientes.
Se habla de una inobservancia general de las leyes por cuanto los grandes beneficiados no fueron solo los Legisladores, sino también el personal directivo del Consejo (incluido el contralor interno), en el entendido que se habían puesto a ganar más de siete mil bolívares y los Legisladores más de nueve mil.
A todas estas los grandes afectados son los humildes trabajadores, quienes ya venían devengando durante dos meses ese incremento salarial del 30%, que por ley solo correspondía al salario mínimo, y los ajustes por escala correspondiente, pero se realizó el incremento lineal para todo el personal. Los sindicatos realizaron el reclamo ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, de lo cual considero están en su plena facultad porque ya contaban con ese derecho adquirido. Ahora bien, ¿qué podría pasar en los tribunales?: 1) Que se ratifique la decisión de eliminación del incremento salarial; 2) Que los tribunales decidan a favor de los trabajadores, situación que incrementaría los pasivos laborales del ente legislativo, por cuanto en su presupuesto no se cuenta ni para el 2009 ni años siguientes los recursos para sufragar tales compromisos; al menos que el gobierno nacional apruebe tales recursos.
Ya finalizando el año me tomaré un descanso hasta mediados de Enero, deseándole a mis asiduos lectores una feliz navidad y un venturoso año 2009.
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